Javier Milei anunció que pronto estará circulando un nuevo libro suyo titulado “La moral como política de Estado”. Sin tener acceso a los manuscritos pero en base a la información que es de dominio público, nos apresuramos a adelantar algunos de los posibles capítulos de la obra de Milei que, por otra parte, no tiene nada de inédita: se viene repitiendo desde su asunción al gobierno en 2023. En sus manos los anticipos.

Washington Uranga

En medio del engorroso episodio que terminó con la renuncia de Manuel Adorni a la jefatura de Gabinete, el presidente Javier Milei no solo reafirmó su convicción de que el renunciante es “inocente”, sino que negó que en su gobierno existan hechos de corrupción. A propósito el mandatario insistió en que está próximo a publicar un libro bajo el título La moral como política de Estado, en el que intentará reunir los principios en los que basa su gestión.

Una rápida revisión a las intervenciones públicas del mandatario sobre este punto permite un acercamiento a los ejes argumentativos de la obra. Milei pretende sustentar su argumentación basándose en el respeto irrestricto a la propiedad privada y a la libertad individual, el riguroso cumplimiento de la ley como eje de la gestión pública y la certeza de que sus decisiones son las “correctas” y que quienes se oponen a ellas están en la vereda del mal.

«Tomo las decisiones correctas. (…) No pienso como piensa un político tradicional. Si lo ponen en esa lógica, no lo van a entender», dijo Milei el 28 de junio en una entrevista concedida a LN+.

Frente a esto cabe preguntarse si la obra en cuestión incluirá algún tipo de precisiones acerca de episodios públicos y vinculados con su administración y que aún carecen de una explicación coherente en aplicación de “la moral como política de Estado”.

Solo para tenerlo en cuenta vale la pena hacer un repaso a los acontecimientos en esa materia. Sin la pretensión de agotar el tema, se anotan los que han sido más relevantes para la opinión pública aunque, con la ayuda del sistema corporativo de comunicación, ya salieron del centro de la atención pública.

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Edgardo Darío Kueider fue senador nacional por la provincia de Entre Ríos elegido por el peronismo en 2019 y hasta 2024. El 4 de diciembre de 2024 fue detenido en la frontera con Paraguay cuando pretendía ingresar sin declarar al país limítrofe 211.102 dólares de Estados Unidos, 3,9 millones de pesos argentinos y 646.000 guaraníes. Luego se supo que no era la primera vez que lo hacía. Actualmente el ex senador se encuentra sometido a proceso por parte de la justicia paraguaya acusado de tentativa de contrabando de divisas. La Fiscalía del país vecino sumó otra imputación por presunto lavado de dinero. Se lo acusa de haber utilizado fondos procedentes de la corrupción a través de la empresa Golsur S.A. para comprar seis departamentos y seis cocheras en Asunción, por un valor aproximado de 480 mil dólares.

En la Argentina la justicia federal –en la persona de la jueza Sandra Arroyo Salgado– investiga a Kueider por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y por integrar una presunta asociación ilícita en perjuicio del Estado (causa Securitas). A partir de este caso se tramita un pedido de extradición para que sea juzgado en el país.

El 22 de febrero de 2023 -junto a otros senadores peronistas- Kueider abandonó el el Frente de Todos y juntos crearon un bloque propio titulado Unidad Federal. A partir de ese momento sus posiciones se fueron acercando cada vez más al mileismo y, en la madrugada del 13 de junio de 2024, Kueider cambió su voto para apoyar la llamada “ley bases”. El resultado fue empate en 36 votos, lo que permitió a la vicepresidenta Victoria Villarruel desempatar con su voto y de ese modo lograr la aprobación de la norma de acuerdo a las aspiraciones del Ejecutivo.

El 12 de diciembre de 2024, ocho días después de su detención en Paraguay, Kueider fue expulsado de su banca por “inhabilidad moral” calificación apoyada con el voto de ex compañeros de bancada.

Hasta ahora no hay ninguna explicación que justifique el origen de los fondos que le fueron incautados al ex senador. Tampoco nada sobre los motivos de Kueider para romper con su bloque, primero, y luego con su voto permitir la aprobación de la “ley bases” que antes había criticado.

Algo incentivó su moral… o su criterio moral se modificó a cambio de algo.

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El 14 de febrero de 2025 el presidente Milei publicó y fijó en su cuenta de X un contundente respaldo al lanzamiento del token $Libra, afirmando que la iniciativa abriría la posibilidad de “financiar emprendimientos y pequeñas empresas en la Argentina”. El respaldo presidencial sirvió de trampolín para que, en cuestión de minutos, el valor de la criptomoneda se disparara en forma exponencial. Tres horas después el proyecto colapsó, se vació de liquidez (rug pull) causando pérdidas millonarias a miles de pequeños ahorristas que habían confiado en el respaldo presidencial. Poco después Milei borró su posteo, dijo que no estaba “interiorizado” de la operación y negó toda responsabilidad en el hecho.

Tiempo más tarde la Justicia Federal detectó borradores de contratos y comunicaciones que sugieren un acuerdo de cinco millones de dólares y “pagos indirectos” a funcionarios públicos a cambio de asegurar la publicación del token. En el caso se encuentran implicados y denunciados Javier Milei, el empresario cripto Mauricio Novelli, el operador Hayden Davis y la secretaria general de la presidencia Karina Milei.

La causa judicial se encuentra frenada por una revisión de pruebas. La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia admitió que carece de los recursos técnicos necesarios para rastrear el destino de transferencias financieras de casi cinco millones de dólares vinculadas al lanzamiento del token. ¿Por qué? Porque “no hay plata”. El gobierno no aporta los fondos para adquirir los derechos del software que permitiría avanzar con la investigación. En consecuencia… todo está demorado… no se puede seguir investigando…

La causa está radicada en el juzgado del juez Marcelo Martínez De Giorgi con intervención del fiscal Eduardo Taiano.

Kueider, $Libra, ANDIS, Reidel, Espert… Sin la pretensión de agotar el tema, se anotan los que han sido más relevantes para la opinión pública aunque, con la ayuda del sistema corporativo de comunicación, ya salieron del centro de la atención pública.

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Diego Orlando Spagnuolo es un abogado estrechamente ligado a Milei, asiduo visitante de la residencia de Olivos para compartir momentos de recreación con el mandatario. Al asumir la presidencia el presidente lo nombró director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

A finales del 2025 algunas filtraciones periodísticas, que incluyen audios con la voz de Spagnuolo, revelaron presuntos hechos delictivos con el manejo de fondos destinados a las personas con discapacidad. Milei salió en defensa de su amigo y negó la posibilidad de que estuviese involucrado en delito alguno. Spagnuolo desapareció de la escena pública y fue apartado de su cargo sin mayores explicaciones. En febrero de 2026 el juez federal Sebastián Casanello lo procesó junto a 18 imputados, por ser jefe de una asociación ilícita, y lo acusó de cohecho (coimas), defraudación en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública. El dictamen judicial establece además que existió un “entramado de corrupción institucionalizado” que permitió mecanismos de recaudación ilegal conocidos como “retornos” por parte de droguerías y laboratorios.

En los audios incorporados a la causa constan referencias a un 3% de estos retornos que estarían asignados a Karina Milei.

La causa sigue abierta, sin avances por el momento.

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Damián Darío Reidel es un físico y economista argentino designado, al comienzo del mandato de Milei, como jefe del Consejo de Asesores Económicos del Poder Ejecutivo. Poco tiempo después asumió como presidente del directorio de Nucleoeléctrica Argentina S.A., la empresa estatal encargada de operar las centrales nucleares (Atucha I y II, Embalse). Su gestión atravesó resistencias y denuncias que culminaron con su renuncia al cargo en febrero de 2026. Actualmente el fiscal Ramiro González mantiene imputado a Reidel por el presunto uso injustificado y personal de las tarjetas de crédito corporativas pertenecientes a Nucleoeléctrica. La justicia busca esclarecer gastos millonarios costeados con fondos públicos que incluyen consumos suntuarios y ocio en el exterior (van de compras en tiendas libres de impuestos hasta discotecas y servicios de playa en Valencia); adelantos de dinero en efectivo y viajes sin agenda oficial. Reidel desconoce todos los cargos que se le imputan pese a lo cual la justicia dictó la inhibición general de sus bienes.

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José Luis Espert es economista, ex diputado nacional e integrante de LLA. Fue el primer candidato de la lista a diputados nacionales por el partido libertario para las elecciones de noviembre del año anterior. Antes de los comicios una catarata de denuncias sobrevinieron sobre el candidato por sus relaciones con Fred Machado, quien fue aportante de su campaña. Machado estaba detenido en el país, fue extraditado a Estados Unidos y actualmente está siendo juzgado por la justicia norteamericana, ante la cual se declaró culpable por fraude y lavado de activos vinculados con el narcotráfico.

El “profe” Espert renunció a su candidatura antes de las elecciones y su lugar fue ocupado por el actual jefe de gabinete, Diego Santilli. Actualmente la justicia argentina investiga a Espert por presunto lavado de dinero. El juez Lino Mirabelli dispuso el llamado a declaración indagatoria de Espert para que justifique una transferencia de 200 mil dólares que Machado le hizo a través de la firma Aircrat Guaranty y que explique si recibió fondos del narcotraficante para financiar su campaña política. Mientras tanto pesa sobre Espert una inhibición general de bienes por dos expedientes relacionados con el lavado de activo, uno ante el mencionado juez Mirabelli y otro ante el juzgado del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

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Hay más datos para engrosar el libro de Javier Milei sobre La moral como política de Estado. No incluimos aquí el capítulo dedicado a Manuel Adorni, porque resulta demasiado extenso, ha sido ampliamente publicitado en los últimos meses y todavía continúan apareciendo novedades. Tampoco otras referencias a las esposas de Adorni y Sturzenegger y sus contrataciones con el Estado. Faltaría además agregar un capítulo sobre los “héroes fiscales” como le llamó en algún momento el presidente Milei a los evasores. Y otro sobre el acceso a créditos subsidiados del Banco Nación. Muchas páginas se podrían dedicar ahí al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que en condición de héroe financiero mantiene sus capitales en paraísos fiscales bien lejanos al alcance del ARCA que aquí y bajo su supervisión, persigue a los monotributistas morosos.

Sin embargo, lo que aquí se expone puede ser suficiente como un adelanto bibliográfico de la novedad editorial anunciada por el presidente.

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