En América Latina el lawfare se utilizó como método para derrocar gobiernos democráticos y populares. También ocurrió en Argentina donde Macri armó una “mesa judicial” a su medida. Milei no lo pudo hacer a tiempo y, aunque ahora lo intente, todo indica que se encuentra acorralado por las denuncias.

Luis Bruschtein

Desde 2015 se abrieron doce causas judiciales contra Cristina Kirchner, algunas tramitadas en velocidad récord, como la causa Vialidad. Mauricio Macri tiene al menos siete causas judiciales en curso, como la del Correo, abierta desde 2001, y ninguna tuvo condena y ni siquiera ha sido llevada a juicio oral. La famosa mesa judicial de Macri involucró a gran parte de los jueces y fiscales del fuero federal, razón por la cual, un desesperado Javier Milei envió un proyecto de ley que facilite al Poder Ejecutivo la designación de nuevos magistrados.

Durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las dictaduras militares se extendieron por América Latina. Cuando algo sucede al mismo tiempo en varios países de una región, no se puede interpretarlo como “casualidad”.

En guerra fría con la URSS, Estados Unidos necesitaba reafirmar el control de su “patio trasero” para lo cual cooptó a gran parte de las Fuerzas Armadas de la región con la doctrina de la Seguridad Nacional para la que cualquier gobierno mínimamente democrático o popular, era considerado comunista, un peligro para la seguridad nacional… de Estados Unidos.

En 2001, alguien usó por primera vez el término “lawfare”. Lo hizo en ese idioma, porque era el coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Charles Dunlap. Este militar acuñó y popularizó el neologismo en un ensayo para el Centro Carr de la Universidad de Harvard, definiéndolo como “el uso del derecho como un medio para conseguir lo que de otra manera tendría que conseguirse con la aplicación de la fuerza militar tradicional”.

A partir de allí, este mecanismo se utilizó contra los presidentes Cristina Kirchner, de Argentina; Fernando Lugo, de Paraguay; Lula Da Silva y Dilma Roussef, de Brasil; Rafael Correa, de Ecuador, y Evo Morales, de Bolivia. Lugo y Roussef fueron depuestos, Cristina Kirchner y Lula da Silva encarcelados, Rafael Correa está exiliado y Evo Morales perseguido.

El diseño de Dunlap fue la coronación de un proceso. Tras la caída de la URSS y el auge de la globalización, las dictaduras militares quedaron anacrónicas y además no daban seguridad jurídica a los capitales que circulaban por el planeta. Desde fines de los años ’90 pasaron más de 700 jueces y fiscales de la región por seminarios organizados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Eran cursos sobre líneas de acción y atajos para combatir la corrupción.

El “lawfare” se utilizó contra los presidentes Cristina Kirchner, de Argentina; Fernando Lugo, de Paraguay; Lula Da Silva y Dilma Roussef, de Brasil; Rafael Correa, de Ecuador, y Evo Morales, de Bolivia. Lugo y Roussef fueron depuestos, Cristina Kirchner y Lula da Silva encarcelados, Rafael Correa está exiliado y Evo Morales perseguido.

La estrategia que impulsó Washington encontró tierra fértil en los países de la región con sistemas judiciales anquilosados, la mayoría de ellos formados en dictaduras, con una tradición feudal e infectados por las corporaciones locales.

En Argentina, el Grupo Clarín surgió como una fuerte corporación tras la adquisición del monopolio Papel Prensa. Y el Grupo Macri tenía siete empresas en 1976 y en 1983, al finalizar la dictadura tenía 47. Fueron las dos corporaciones que usaron sus vínculos judiciales en el lawfare contra el peronismo y el kirchnerismo.

Macri afirmó que “con los mejores jueces se arregla todo”. Como todo lo que dice el ingeniero, la frase está dicha con un sentido y, en el fondo revela lo que verdaderamente piensa. Durante los gobiernos kirchneristas, los jueces no iban a la Casa Rosada, a la Quinta de Olivos o a la casa particular de Néstor o Cristina. Tampoco sucedió así con Alberto Fernández y ni siquiera con Javier Milei, acorralado por las estafas con las personas con discapacidad, las criptomonedas y la repentina e inexplicable fortuna de Manuel Adorni, su funcionario más cercano.

En Argentina, el Grupo Clarín surgió como una fuerte corporación tras la adquisición del monopolio Papel Prensa. Y el Grupo Macri tenía siete empresas en 1976 y en 1983, al finalizar la dictadura tenía 47. Fueron las dos corporaciones que usaron sus vínculos judiciales en el lawfare contra el peronismo y el kirchnerismo.

El exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, fue un diletante que no pudo garantizarle a Milei un armado judicial como el de Macri, quien tuvo dos hábiles operadores como Daniel Angelici y Pepín Rodríguez Simón. Cuando fue presidente de Boca, en 2007 convocó a varios fiscales para asesorar la Comisión de Seguridad. Por allí pasaron Raúl Plee (el de los pozos en la Patagonia), Carlos Stornelli (involucrado en casos de extorsión a testigos), el juez Guillermo Montenegro (dirigente del PRO) y el fiscal Gerardo Pollicita.

Los jueces Ricardo Lorenzetti y Ariel Lijo eran figuritas repetidas en el palco VIP, que Macri preparaba para los invitados especiales. La relación con Angelici se hizo más estrecha en Boca, donde Macri multiplicó sus relaciones judiciales. Ningún político en el país, con excepción de Carlos Menem, tuvo ese nivel de influencia en el Poder Judicial.

Dentro de la familia judicial hay intereses creados amparados por el sistema feudal, vitalicio, hereditario y lobbista. Pero los operadores del macrismo supieron ensamblar esos intereses con los suyos, que están en consonancia también con los intereses y la estrategia de negocios y de control de Washington.

En poco tiempo Macri metió a tres de los seis integrantes de la Cámara Federal, anuladora serial de procesamientos en su contra, Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los dos últimos a dedo. Y cinco de los doce miembros de la Cámara de Casación: Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Y en la Corte tiene dos cortesanos de tres: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Mariano Borinsky, de la Cámara Federal, registró quince visitas a la Quinta de Olivos en fechas que coinciden con fallos importantes contra Cristina Kirchner. Otro asiduo visitante fue Gustavo Hornos, presidente de la Cámara Federal. Y lo mismo con los jueces y el fiscal que condenaron a Cristina Kirchner en la causa Vialidad que iban a jugar al fútbol a Los Abrojos, la quinta privada de Macri. Todos se justificaron con el paddle o el fútbol. Los funcionarios judiciales que entran a la quinta presidencial o privada de un presidente no van a jugar a nada. Hay negocios judiciales sobre la mesa.

La lista es más larga, como el juez Martín Irurzún, autor de una doctrina que retiraba derechos a ciudadanos según su adscripción política.

Macri ostenta una altísima imagen negativa. Tiene pocas posibilidades de ser candidato. Pero es un enemigo peligroso y con un capital importante para negociar y hacer daño. Aunque ya no sea presidente y, por lo tanto, su influencia es menor, aún tiene fuerte incidencia sobre el Partido Judicial, en los medios y los servicios de inteligencia y en el Círculo Rojo. Varios de esos jueces quedaron expuestos en las vacaciones de lujo que les financió el grupo Clarín en Lago Escondido.

El ascenso de Milei fue vertiginoso y no pudo armar su propio juego más allá de lo que opera en cada caso por el poder de la presidencia. Echó a Cúneo Libarona y puso a Juan Bautista Mahiques, un macrista de la familia judicial, que conoce mejor ese mundo. Respaldó el pedido de prórroga por cinco años de la función de varios magistrados y así logró que el juez Víctor Pesino habilitara la reforma laboral.

El bloque de poder económico parece resquebrajado. Al menos Paolo Rocca, Héctor Magnetto y Mauricio Macri han decidido confrontar. A su estilo. Esa pugna tendrá su reflejo en el Poder Judicial, donde el gobierno fue acorralado por denuncias con muchas pruebas. Macri zafó siempre a pesar de la cantidad de pruebas en su contra. No parece que esa será la suerte de Milei.

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