El costo oculto del superávit primario: cómo la motosierra sobre la infraestructura y el conocimiento asfixia al mercado interno y contradice la promesa oficial de reactivación.

Julián Ramundo

El gobierno se aferra al sostenimiento del superávit primario; es decir, busca que los recursos tributarios del Estado superen a los gastos públicos. El objetivo, hacia afuera, es mejorar la imagen de las cuentas públicas ante los organismos internacionales de crédito y el mercado de crédito privado.

Además de funcionar como un argumento político, esta medida busca controlar la inflación mediante la contracción de la base monetaria y el impacto en las expectativas. Las famosas anclas. Sin embargo, aunque el gobierno se muestra ideológicamente confiado, la dinámica, secuencia y las características del ajuste implementado para lograr este resultado comprometen de manera cada vez más evidente la reactivación del mercado interno y recuperación del mercado laboral.

Aunque el gobierno se muestra ideológicamente confiado, la dinámica, secuencia y las características del ajuste implementado para lograr este resultado comprometen de manera cada vez más evidente la reactivación del mercado interno y recuperación del mercado laboral.

Básicamente, lo que se ve es un marcado consumo del stock de capital. Si bien esto no se expone o visualiza como una deuda presente, porque no genera devengamiento en los papeles contables de la contabilidad del Estado sí genera compromisos ciertos (estimables) hacia el futuro. Asimismo, este consumo de stock de capital que se ve materializado en los recortes, principalmente en todo lo que tiene que ver con obras de infraestructura (incluyendo infraestructura en salud) y la inversión en capital humano, como son las universidades y todo el entramado científico: Hospitales Universitarios, INTA, INTI, INASE, CONICET, etc. Paradójicamente, esta destrucción de capital impacta directamente en la posibilidad de incrementar la productividad. Un concepto pretendidamente instalado en la opinión pública por el mismo gobierno como la piedra angular para que la economía despegue. Existe, por tanto, una contradicción intrínseca en la estrategia que define el gobierno para cumplir con su promesa electoral.

El mayor daño estructural de corto plazo lo configura el nuevo ajuste fiscal. Esta reducción del gasto público —vinculada a una baja en la recaudación por el pobre desempeño del consumo interno— actúa como un freno de mano para la economía. Esto sucede porque, cuando el Estado genera superávit financiero -gastando menos de lo que recauda- retira dinero del sistema reduciendo la velocidad de circulación y con ello el consumo. La consecuencia es una ralentización general y, en sectores específicos, una recesión inducida.

En conclusión, aunque el gobierno prioriza mantener el superávit y la estabilidad inflacionaria, lo hace a costa de resignar el crecimiento del mercado interno, al menos durante el próximo semestre.

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