La tierra tiene memoria, aunque hayan intentado negarlo con el silencio de los pactos y el paso del tiempo. La Justicia Federal de Córdoba confirmó hoy que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró identificar los restos de otras once personas desaparecidas durante la última dictadura. 

Se trata de la segunda tanda de identificaciones surgidas de los trabajos iniciados en 2025 en las adyacencias de lo que fue el centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla, uno de los engranajes más grandes de la maquinaria represiva en el interior del país. Estos once nombres se suman a los doce recuperados en marzo pasado, cuando la ciencia —en este caso convertida en una aliada paciente de la memoria— logró ponerle fin a la incertidumbre de familias que esperaron una vida entera frente a un vacío que hoy empieza a poblarse de certezas.

Las tareas de excavación y prospección arqueológica en la Loma del Torito —un área de tres hectáreas dentro de la reserva natural militar— fueron exhaustivas. Bajo la supervisión del Juzgado Federal N° 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, el EAAF trabajó en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba.

Allí se encontró la evidencia de un plan de ocultamiento: restos óseos dispersos y desarticulados que exigieron un trabajo minucioso de análisis antropológico y cotejo de ADN en el Laboratorio de Genética Forense. Cada fragmento recuperado es una pieza de un rompecabezas humano que la dictadura intentó destruir.

En las próximas horas, los familiares comenzarán a ser notificados de manera privada, respetando la intimidad de un duelo que, tras cuarenta años de espera, finalmente encuentra un cuerpo al que llorar. El próximo miércoles 13 de mayo, una conferencia de prensa encabezada por el juez Vaca Narvaja y organismos de derechos humanos dará a conocer públicamente las identidades de los restos hallados.

Las identificaciones previas habían trazado un mapa del compromiso político y social de la Córdoba de los setenta. Esta nueva tanda de once restituciones reafirma que la búsqueda no se detiene. El financiamiento para las tareas, garantizado por el Consejo de la Magistratura de la Nación, permitirá que el EAAF continúe trabajando en el territorio hasta fines de septiembre de este año.

El hallazgo confirma que la desaparición forzada de personas y la apropiación ilegal de niños son puro presente: se perpetúan ante la falta de resolución de esos crímenes. Hieren día a día a sus familiares, a sus amigos, y a una sociedad que debe (y deberá) luchar por la verdad y la justicia. Son crímenes que no ocurrieron hace medio siglo: suceden desde hace medio siglo. Son un dolor en abismo que sólo puede repararse con el reencuentro de ese cuerpo ausente. 

En un contexto donde los discursos negacionistas o reivindicativos de la dictadura pretenden ganar terreno –gracias a un gobierno nacional que los impulsa– en Córdoba la ciencia y la justicia se hunden en el barro para extraer la única verdad posible: que los desaparecidos no son una ausencia abstracta, sino hombres y mujeres cuyas familias recién ahora pueden hacer el duelo.

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