En un juego de pinzas, el martes hubo dos movidas en la Justicia para meter presión y blindar la reforma laboral. El Contencioso Administrativo, en sintonía con lo que quiere el gobierno, puso un ultimátum de un día para que el juez laboral Héctor Ojeda le traspase la causa que trata la constitucionalidad de la ley. En paralelo, este magistrado aceptó a la Sociedad Rural Argentina (SRA) como tercero necesario y legítimo representante de una parte empleadora que defiende la reforma laboral. La CGT ve con preocupación la avanzada y señala las presiones del Gobierno

Ambas movidas son parte de la batalla judicial que se está librando por la reforma laboral. Las esperanzas de la Confederación General del Trabajo (CGT) están puestas en lograr la inconstitucionalidad de la ley, por considerar que viola derechos individuales y colectivos de los trabajadores. El centro de su estrategia está puesto en ganar la discusión judicial. No descartan otras movilizaciones o paros, pero no las ven con mucha capacidad para revertir la ley.

El 30 de marzo pareció que todo iría viento en popa. Habían logrado la suspensión del corazón de la ley con una cautelar de Ojeda y todo era optimismo. A nivel jurídico estaban convencidos de que no había forma de perder, siempre y cuando la política no metiera la cola. Pero parece que lo está haciendo. A los pocos días, el gobierno logró levantar la suspensión de la reforma laboral. Eso sí, todavía nadie definió la cuestión de fondo.

El ultimátum de la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo pone en evidencia que quieren ser ellos quiénes definan la cuestión de fondo, pero esto está lejos de tratarse de cuestiones técnicas. “Difícil pelea, que lamentablemente no es jurídica sino política”, se afirmó a este medio desde el equipo jurídico de la CGT.

Desde el inicio hubo un conflicto de competencia sobre cuál fuero debería tratar la cautelar de la CGT. El gobierno afirma que debe ser el Contencioso Administrativo (que trata las causas contra el Estado) porque la ley fue impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo. Pero la central obrera sostiene que debe tratarse en el fuero laboral, el especializado en cuestiones entre empleados y empleadores. Por lo bajo, cada uno busca el fuero más favorable a sus demandas.

En el fallo del martes, la Sala IV sostiene que el conflicto de competencia entre la Justicia del Trabajo y la Justicia Contencioso Administrativa se encuentra “definitivamente resuelto” (artículo 20 de la ley 26.854 sobre medidas cautelares). Allí dice que “Todo conflicto de competencia planteado entre un juez del fuero contencioso administrativo y un juez de otro fuero, será resuelto por la Cámara Contencioso Administrativo Federal”. La CGT no está de acuerdo y prepara una apelación.