Ocurrió en los últimos dos años debido a la caída del empleo registrado y aumentos del 417% en prepagas. La saturación del sistema público. Tratamientos en riesgo. El derecho a la salud se transforma como un privilegio inaccesible. El Estado se retira, el sistema de salud colapsa.

Manuel Barrientos

El panorama de la cobertura sanitaria en Argentina ha sufrido una transformación regresiva de magnitudes alarmantes. Entre 2023 y 2025, 742.000 personas perdieron su cobertura de salud privada o de obra social, viéndose obligadas a depender exclusivamente del sistema público. Este fenómeno es la consecuencia directa de una política económica orientada a la reducción del Estado que, paradójicamente, termina por sobrecargar la infraestructura estatal de salud.

De acuerdo a un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) basado en los informes del INDEC, la caída de la cobertura del 67,5% al 65,4% de la población no es solo una estadística: es el reflejo de la pérdida de centenares de miles de empleos registrados y de un aumento desmedido en las cuotas de las prepagas, que escalaron un 417%, superando ampliamente la ya elevada inflación del 293%.

Para las familias argentinas, perder la obra social o la prepaga significa una ruptura total de la previsibilidad. El impacto se manifiesta en tres dimensiones críticas. Por un lado, la erosión del presupuesto familiar. Los hogares que intentan mantener su cobertura deben destinar una porción cada vez más asfixiante de sus ingresos, sacrificando otras necesidades básicas como alimentación o educación. Aquellas que no pueden pagarlo, enfrentan el estresante proceso de migrar a un sistema público ya saturado.

En segundo lugar, aparece la discontinuidad de tratamientos. Se han incrementado los meses de espera para turnos, cambios de profesionales y, en muchos casos, la interrupción de tratamientos preventivos o crónicos.

El sistema público, desbordado por los 742.000 nuevos usuarios, no tiene la capacidad de absorber estas nuevas demandas con la frecuencia necesaria. Así los gobiernos municipales se ven obligados a actuar como la última –y en muchos casos única– malla de contención de esta crisis.

Y, en tercer término, hay una presión cada vez más fuerte sobre los bolsillos. Al no contar con descuentos en farmacias (típicos de las obras sociales), la compra de medicamentos básicos se vuelve inaccesible para los hogares que quedaron desamparados. En esa línea, aumentan los casos de personas –en especial, de adultos mayores– que se ven obligados a reducir o espaciar las dosis de su medicación; o directamente eliminar la ingesta de alguno de ellos.

El sistema público, desbordado por los 742.000 nuevos usuarios, no tiene la capacidad de absorber estas nuevas demandas con la frecuencia necesaria.

Así los gobiernos municipales se ven obligados a actuar como la última –y en muchos casos única– malla de contención de esta crisis.

La política de desregulación y la caída del empleo han empujado a casi tres cuartos de millón de personas a la exclusión del sistema de seguridad social. Esto profundiza las brechas de desigualdad: la salud se convierte en un privilegio para quienes pueden pagar aumentos del 417%, mientras que los sectores más vulnerables ven cómo su derecho constitucional a la salud se convierte en una promesa vacía de un Estado que se retira de sus funciones más esenciales.

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