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Alerta en las aulas: paro estudiantil y denuncias penales por amenazas de tiroteos

Alerta en las aulas: paro estudiantil y denuncias penales por amenazas de tiroteos

Los centros de estudiantes denuncian la inacción del Ministerio de Educación porteño ante una crisis de salud mental y seguridad, vinculando la violencia con el discurso del gobierno nacional. El conflicto escaló a la Justicia Federal con una denuncia penal para exigir protección e investigación.

Manuel Barrientos

La comunidad educativa atravesó una semana de máxima tensión. Bajo la consigna de defender el “derecho a cursar sin miedo”, la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB) convocó a un paro general secundario este viernes motivado por una ola de amenazas de violencia armada que afectó a más de treinta establecimientos.

La medida de fuerza surgió como respuesta a la aparición de graffitis y mensajes en redes sociales que advertían sobre posibles tiroteos. Ante la falta de una respuesta que consideran “clara y contenedora” por parte del Ministerio de Educación porteño, los centros de estudiantes decidieron visibilizar la crisis de salud mental y seguridad.

Emma Drut, secretaria general del Centro de Estudiantes del Lenguas Vivas, explica los motivos de la huelga: “Se decidió convocar al paro porque más de 30 colegios están recibiendo amenazas de tiroteos. El problema es la poca respuesta del gobierno de la Ciudad; mientras las direcciones pedían ayuda, la respuesta del ministerio fue que es un ‘trend viral’. No hay acompañamiento de los Departamentos de Orientación Escolar, que no son espacios seguros”.

En diálogo con este medio, Drut vincula esta situación con el discurso público actual: “Esto demuestra el nivel de violencia que baja el gobierno nacional y cómo lo canalizan los pibes. Hay un clima de época que vemos en todo el país, porque esto ya ocurrió en otras provincias. Y hoy no nos parece tan raro que un pibe entre con un arma, cosa que antes era impensado”.

Por su parte, el Carlos Pellegrini —donde se hallaron pintadas con la frase «Viernes 16 los vamos a matar tiroteo CECAP en serio»— decidió llevar el conflicto a la justicia. Victoria Arenaza Granada, secretaria general del Centro de Estudiantes del Pellegrini, sostiene: “Exigimos una agenda real de salud mental; los chicos necesitan un gobierno presente, pero prefieren abandonar a la juventud antes que apoyarlos con proyectos que nos representen”.

“No podemos esperar que los pibes reaccionen de manera empática cuando tienen un presidente que todo el tiempo está influenciando la violencia, con discursos de odio o revoleando una motosierra. Las amenazas son reflejo de lo que el gobierno transmite”, asegura Victoria Arenaza Granada.

La dirigente estudiantil también advierte sobre los discursos promovidos desde el Ejecutivo Nacional: “No podemos esperar que los pibes reaccionen de manera empática cuando tienen un presidente que todo el tiempo está influenciando la violencia, con discursos de odio o revoleando una motosierra. Las amenazas son reflejo de lo que el gobierno transmite”.

Arenaza Granada pide analizar la situación en los colegios desde una mirada más amplia. “Tenemos a docentes a los que no les están pagando un salario digno y que tienen que recurrir al pluriempleo y manejar un Uber. Las universidades están desfinanciadas, hoy el gobierno tenía que pagar 2.5 billones de pesos para el financiamiento universitario, pero ¿qué hicieron? Presentaron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para evitar el pago”, explica.

El conflicto llegó a la Justicia Federal

Junto a la protesta estudiantil, el conflicto escaló al plano judicial. Arenaza Granada, con el patrocinio del abogado Daniel Arenaza, radicó una denuncia penal que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 5. La presentación solicita que se investiguen los delitos de amenazas, intimidación pública y daños. El texto no solo pide investigar a los autores materiales de las pintadas, sino que responsabiliza al Estado Nacional por su “rol activo e indelegable” en la protección de menores.

Entre las medidas urgentes solicitadas se encuentran la presencia policial disuasiva en los horarios de ingreso y egreso; los protocolos de seguridad y refuerzo de controles de acceso; la preservación de datos en plataformas de mensajería para identificar el origen de las amenazas; y la asistencia psicológica inmediata para el estudiantado.

“Las cosas van más allá de las sanciones a quienes hicieron el graffiti, hay que pensar de manera integral. Realmente están atentando contra la salud mental de las juventudes, necesitamos que nos tengan en cuenta y qué pregunten qué necesitamos”, agrega Arenaza Granada.

Mientras la CEB analiza los pasos a seguir tras un paro que calificaron como “exitoso por el nivel de acatamiento”, en el Pellegrini se mantienen en asamblea permanente y planean realizar un censo de salud mental propio para diagnosticar la situación de los alumnos frente al abandono institucional denunciado.

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