Con la inflación dejando de ser el único foco de preocupación social, la velocidad de la reactivación económica pone en jaque el plan oficial. La parálisis de la obra pública y el encarecimiento del crédito externo, sumados a expectativas sociales negativas, amenazan con convertir la recesión en el punto débil de la gestión.

Julián Ramundo

Era lógico pensar que una vez disipada la inestabilidad inflacionaria, la cuestión de la actividad pasara a ubicarse como la principal preocupación económica de los argentinos. Este no solo es la mirada de distintos analistas, sumado a inconsistencias que se ven en los desagregados estadísticos sobre el crecimiento heterogéneo que muestra la economía, sino que es el mismo Gobierno, en palabras del Ministro de Economía Luis Toto Caputo, cuando advierte explícitamente su preocupación por la velocidad de recuperación de la actividad.

Existen factores clave que dificultan la recuperación de la actividad, al menos en el corto plazo. El Gobierno apunta a dinamizar la economía doméstica de la misma manera que lo hizo con éxito en el año 2024: impulsando el crédito y por consiguiente las cuotas para consumo doméstico. Sin embargo, los contextos son totalmente dispares respecto a aquella oportunidad. Hoy el nivel de endeudamiento de las familias es muy alto, al igual que el nivel de mora bancaria, lo que hace que, por un lado, la industria del financiamiento (es decir, los bancos) no estén dispuestos a seguir prestando por el riesgo de la incobrabilidad, y a su vez, la misma industria bancaria no esté dispuesta a bajar las tasas de interés para compensar las pérdidas producto de la mora.

Por el lado de la demanda de financiamiento, es vital para que esta política que promueve el Gobierno impacte en el costo financiero al que acceden las PyMEs que son los sujetos que podrían verse más beneficiados en este sentido, pero para que ello conlleve un incentivo poderoso en este contexto debiera ser una tasa menor a la inflación, lo cual acarrea otro tipo de inconvenientes.

Otro factor que tiene un peso muy importante en contra de la reactivación del consumo es la dinámica de precios y salarios. Como se viene viendo en el último semestre, los salarios del sector privados, del sector públicos y las jubilaciones se han visto muy atrasados respecto a la inflación, que ha tenido un repunte que ya lleva diez meses y prometería llevar un mes todavía más con un dato de inflación más alto. Esta dinámica inversa de salarios y precios indicaría aún más una contracción mayor del consumo, por lo tanto, es un factor que juega claramente en contra.

En momentos donde resulta crucial cambiar una tendencia, es indispensable que las expectativas del hacedor de política económica y de los agentes económicos estén alineadas. Según algunos sondeos de opinión pública, la pérdida de confianza en el Gobierno y las bajas expectativas sobre el futuro económico inmediato (60% cree que estará igual o peor a 1 año) representan un punto crítico que podrían convertirse en talón de Aquiles de la estrategia oficial.

El costado fiscal tampoco ayuda. Grandes alertas se han encendido debido a que la recaudación de los impuestos que están atados a la actividad (IVA y Ganancias) han bajado en términos reales (netos de inflación). Por lo tanto, esto compromete el superávit fiscal, que es el principal ancla de estabilidad económica del Gobierno y lo obliga -de acuerdo a la lógica del Gobierno y del plan planteado- a generar mayores ajustes en el sector público para liberar espacio a la economía privada. Esto, si bien en el mediano plazo puede tener un efecto neutro, en el corto plazo (y quizás en el mediano, de acuerdo a la velocidad de recuperación de la economía) tiene un efecto negativo al contraer la demanda agregada producto de ajustes devenidos en baja de jubilaciones, recortes en actualización de planes sociales, despidos o recortes de asignaciones directas.

La obra pública es la gran ausente de esta nueva economía. Cuando hablamos de obra pública nos referimos a la construcción de bienes de consumo público. Este Gobierno planteó que lo que cambiaría sería el financiamiento, es decir, quién la generara: que no fuese el sector público sino el sector privado. El diseño institucional, administrativo y económico le ha costado mucho al Gobierno generando una ralentización inesperada y muy nociva. Muestra de ello son obras clave del cluster energético como es la reversión del Gasoducto Norte, que no se terminó de ejecutar obligando al Gobierno a importar gas en este año que está atravesado por el conflicto bélico.

La guerra tiene un segundo impacto, no solamente a nivel de costos de los bienes, sino también el costo del financiamiento. Esto repercute en la posibilidad que tienen, además del Gobierno nacional, las provincias y algunas empresas para acceder al mercado de capitales externo horadando la posibilidad de obtener crédito externo en vez de crédito interno.

Por último y no menos importante, siempre está el factor expectativas dentro de la economía, ya que no debemos olvidar que estamos hablando de una ciencia social. Los agentes económicos, empresas e individuos, tienen una mirada objetiva pero también una mirada subjetiva. En momentos donde resulta crucial cambiar una tendencia, es indispensable que las expectativas del hacedor de política económica y de los agentes económicos estén alineadas. Es un concepto que suena abstracto pero resulta muy importante en la práctica para que dichas políticas tengan eficacia. Según algunos sondeos de opinión pública, la pérdida de confianza en el Gobierno y las bajas expectativas sobre el futuro económico inmediato (60% cree que estará igual o peor a 1 año) representan un punto crítico que podrían convertirse en talón de Aquiles de la estrategia oficial.

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