Los jefes comunales del PJ bonaerense denuncian el abandono financiero que asfixia a los comedores escolares. Con una deuda de $220.000 millones y el Servicio Alimentario Escolar en jaque, Kicillof recalibra su caja para suplir el retiro de fondos nacionales en un escenario de máxima tensión política y social.

Redacción 4Palabras

Funcionarios bonaerenses e intendentes de diversos distritos realizaron una movilización hacia las dependencias del Ministerio de Capital Humano de la Nación. El objetivo de la jornada consistió en la formalización de un reclamo por el flujo de fondos correspondientes al Servicio Alimentario Escolar (SAE). La medida de fuerza se originó tras la resolución adoptada en la última sesión del Partido Justicialista bonaerense, celebrada el pasado viernes en la ciudad de La Plata.

La administración provincial, a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, establece que la deuda acumulada por el Estado nacional asciende a 220.000 millones de pesos. Según los datos técnicos proporcionados por la cartera a cargo de Andrés Larroque, el compromiso inicial del gobierno nacional consistía en el financiamiento del 20% del programa SAE, aunque los registros contables actuales indican una transferencia efectiva apenas superior al 10%. Esta diferencia presupuestaria afecta la cobertura de prestaciones alimentarias destinadas a una matrícula de 2,5 millones de alumnos en establecimientos públicos.

La actividad operativa de la protesta se inició en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM), bajo la coordinación de su presidente, Fernando Espinoza. En este punto, los jefes comunales procedieron a la firma de un documento conjunto que detalla las deudas técnicas y el impacto en la logística alimentaria local. Entre los firmantes se encontraban los intendentes Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Juan Mancini (Suipacha), Maximiliano Wesner (Olavarría), Leonardo Boto (Luján), Nelson Sombra (Azul) y Waldemar Giordano (Colón).

Luego la columna de funcionarios se dirigió a la sede denominada Casa Patria Libertad, dependiente del Ministerio de Capital Humano. El acceso al edificio había sido restringido por efectivos de la Policía Federal y no se autorizó el ingreso de la documentación dirigida a la ministra Sandra Pettovello. En la fachada se exhibió un cartel oficial que vinculaba la situación presupuestaria a la gestión administrativa de la gobernación provincial. Ante la imposibilidad de concretar la entrega, los manifestantes se trasladaron hacia la sede central del ministerio ubicada en la avenida 9 de Julio.

“No miran a la gente. ¿Cuándo viste a Milei en un barrio, en un comedor, en una escuela? Ellos miran números”, afirmó la vicegobernadora Verónica Magario.

Los intendentes también denunciaron la interrupción de programas complementarios y la suspensión de suministros específicos, como insumos oncológicos y medicamentos generales. El intendente de Salto, Ricardo Alessandro, y el de Ezeiza, Gastón Granados, coincidieron en que la detención de la obra pública y el recorte de transferencias directas precedieron a la actual restricción en los recursos para comedores escolares y comunitarios.

La vicegobernadora Verónica Magario y el ministro Larroque señalaron una disparidad entre las proyecciones presupuestarias nacionales y los índices inflacionarios. “No miran a la gente. ¿Cuándo viste a Milei en un barrio, en un comedor, en una escuela? Ellos miran números”, sostuvo Magario.

Según la argumentación provincial, el presupuesto nacional contempla un incremento del 4% para el SAE, mientras que los índices de precios al consumidor muestran variaciones superiores en el rubro alimenticio. El documento del PJ bonaerense vincula el desfinanciamiento con la retracción de indicadores sociales y la caída del poder adquisitivo en los sectores dependientes de la asistencia estatal.

Ante la falta de transferencias nacionales, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció una readecuación de sus partidas propias. Se dispuso un incremento del 30% en la inversión del SAE, alcanzando un presupuesto anual de 553.910 millones de pesos. Asimismo, se reforzaron los fondos del Módulo Alimentario Territorial (MATE) con una partida de 389.692 millones de pesos para los 135 municipios. Sin embargo, esta decisión técnica incluyó la suspensión del programa MESA, dedicado a la distribución de alimentos secos, debido a la carencia de los aportes previstos por el Estado nacional. La jornada concluyó con un encuentro previsto entre los intendentes y el gobernador Axel Kicillof para evaluar la continuidad de las gestiones administrativas.

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