A cincuenta años del golpe cívico-militar de 1976, el campo de la salud mental en la Argentina vuelve a ser interpelado no sólo por la memoria del terrorismo de Estado, sino también por las condiciones políticas y sociales del presente. El trauma producido por la violencia estatal no constituye un capítulo cerrado de la historia. Sigue siendo una dimensión activa de la vida subjetiva y colectiva, cuya elaboración depende, todavía hoy, de políticas públicas de memoria, verdad, justicia y reparación.

El terrorismo de Estado produjo un daño psicosocial de carácter estructural. No se trató únicamente de la afectación individual de las víctimas directas. Implicó, además, una fractura profunda de los marcos simbólicos que sostienen la confianza social en el Estado como garante de derechos. La especificidad del trauma argentino radica justamente en esa inversión radical: el agente de protección se transformó en agente de aniquilamiento. Esa ruptura otorgó al daño psíquico una dimensión política constitutiva que todavía atraviesa la vida social.

Desde la transición democrática, los equipos de salud mental de los organismos de derechos humanos construyeron un campo original de intervención que articuló clínica, memoria y producción de prueba judicial. Ese recorrido permitió reformular nociones clásicas como trauma, duelo y reparación. También incorporó problemas específicos de la experiencia argentina: la transmisión intergeneracional del daño, los efectos prolongados de la impunidad y el exilio, y la tensión permanente entre restitución jurídica y elaboración subjetiva.

Sin embargo, el presente vuelve a abrir interrogantes decisivos. En un escenario marcado por retrocesos en las políticas de memoria, por el desfinanciamiento de áreas sensibles del Estado y por discursos públicos que relativizan o banalizan el terrorismo de Estado, las condiciones sociales para la elaboración psíquica se ven nuevamente erosionadas. La producción de sufrimiento no pertenece sólo al pasado. La precarización de la vida, la fragilización de los lazos comunitarios y la deslegitimación pública de las políticas de derechos humanos reactivan modalidades de desmentida social que afectan directamente a las víctimas y a sus familias.

La clínica del trauma extremo enseña que no hay reparación posible si el daño social no es reconocido de manera colectiva. Cuando la sociedad niega o relativiza el crimen, la experiencia traumática queda nuevamente expuesta a la soledad y al silencio. Por eso, el debilitamiento de los programas de acompañamiento a víctimas-testigos, la inestabilidad de los equipos interdisciplinarios y la pérdida de centralidad institucional de las políticas de derechos humanos ponen en riesgo una de las conquistas más importantes del período democrático: la construcción de dispositivos específicos de cuidado para quienes deben atravesar los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad.