A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el gobierno de Javier Milei introdujo modificaciones a la estructura de la SIDE y le otorgó nuevas atribuciones al organismo. Desde diferentes espacios de la oposición política se cuestionó severamente tanto el procedimiento utilizado --que deja de lado al Congreso-- como el contenido de la medida.

Redacción 4Palabras

Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025 y en medio de la despedida del 2025 y el festejo del nuevo año, el gobierno de Javier Milei decidió –en silencio y sin darle intervención al Poder Legislativo— reformar a su antojo y medida la estructura y las funciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), otorgándole atribuciones que hasta ahora estaban expresamente prohibidas por la ley de Inteligencia Nacional 25.520 y sus modificatorias. Desde la oposición se multiplicaron las críticas a la decisión, tanto por la forma como por los contenidos de la misma.

Al ratificar a la SIDE como órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional se le otorga la conducción directa de la planificación estratégica, la coordinación interinstitucional y la producción de inteligencia nacional, subordinando a todos los demás organismos del Estado, con atribuciones de requerir directamente información de todos estos últimos para cumplir con los propósitos de inteligencia.

La SIDE continuará dirigida por su actual titular Cristian Auguadra, secundado por Diego Kravetz.

La decisión oficial ha sido seriamente cuestionada por la oposición en general, tanto por el contenido de la misma como la forma en que se adoptó, sin intervención del Congreso a través de la Comisión Bicameral encargada del seguimiento de los temas de seguridad nacional.

Uno de los puntos más cuestionados son las facultades otorgadas a los servicios de inteligencia para cubrir sus actividades bajo la calificación de “encubiertas” sin necesidad de rendir cuentas de estas. “Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”, señala al respecto el texto del decreto,

A lo anterior se agrega también la habilitación para que los agentes de inteligencia detengan a ciudadanos como parte de sus operaciones y sin mediar orden judicial. “En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las Fuerzas Policiales y de Seguridad competentes”, se sostiene en el DNU respectivo.

Para el ex diputado Leopoldo Moreau (Fuerza Patria) y ex integrante de la Comisión Bicameral de Inteligencia, el DNU “significa la creación de una policía secreta” y “clausura la posibilidad de conducción civil de la inteligencia militar”. Agregó que lo resuelto ahora es “un claro retroceso democrático” que “pasa descaradamente por encima de las facultades del Congreso” y está “obligando a toda la administración nacional y provincial a transformarse en delatores de la oposición política. Es un claro retroceso democrático«.

La mayoría de los dirigentes de la oposición que anticiparon que presentarán debate sobre el DNU el ámbito legislativo y, en particular, en el seno de la Comisión Bicameral encargada de la inteligencia. Para dar de baja a la medida se necesitará alcanzar la mayoría tanto en el Senado como en Diputados, un número difícil de lograr teniendo en cuenta el número de bancas que actualmente tiene La Libertad Avanza y sus aliados. Si en una sola de las cámaras no se logran los votos suficientes para derogar la medida o en alguna de ellas no se llega a tratar, el DNU mantendrá su validez.

El diputado socialista Esteban Paulón sostuvo que “se generaliza un estado de sospecha general y se transfieren competencias sensibles a las áreas bajo control de Karina Milei”. En la red X, Paulón afirmó que “la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo es un riesgo para la seguridad nacional y pone en riesgo la autonomía e independencia de la inteligencia nacional”.

Maximiliano Ferraro, diputado presidente de la Coalición Cívica (ARI), se preguntó: “¿Por qué no discutir un tema tan relevante en el seno del Congreso, con debate plural, contralor efectivo y el pleno funcionamiento de los pesos y contrapesos institucionales?“. Y agregó que “si este DNU que modifica la ley de inteligencia nacional lo hubiera firmado el kirchnerismo, estaríamos ante un escándalo institucional de proporciones históricas. Pero como lo firma Milei, los bastantes y advenedizos republicanos intermitentes y de ocasión, ¿mirarán para otro lado? ¿Elegirán callar?”.

Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, calificó el decreto que reforma la SIDE como un intento de consolidar un «aparato de espionaje y persecución política«. Además de argumentar que «el sistema de DNU no tiene que existir», la diputada afirmó que “es inconstitucional” reformar el sistema de inteligencia por decreto ya que evita el debate en el Congreso sobre el control del mismo. Agregó que la medida busca otorgar «superpoderes» al Ejecutivo para vulnerar derechos individuales.

Para el peronista Agustín Rossi, actual diputado y ex jefe de Gabinete, el decreto en cuestión representa un hecho “gravísimo” que busca consolidar un “Estado represor y oscuro”. Al analizar el decreto, Rossi denunció que se está “creando una policía secreta” también porque transforma a los agentes de inteligencia en “una fuerza con capacidad de aprehender personas sin orden judicial, actuando de forma parapolicial”. Al mismo tiempo, alertó al periodismo dado que, al quedar sin controles claros las tareas de contrainteligencia, ello puede derivar en espionaje en contra de la libertad de la prensa y los medios de comunicación.

Martín Lousteau (UCR) dijo que el gobierno usa el recurso del DNU para «esquivar al Congreso» en un tema de extrema sensibilidad institucional. Advirtió que lo dispuesto agrega «más oscuridad y menos control democrático«, porque la inteligencia debe proteger a los ciudadanos y no vigilarlos.

La mayoría de los dirigentes de la oposición que se expresaron anticiparon que presentarán debate sobre el DNU en el ámbito legislativo y, en particular, en el seno de la Comisión Bicameral encargada de la inteligencia. Para dar de baja a la medida se necesitará alcanzar la mayoría tanto en el Senado como en Diputados, un número difícil de lograr teniendo en cuenta el número de bancas que actualmente tiene La Libertad Avanza y sus aliados. Si en una sola de las cámaras no se logran los votos suficientes para derogar la medida o en alguna de ellas no se llega a tratar, el DNU mantendrá su validez.

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