El sistema de discapacidad en Argentina atraviesa una situación de colapso. Luego de la última reunión del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas, el malestar se transformó en alarma: las organizaciones denuncian que el gobierno nacional impuso aumentos unilaterales que ignoran el desfasaje acumulado y vulneran el espíritu de la ley de Emergencia 27.793. Mientras los funcionarios apuestan a una actualización automática basada en la inflación, los prestadores advierten que la base de cálculo está “pisada” y deja fuera una compensación histórica necesaria para la supervivencia del sector.

En diálogo con 4Palabras, el padre Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente por la Discapacidad, describe un escenario de desprotección donde la falta de diálogo oficial empuja al sistema hacia una inevitable judicialización. Con más de tres décadas de trayectoria en el sector, detalla por qué el aumento otorgado es una “trampa matemática”, denuncia deudas que asfixian a las instituciones y señala el riesgo inminente que corren los centros de día, las escuelas especiales y los servicios de transporte que sostienen la vida de miles de familias.

¿Cuál fue el tono de la última reunión del Directorio del Sistema

Único de Prestaciones Básicas? ¿Por qué el gobierno nacional terminó imponiendo su postura de modo unilateral? 

No hubo ninguna discusión sobre el tema. Ellos aplicaron directamente un aumento en base al Índice de Precios al Consumidor de los últimos dos meses e insistieron en que ya no nos juntemos para que de aquí en más haya un aumento automático. Eso a futuro, claro. Nosotros preguntamos qué criterios habían tomado, porque la ley dice que el Directorio tiene que fijar al primero de enero de 2025 en cuánto tiene que estar el arancel. En noviembre habían anunciado un aumento en tres tramos, que para algunas prestaciones era cercano al 29%, y para otras del 35%. Pero ¿bajo qué base tomaron esto? Porque no tenemos ese número de enero de 2025. Hay una compensación que establece la ley para lo que pasó entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. Y el arancel a enero de 2025 debería tener en cuenta esa compensación. En caso contrario, siempre van a partir de un número que viene atrasado. 

¿De cuánto debería ser esa compensación?

Según ellos podría ser un 10%, pero nuestros cálculos dan un 40%. Entonces, la diferencia pasa a ser importante. Por eso consideramos que se incumple con el espíritu de la ley. Ellos dieron ese aumento del 29 y el 35% a finales del año pasado, sin hacer referencia a la ley. Según nuestros números, tendrían que haber dado casi un 70% de aumento para poner las cosas equilibradas. Volvemos al mismo problema, porque dan esos aumentos pero con una base que no responde. De todos modos no hubo ninguna posibilidad de discusión de nada.

¿Vislumbra una salida que no sea la judicial? 

No. Creo que el juez debería ser el que haga una interpretación y diga que esa compensación que pedimos va con los objetivos de la ley, porque sino se mantiene el problema de fondo. Ahora hay que esperar a que, en teoría, salga en estos días la resolución oficial de cómo se va a hacer la presentación en cada organismo para la compensación. También se está esperando que ARCA presente cómo será el plan de pago o las devoluciones que tenga que hacer a las instituciones. Tampoco se dice nada sobre la situación de los trabajadores de los talleres protegidos, algo que también había solicitado la Justicia… Aún siguen cobrando 28 mil pesos por mes.

¿Cuál es hoy la situación de los centros de día, las escuelas especiales, los prestadores? 

Los números que tenemos están muy por debajo de la facturación, la compensación permitiría que mucha gente que está con deudas pueda saldarlas. Pero todo sigue aumentando, entonces la realidad de las instituciones es todavía de mucha incertidumbre. A eso se suma, por ejemplo, que con el cambio que hicieron de la ANDIS a la Secretaría de Discapacidad hay instituciones o prestadores que todavía no cobraron lo que trabajaron para Incluir Salud en octubre de 2025. Mientras tanto esas instituciones tuvieron que pagar aguinaldos, sueldos, vacaciones. Con las obras sociales también pasa algo parecido. Quienes no están en el sector tienen que entender que hay personas que dieron una prestación y todavía les deben tres o cuatro meses. La gente está muy desesperada porque tiene deudas. La diferencia es que tenemos una ley, una reglamentación, pero siguen sin pagarse lo que corresponde ni brindarse la compensación necesaria. Así no se puede funcionar. Ahora es el ministro de Salud quien tiene que dar respuestas.

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