Milei avanzó con la reforma laboral en el Senado tras doblegar a la CGT y sellar una mayoría amplia
Con 42 votos a favor, el oficialismo logró aprobar la reforma laboral en la Cámara Alta tras una intensa negociación con gobernadores, a fuerza de negociar cambios y condicionar a la CGT. El Gobierno busca ahora blindar el proyecto en Diputados para sancionarlo definitivamente antes del 1 de marzo. La tensión se traslada a la calle.
- febrero 12, 2026
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“Tengo 42 asegurados”. Con una planilla impresa entre sus manos donde tenía detallado cada voto, Patricia Bullrich le transmitió a Javier Milei el resultado de la reforma laboral varias horas antes de que el tablero del Senado diera el veredicto. El Presidente le respondió por teléfono que estaba “contento” y envió a Karina a sentarse en el palco en el momento decisivo: al borde de las 2 de la mañana de este jueves el resultado final le dio la razón a la jefa del bloque libertario. El Gobierno logró un contundente respaldo: 42 votos a favor y 30 en contra. Ahora espera repetir la jugada en la Cámara de Diputados –donde el poroteo es más fino– en las próximas dos semanas: el Presidente quiere llevarse la sanción definitiva para el 1 de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias.
El oficialismo consiguió avanzar con una legislación clave para el proyecto libertario a fuerza de negociar y aceptar cambios hasta último momento de los aliados y los gobernadores dialoguistas. Milei se resignó también a podar en parte el texto para no perder el apoyo en las votaciones en particular de los distintos capítulos, que terminaron de aprobarse ya entrada la madrugada.
La victoria oficialista fue el resultado de una trama de negociaciones que Bullrich encabezó en el Senado y Diego Santilli en las provincias –que recorrió desde enero–. El Gobierno supo tejer el acuerdo con un fuerte lobby empresarial pero incluso con la CGT, a la que doblegó y condicionó a su favor: le perdonó los recortes que tenía pensado para los sindicatos a cambio de avanzar sobre derechos laborales individuales –se recortan las vacaciones, las huelgas y, sobre todo, las indemnizaciones–.
La victoria política sobre la central obrera, el peronismo y la oposición más dura tuvo su contraparte simbólica: durante la tarde reprimió a un reducido grupo de manifestantes que generó hechos de violencia en la manifestación frente al Congreso –hubo siete detenidos– y le vació la plaza a la CGT y la izquierda. La central obrera, así como sindicatos duros y combativos, hicieron una fuerte movilización pero el foco se los llevaron los incidentes.
Los votos que consiguió Milei
Santilli se encerró varias veces en el despacho de Bullrich –en el primer piso del Palacio– para asegurarle los votos al Gobierno en capítulos clave que no podían caerse luego de resignar días antes de la sesión la reducción del impuesto a las Ganancias para las provincias –por exigencia de los gobernadores–, así como patear los cambios en las cuotas solidarias sindicales y el aporte patronal a las obras sociales –por reclamo de la CGT–.
Ninguna votación en particular estuvo en peligro. Por eso permeó el cálculo de la composición del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para no perder la oportunidad de frenar el avance sobre la llamada “industria del juicio”. Incluso logró meter por la ventana –como un anexo– el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito porteño. Y también aceptó mantener los aportes compulsivos a gremios.
La mayoría circunstancial se construyó con los 21 votos libertarios y el apoyo total de la UCR –10 bancas–, el PRO –tres–, Provincias Unidas –dos– y media docena de votos que aportaron los gobernadores: los misioneros del Frente Renovador de la Concordia –Carlos Arce y Sonia Rojas Decut–; la chubutense Edith Terenzi –ligada a Nacho Torres–; la tucumana Beatriz Ávila –del peronista Osvaldo Jaldo–; la salteña Flavia Royón –de Gustavo Sáenz– y la neuquina Julieta Corroza –de Rolando Figueroa–.
El interbloque peronista se mantuvo unido en sus 30 votos, pero ya se aventura una fisura a partir de la interna que se generó con la jujeña Carolina Moisés. Los dos senadores santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, que responden a Claudio Vidal, también votaron en contra, pero más por un cuestión de timing político que por convicción: Bullrich sabía que si los necesitaba para conseguir la mayoría, estaban dispuestos a prestar su apoyo.
El interbloque peronista se mantuvo unido en sus 30 votos, pero ya se aventura una fisura a partir de la interna que se generó con la jujeña Carolina Moisés. Los dos senadores santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, que responden a Claudio Vidal, también votaron en contra, pero más por un cuestión de timing político que por convicción: Bullrich sabía que si los necesitaba para conseguir la mayoría, estaban dispuestos a prestar su apoyo.
Los cambios clave de la reforma
La gran novedad de la reforma laboral es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para pagar las indemnizaciones. Sin embargo fue de los artículos que más cambios sufrió de último momento. “Si no hay FAL, agarro yo el FAL y empiezo así con los senadores”, se jactó Bullrich en un recreo de la sesión haciendo gestos de disparos con sus manos.
El cálculo quedó con un aporte del 1% mensual para grandes empresas y del 2,5% para pymes, con posibilidad de incrementarse hasta 1,5% y 3% respectivamente si así lo dispone el Poder Ejecutivo con aval de la Comisión Bicameral. El proyecto establece además que la indemnización será la única reparación por despido sin causa y no se considerará como remuneración el aguinaldo o las vacaciones.
Luego de concederle a los gobernadores no tocar el impuesto a las Ganancias, el Gobierno le concedió a la CGT no tocar el bolsillo de los sindicatos. Así mantuvo los aportes patronales del 6% a las obras sociales y continuará vigente el aporte solidario sindical –aunque con un tope del 2% y por un plazo de dos años–.
Para evitar otros conflictos en puerta, postergó el desfinanciamiento del INCAA para 2028 y dilató la derogación del estatuto del periodista para 2027. Eliminó la posibilidad de depositar el sueldo en billeteras virtuales –Bullrich dijo que necesitarán primero un aval del Banco Central–.
Luego de concederle a los gobernadores no tocar el impuesto a las Ganancias, el Gobierno le concedió a la CGT no tocar el bolsillo de los sindicatos. Así mantuvo los aportes patronales del 6% a las obras sociales y continuará vigente el aporte solidario sindical –aunque con un tope del 2% y por un plazo de dos años–.
Pese a esos retoques, el tronco que se mantuvo de la reforma laboral redefine aspectos centrales de la relación entre empleadores y trabajadores, con impacto directo en la contratación, las indemnizaciones y la organización sindical. Uno de los ejes es la ampliación del período de prueba, que se estira a ocho meses para las grandes empresas y hasta un año para las pymes, durante el cual el empleador puede despedir sin pagar indemnización.
El proyecto introduce además cambios en el régimen de despidos y sanciones. Se reduce el alcance de las multas a los empleadores por trabajo no registrado y se limita la posibilidad de duplicar o triplicar indemnizaciones, una de las herramientas históricas para penalizar el empleo informal. A la vez, se incorporan nuevas figuras contractuales más flexibles y se amplían las condiciones para la tercerización, lo que, según los críticos, precariza el vínculo laboral y debilita la estabilidad en el empleo.
En materia sindical y de conflictividad, la ley endurece las condiciones para las medidas de fuerza: establece la obligación de garantizar servicios mínimos más amplios y habilita sanciones ante bloqueos o tomas de establecimientos. También redefine el rol de los sindicatos en la negociación colectiva y en la administración de fondos, al tiempo que refuerza el peso de los convenios por empresa frente a los acuerdos de actividad. El Gobierno defiende estos cambios como una modernización del mercado de trabajo orientada a generar empleo, mientras que las centrales obreras advierten que implican una pérdida de derechos adquiridos.
Lo que viene
La victoria oficialista se coronó con Karina Milei en el palco del Senado, junto con Santilli y Manuel Adorni. Incluso Victoria Villarruel tuvo que doblegarse ante ellos: “Le damos la bienvenida a los miembros del gabinete nacional”, los recibió la vice.
Ahora el Gobierno profundizará su ofensiva en Diputados, donde Martín Menem tomará la posta de Bullrich. El oficialismo necesita que el proyecto avance sin cambios, porque cualquier coma que la Cámara baja decida introducir al texto, obligará a su revisión en el Senado.
Mientras tanto la calle dará el pulso social. “Lo que llaman modernización es precarización. No vamos a aceptar retrocesos en convenios, salarios ni derechos colectivos”, planteó la CGT en un comunicado en sus redes sociales durante la madrugada. La central evitó para esta oportunidad convocar a una paro general y la movilización quedó eclipsada por un grupo de violentos que ni siquiera la izquierda más combativa reconoció.
Con la media sanción en el bolsillo y una mayoría que combinó libertarios, radicales, macristas y gobernadores peronistas, Milei quedó a un paso de concretar la reforma estructural más ambiciosa de su gestión. Si logra blindar el texto y convertirlo en ley antes del 1 de marzo, el Presidente llegará a la apertura de sesiones con una victoria política de alto impacto; si no, la pulseada con la oposición y el frente sindical promete escalar tanto en el Congreso como en la calle.
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