El recorte de las transferencias por coparticipación que el gobierno nacional aplica a las provincias termina afectando de manera directa a las intendencias, que carecen de fondos para atender las demandas. Muchos municipios de todo el país ya no están en condiciones de sostener sus gastos corrientes. Aumenta la presión social.

Washington Uranga

El “déficit cero” es un objetivo inclaudicable para el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. Sin Presupuesto nacional aprobado en 2024 y 2025, el Poder Ejecutivo usó todos los medios a su alcance –incluyendo el desconocimiento de leyes nacionales y la violación de derechos—para lograr ese propósito.

Ahora –con ocasión de la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado— la senadora Patricia Bullrich celebró exultante que el del próximo año “es el primer presupuesto con déficit cero de la historia argentina”. Según la ex ministra y actual presidenta del bloque libertario en la Cámara alta, eso equivale a “seguir bajando la inflación, aumentar la producción y el trabajo”. La premisa es “equilibrio fiscal inquebrantable”.

No opinan lo mismo la mayoría de los intendentes del país, sin distinción de signos políticos. De hecho todos ellos han experimentado que la estrategia de “déficit cero” del gobierno nacional redundó en un recorte significativo de las transferencias automáticas a las provincias que, sin recursos a su alcance, procedieron de manera similar con los municipios.

Un informe producido por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sostiene que “en noviembre (2025) las transferencias nacionales automáticas a provincias y CABA descendieron un 5,4% real interanual”

Un trabajo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que el déficit financiero acumulado entre enero de 2024 y septiembre de 2025 es de 26,44 billones de pesos y esta situación no solo recorta el margen de maniobra de los municipios, sino que los empuja a crear nuevas tasas locales para equilibrar sus cuentas. A quienes se atreven a transgredir “la regla de oro” de la economía libertaria, el presidente y su ministro de Economía los amenaza con represalias y los acusa de estar generando inflación. Cuando no de conspirar contra el gobierno.

Lo real es que muchísimos municipios de todo el país ya no están en condiciones de sostener sus gastos corrientes con la llegada de fin de año y ante la necesidad de hacer frente al pago de los aguinaldos la situación se agravó de manera angustiante para muchos jefes comunales.

Solo para tomar como ejemplo. A noviembre de 2025, la coparticipación municipal en la provincia de Santa Cruz cayó en un 2,2% nominal según lo señala su Ministerio de Economía. En Formosa, entre enero y octubre la coparticipación tuvo una baja real 10,6% en relación al mismo período del año anterior, lo cual representa una pérdida de ingresos del orden de 200.297 millones de pesos para la provincia y los municipios.

Situaciones similares se repiten en otras provincias, particularmente en la de Buenos Aires, por ser el distrito más importante, pero también el más castigado por el Ejecutivo.

“La situación social es muy preocupante debido al deterioro social que se profundiza”, afirmó un intendente de la provincia de Buenos Aires. Y recordó que “los municipios son la primera ventanilla del Estado y deben estar presentes, pero cada vez tienen menos recursos para hacerlo”. Un intendente cordobés advirtió que “la crisis se ha municipalizado”. El aumento de la demanda social en tiempos de pérdida de recursos da lugar a un combo de difícil solución para los responsables de la gestión municipal que tienen que dar la cara cotidianamente frente a sus vecinos.

La escena económico-financiera de los municipios no solo se complejiza por el recorte de las transferencias por coparticipación, sino que también se ha visto afectada la caída de la recaudación tributaria local por el cierre de empresas y la disminución del consumo. Esta situación –que impacta en forma directa en la calidad de vida de los vecinos también por la pérdida de puestos de trabajo– aumenta la presión local por la prestación de servicios tales como educación, salud y asistencia social, que son cada día más demandados.

El diagnóstico anterior no puede dejar de lado tampoco que el gobierno de La Libertad Avanza se desentiende de responsabilidades que le competen como Estado nacional. Se abandonaron obras de infraestructura y mantenimiento de rutas –entre otros rubros— que, por sus dimensiones y por los montos que demandan, no pueden ser afrontadas por los municipios que, sin embargo, se ven directamente perjudicados por las consecuencias de esas medidas.

“La situación social es muy preocupante debido al deterioro social que se profundiza”, afirmó un intendente de la provincia de Buenos Aires. Y recordó que “los municipios son la primera ventanilla del Estado y deben estar presentes, pero cada vez tienen menos recursos para hacerlo”. Un intendente cordobés advirtió que “la crisis se ha municipalizado”.

El aumento de la demanda social en tiempos de pérdida de recursos da lugar a un combo de difícil solución para los responsables de la gestión municipal que tienen que dar la cara cotidianamente frente a sus vecinos.

Los intendentes –de todas las fuerzas y de distintas partes del país— advierten que las comunas están quedando “con números en rojo” para el pago de salarios y aguinaldos. Esto a pesar de que, en la mayoría de los casos, los aumentos salariales de los empleados municipales se mantuvieron en niveles muy moderados de entre el 1,1% y el 1,3% mensual.

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