De ‘benefactores sociales’ los empresarios argentinos pasaron a convertirse en ‘Don Chatarrín’.  Algunos ven en ello una avanzada del gobierno para disciplinar al empresariado argentino, otros, cierto escarmiento para aquellos que procuren desestabilizar el orden macroeconómico (o lo que queda de él).  Sostener la presión cambiaria y la suba inflacionaria parecen ser las únicas cuestiones de Estado que importan. No obstante, sin crecimiento ni inversión, solo se sostiene con ajuste y endeudamiento.

Como varios analistas han destacado, no se trata de proteger la industria nacional a cualquier precio, sino de tener una planificación con incentivos correctos que le permita ser competitiva.  No se trata sólo de los empresarios y accionistas, sino de los trabajadores y toda la actividad económica a su alrededor.  De las capacidades y competencias profesionales que pueden perderse.  Ahora bien, si el Estado apoya a las empresas, corresponde, para que el sistema funcione, que esas empresas también aporten al erario público y generen trabajo de calidad para la sociedad que las sostiene.  Es preciso salir de la lógica de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas e ir hacia un win-win, como le gusta decir hoy por hoy a los CEOs.  De eso también se trata de que nadie se salva solo, la salida es colectiva.

En todo caso, a falta de un Estado planificador que ponga un horizonte de desarrollo previsible e interactúe cooperativamente con los actores económicos para avanzar hacia él, todo queda abierto a los caprichos del poder.  Eso atenta contra la confianza.  Como observa Joseph Stiglitz en Camino de Libertad, “las economías de mercado dependen mucho de la confianza”, y probablemente el éxito de los capitalismos regulados -desde los países nórdicos hasta China y Corea del Sur-, se base en que han creado bases más estables y confiables que el capitalismo desregulado fomentado desde los ’80.

Conseguir ciertos consensos marco para una economía de desarrollo no es sencillo, está claro, pero nada atenta tanto contra ello como la polarización política argentina. Es una desgracia para nuestro país que la opción a las políticas de desarrollo nacional del peronismo sea una estrategia de negocios financieros basados en el extractivismo, obsesionado en destruir todo aquello que no se ajuste a sacar el mejor rédito posible, rápido y sin riesgos, aunque eso signifique quemar toda la Patagonia, hipotecar los glaciares y poner en riesgo los recursos hídricos.