Casi 100 mil personas de todas las provincias se registraron para participar en las audiencias públicas en la Cámara de Diputados en las que se debatirán las modificaciones a la ley de glaciares. Esta acción sin precedentes refleja la magnitud del debate y la agenda social, que contrasta con la intención del oficialismo de limitar las jornadas de exposición a solo dos días. Según denunciaron diversas organizaciones, ese cronograma apenas permitiría la intervención de unas 200 personas, y dejaría afuera a la inmensa mayoría de los expositores en un proceso que debería ser amplio y democrático bajo los estándares del Acuerdo de Escazú.

Ante lo que califican como “un formato censurador y excluyente”, organizaciones civiles, entre las que destacan la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, presentaron una acción de amparo ambiental y colectiva. El escrito judicial solicita una medida cautelar para que el Congreso se abstenga de celebrar la audiencia restrictiva, y busca asegurar las jornadas que sean las necesarias para escuchar a la totalidad del padrón de inscriptos y que los oradores no sean seleccionados entre los primeros inscriptos de cada provincia, porque “restringe la participación”. 

Mientras tanto, especialistas del sector se reunieron en la Facultad de Derecho de la UBA para analizar qué es lo que está en juego con esta reforma. Durante el encuentro, Agostina Rossi Serra, activista de Greenpeace, advirtió que la modificación de la ley implica “poner en riesgo directo el agua de millones de argentinos, ya que los glaciares alimentan 36 cuencas hídricas esenciales”. Por su parte, Camila Mercure, de FARN, subrayó que “ya existe evidencia científica del retroceso de estas masas de hielo” y que “cualquier debilitamiento en su protección contradice los presupuestos mínimos de adaptación al cambio climático que el país debe sostener por ley”. 

La preocupación también se centra en la posible pérdida de institucionalidad científica. María Eugenia Testa, del Círculo de Políticas Ambientales, advirtió que la reforma “implica un recorte del ecosistema a proteger y reemplaza la función del IANIGLA —la principal referencia científica para la política pública— por funcionarios públicos provinciales”. 

Además agregó que “hay una idea de que las provincias están recuperando la soberanía sobre los recursos naturales, pero en la práctica esto implica una fragmentación territorial de la Argentina en materia ambiental” que “podría derivar en un caos regulatorio donde las provincias con menores exigencias atraigan inversiones mineras a costa de una degradación institucional generalizada”. 

Las críticas del presidente Javier Milei hacia el sector suman una capa adicional de tensión a un debate en el que lo que se discute es la supervivencia de las reservas estratégicas de agua dulce. Durante su disertación en la Bolsa de Comercio de Córdoba apuntó contra «el ambientalismo idiota extremo» a los que si se le hiciera caso no podríamos «tocar nada en la tierra, porque seguramente causaría daño». 

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