El Gobierno celebró la renovación de deuda al 6,5%, pero el costo real para inversores locales alcanzó el 9,2%. El riesgo de una reforma tributaria que solo redistribuye la presión y castiga a los monotributistas. El superávit fiscal, una meta osada en una economía amesetada.

Julián Ramundo

El Gobierno nacional impulsa una transformación económica profunda mientras el contexto macroeconómico exhibe una persistente inconsistencia, producto de desequilibrios históricos que las gestiones anteriores no han podido, sabido o querido resolver. Actualmente, la economía convive con un marcado desacople de variables clave como la inflación, la tasa de interés y la fluctuación del dólar. Esta disociación genera incentivos distorsivos y desincentivos que erosionan la estructura económica en múltiples frentes.

Pese a las advertencias de académicos, profesionales independientes y bancos internacionales sobre los riesgos de mantener este modelo (caracterizado como dinámicamente inconsistente), el Gobierno presenta su plan como el corolario exitoso del acompañamiento social recibido en las elecciones, incurriendo en un optimismo que bordea el fanatismo. ¿Existe una venta de felicidad impostada en busca de torcer las expectativas?

El regreso a los mercados: entre el discurso y la realidad

La renovación de la deuda externa en enero por 4.000 millones de dólares mediante un regreso a los mercados internacionales al 6,5% fue presentada como la postal de una economía consistente, con crédito y apetito inversor por el futuro del país.

Sin embargo, la realidad de la operación fue una toma de deuda principalmente local (inversores argentinos) con un costo real que alcanzó el 9,2%, casi un 50% más alto que el porcentaje difundido masivamente al ciudadano. Además, se rechazaron ofertas en la licitación por 600 millones de dólares adicionales, siendo que la necesidad teórica cubría los 4.000 millones. ¿Acaso el rendimiento exigido por el mercado era aún mayor al 9,2% convalidado?

La meta acordada con el FMI de un 2,5% sobre el PBI resulta sumamente osada si se considera que la economía está amesetada, los sectores que más tributan están en baja (comercio, industria, asalariados y jubilados), y que para lograr la aprobación de las leyes en las sesiones extraordinarias, el Gobierno probablemente deba comprometer gasto fiscal, por ejemplo, en obra pública vía provincias.

Reformas laboral y tributaria: impacto, costos y riesgos

Las proyectadas reformas laboral y tributaria son defendidas como medidas que reducirán costos, mejorarán la competitividad empresarial y dinamizarán el mercado laboral. Se está discutiendo el futuro y las reglas de funcionamiento del sector privado, y la expectativa es gigante, pero la incertidumbre corre por delante.

Distintos asesores laboralistas vinculados al propio Gobierno advirtieron que la reforma no aborda la cuestión de fondo de los altos costos asociados al empleo, sino que se concentra en flexibilizar la movilidad empleadora. Esto significa habilitar la contratación y el despido de manera más ágil y, aún en manos del Poder Legislativo, acotar la discrecionalidad judicial para tarifar indemnizaciones por fuera del marco legal. ¿Pareciera más una reforma diseñada para un mercado laboral en tensión de crecimiento que para uno deprimido y de baja productividad como el actual, no?

En cuanto a los cambios impositivos, a rigor de verdad, estos no reducen la presión tributaria general, sino que redistribuyen el peso relativo entre sectores, como se ve en el incremento del Monotributo versus una potencial rebaja de alícuotas del Impuesto a las Ganancias. Abordar el sistema impositivo de forma no sistémica conlleva riesgos contingentes por distorsiones que quizás no se estén logrando imaginar. ¿Será que los monotributistas se verán obligados a ‘negrear’ parte de su facturación para eludir los incrementos fiscales?

Continuando con la mirada fiscal, existe un escollo silente que funcionará como un nudo crítico pero que el Gobierno, con mucha pericia, se ocupa de reforzar comunicacionalmente que lo ha logrado. Nos referimos al superávit fiscal.

La meta acordada con el FMI de un 2,5% sobre el PBI resulta sumamente osada si se considera que la economía está amesetada, los sectores que más tributan están en baja (comercio, industria, asalariados y jubilados), y que para lograr la aprobación de las leyes en las sesiones extraordinarias, el Gobierno probablemente deba comprometer gasto fiscal, por ejemplo, en obra pública vía provincias.

Esto, a su vez, obturará los grados de libertad para bajar impuestos de manera más profunda y condicionará la valoración social de los cambios que se introduzcan en esta primera etapa.

El mercado interno queda relegado al final del análisis. Si bien es esperable que actúe como reflejo de la dinámica macro, continúa mostrando una marcada debilidad, incluso a pesar de la notoria adaptabilidad y la innovación comercial en las propuestas. “No hay plata, no le alcanza a la gente”, fue el comentario de un distribuidor de alimentos que recibí esta semana en mi consultora.

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