Las infancias están en la agenda pública por las políticas de desprotección y desfinanciamiento del Estado nacional. La importancia de poner el foco en la necesidad de políticas públicas robustas e intersectoriales. La opinión de Josefina Doz Costa, Directora en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Nación.

Eva Fontdevila (desde Tucumán)

Licenciada en Comunicación. Coordinadora de la Agencia ANITA.

Suele repetirse el cliché de que los niños son el futuro. Sin embargo los números de la realidad de las infancias en Argentina obligan a pensar y actuar bajo la consigna de que los niños y las niñas son el presente, y que por eso hay que cuidarlos ahora. Las infancias están en la agenda pública centralmente por las actuales políticas de desprotección: el desfinanciamiento de las políticas destinadas a las personas con dicapacidad y la negativa a cumplir la ley de emergencia sancionada este año afecta especialmente los tratamientos de niños y niñas que dependen de un complejo sistema de atención.

El abandono de la política de inmunización e incluso la habilitación de discursos anti vacunas ya tiene consecuencias visibles como el aumento del contagio de enfermedades que se consideraban superadas, como el sarampión. Según el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación en Argentina se confirmaron 35 casos este año. Y la cobertura de la vacuna triple viral está por debajo del 95% en todas las provincias, lo que pone en riesgo la inmunidad colectiva.

La interrupción de políticas alimentarias que llegaban a los territorios a través de organizaciones sociales redunda, según especialistas, en una generación con peores condiciones de salud. Y el abandono de la prevención de embarazos no intencionales, así como la supresión de la Educación Sexual Integral representa un retroceso para la visibilización de abusos sexuales.

En un evento reciente en conmemoración de los veinte años de la promulgación de la ley de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, la 26.061, la Directora del área de recepción y asesoramiento de consultas y denuncias de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Nación, Josefina Doz Costa, planteó una serie de datos que alarman sobre las difcultades que aún hoy tiene el Estado nacional y provincial para cumplir con los mandatos de esa ley y de la Convención Internacional que la inspiró.

Doz Costa afirmó que “En Argentina casi un tercio de la población son niños y niñas y adolescentes. El 52,7% de esos niños viven en hogares pobres y más del 12% en hogares indigentes, lo que expresa la diferencia es entre comer y no comer”. Como detalle expresó que “4,4 millones de estos niños están afectados por inseguridad alimentaria, es decir que más de un millón de niños se saltan una comida diaria. Y la pobreza infantil, o la infantilización de la pobreza como conceptualizamos, no ha bajado de los dos dígitos en los últimos 30 años”.

Para graficar los niveles de exclusión sostuvo que “Actualmente más de 500.000 niños están por fuera de los sistemas de protección social, el 5% vive cerca de basurales, el 8% habitan zonas inundables, y 2,8 millones están en zonas de riesgo ambiental y climático. Las brechas territoriales se sostienen afectando más al NOA y a la NEA”.

Según la especialista el panorama trazado obliga a poner el foco en la necesidad de políticas públicas robustas e intersectoriales. Instrumentos internacionales, nacionales y provinciales abundan. La CDN tiene 36 años, la ley 26.061 dos décadas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible cumplieron 10 años en 2025. Los mandatos escritos existen, los compromisos de los Estados miembros de Naciones Unidas se difunden en páginas oficiales, pero las políticas públicas no son suficientes y además se implementan de modo desarticulado.

En cuanto a la situación de salud de las niñeces argentinas, Doz Costa afirmó que “El 3% del decil más pobre de los chicos y chicas dependen exclusivamente del sistema público. Hay un brutal descenso en la cobertura de vacunación en la Argentina. Tras la pandemia, no se recupera. Hay una grave falta de cobertura de los servicios de salud en relación con las poblaciones indígenas. Y la crisis de salud mental, que no es argentina, es mundial, presenta datos alarmantes como lo es el incremento de los padecimientos subjetivos de los suicidios adolescentes y los consumos problemáticos en edades cada vez más tempranas. Esto lo podemos linkear, además, como una novedad del contexto, con el avance de los narcos en los territorios que el Estado va dejando, se va retirando”. Y definió con contundencia que “La crisis de salud mental afecta particularmente a adolescentes”. Subrayó que “Hay dos marcadores fundamentales. La pandemia, con impactos que todavía no terminamos de reconocer, y la vida digital, que no son entornos digitales, sino que es una vida digital casi paralela que tienen los chicos y las chicas en un entorno difícil”.

“En Argentina casi un tercio de la población son niños y niñas y adolescentes. El 52,7% de esos niños viven en hogares pobres y más del 12% en hogares indigentes, lo que expresa la diferencia es entre comer y no comer”. Josefina Doz Costa.

En términos de educación, la especialista enfatizó que “el 70% de los chicos y chicas asisten a escuelas públicas, persisten las brechas en acceso, de permanencia y de aprendizaje, fundamentalmente con atrasos en la secundaria. Y la conectividad sigue condicionando el acceso a la educación”.

En cuanto al impacto de la desigualdad y sus consecuencias, Doz Costa señaló que “el Estado tiene a su cuidado directo un conjunto de más de 9.700 niños y niñas que están privados, temporal o permanentemente, de su derecho a vivir en familia. Y más de 4.000 niños que están bajo sistemas penales juveniles”.

Desafíos para la institucionalidad

Entre los señalamientos principales sobre las dificultades para garantizar los derechos consagrados en la ley de protección integral, Doz Costa afirmó que los órganos de aplicación tienen diversos tipos de jerarquías dentro de los gobiernos provinciales, y que a nivel tanto local como nacional la niñez y la adolescencia son atendidas por dependencias estatales de relativamente bajo nivel y por lo tanto poco o insuficiente presupuesto.

“Lo que vengo observando es que en el funcionamiento se viene produciendo una especie de deformación o adecuación de la letra de la ley, de la norma, en función de las condiciones de posibilidad de los organismos que están a cargo, normativamente, de coordinar esta política y creo que, dentro de todas esas debilidades, lo que más destaca son las debilidades en términos de jerarquía política de esos organismos”.

Y como consecuencia de esa debilidad política, la fragmentación de las intervenciones: “Seguimos funcionando como compartimentos estancos con pase de responsabilidades, lo cual termina compartimentando a los chicos y a las chicas. Entonces, entre las continuidades entre paradigmas que me parecen preocupantes pienso en la famosa institucionalización por motivos asistenciales, o por pobreza, que está prohibido en nuestra ley”, sostuvo.

Estigmatizar a las familias y fragmentar el enfoque

Otro de los señalamientos realizados por la funcionaria nacional, es que desde el Poder Judicial en muchos casos se endilga la responsabilidad de la situación de las infancias a las familias y en particular a las madres. “Hay una idea que circula, digamos, en muchos abordajes, de que el Poder Judicial es aleccionador de los sectores populares, digamos, de las familias de los sectores populares, que ellos les van a hacer más caso, y entonces hay un impulso, incluso de los organismos administrativos, a veces, para judicializar los procesos”.

Finalmente un eje problematizado por Doz Costa fue la especialización de los organismos. Con la creación de equipos especializados en las infancias, otros actores del Estado en todos sus poderes se desentienden de la creación de políticas realmente integrales y de la corresponsabilidad. De acuerdo con la funcionaria, la ley asigna a las dependencias de aplicación un control y coordinación de toda la política vinculada a la infancia. Sin embargo, sostuvo, para denunciar la falta de articulación por parte de otros organismos y poderes, “otorgar el control de coordinación no significa que todas las dimensiones de la vida de los niños sean exclusivas de responsabilidad de los organismos administrativos”.

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