Sin embargo, considerando que el Gobierno ha eliminado los subsidios a la energía y al transporte para el primer trimestre del año, el impacto del nuevo índice sobre la canasta de bienes y servicios sería mucho más significativo debido a que precisamente la nueva canasta pondera mucho más el impacto de los servicios por sobre los bienes. Es por esto que podemos especular con que el Gobierno demora su implementación para evitar que el aumento de las tarifas de servicios públicos se refleje plenamente en las estadísticas oficiales máxime en un contexto de rebrote o pico del índice de precios (IPC).

Esta medida envía señales muy dañinas para la economía. Tanto el índice de inflación como la evolución del dólar y la medición de la actividad —el EMAE, que es el indicador que mide el desempeño del PBI mensualmente— son variables que requieren de una rigurosidad metodológica extrema. Esto es fundamental para no alimentar la falta de credibilidad en el sistema; sin embargo, las acciones actuales del Gobierno apuntan en la dirección opuesta.

No solo se destruye la confianza, sino que también se genera inseguridad jurídica, un concepto que lamentablemente hemos escuchado con demasiada frecuencia en los últimos quince años. ¿Por qué esto afecta la seguridad jurídica? Porque una gran parte de la deuda en pesos del Gobierno —que equivale a miles de millones de dólares— ajusta el pago de sus intereses según la evolución de la inflación. Me refiero a los conocidos Bonos CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia). Estos títulos públicos reconocen el incremento de la inflación más una tasa adicional de premio. Con esta decisión, se le envía una señal de alerta al mercado: el rendimiento de esos bonos queda, inevitablemente, bajo sospecha.

Políticamente, la especulación es clara. En primer lugar, se da a conocer la renuncia del titular del INDEC y, acto seguido, el Ministerio de Economía comunica que la nueva metodología de medición no se aplicará.

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