La declaración jurada patrimonial de Manuel Adorni es un tema político: se discute si es creíble, si el exjefe de gabinete debe dar explicaciones adicionales y qué costo tiene para el gobierno y para la política en su conjunto, donde patrimonios y estilos de vida no siempre coinciden con lo que se declara, y la política se aleja de la sociedad. Aquí se intentará exponer qué es exactamente la declaración jurada patrimonial integral, qué obliga a informar, y qué pasa cuando se toman los números que Adorni mismo puso sobre la mesa.

El régimen surge de la ley 25.188 de ética en el ejercicio de la función pública. Sus artículos 4 a 11 obligan a presentar una declaración jurada patrimonial integral a todos los funcionarios de los tres poderes del Estado desde determinado rango. El decreto reglamentario 164/1999 precisa el contenido. No hay una excepción normativa para los criptoactivos: encuadran, sin más, dentro del concepto genérico de “bienes” que la ley obliga a informar.

La declaración debe presentarse dentro de los treinta días hábiles de asumir el cargo, actualizarse todos los años, y volver a presentarse al cesar en la función. Quien la registra y evalúa es la Oficina Anticorrupción, a la que el decreto 102/1999 le asigna expresamente esa función en su artículo 2, incisos f) y g). En cuanto a las consecuencias de una declaración falsa u omisiva, el Código Penal tipifica en su artículo 268 (3°) el enriquecimiento ilícito de funcionario público, que castiga precisamente no poder justificar un incremento patrimonial apreciable, además de las figuras generales de falsedad ideológica o material del instrumento. En criollo: no es un formulario protocolar, es un instrumento con contenido obligatorio, plazos, un organismo de control específico y sanciones penales previstas para cuando no cierra.

Manuel Adorni debió presentar los activos digitales con los que hoy pretende justificar su patrimonio en distintos momentos: al asumir como vocero presidencial, en la actualización correspondiente al cierre de 2024, y en la correspondiente a 2025 —esta última, presentada con varios meses de atraso respecto del plazo original—. Es importante distinguir que no es la evasión fiscal lo que se discute hoy en día, sino la verosimilitud de un relato difícil de creer para una persona que, el 29 de abril de 2026, le dijo al Congreso: “En mis declaraciones juradas figuran todos los detalles de los bienes que integran mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”.

Adorni sostiene haber operado bitcoin entre octubre de 2014 y septiembre de 2018, a través de ocho billeteras, hoy todas liquidadas, por un total de US$591.544,61. Las reconoció como propias, ante escribano público. Pero esa firma prueba solamente que hoy son suyas: nadie puede firmar en 2026 y demostrar con eso quién controlaba una billetera en 2014 o en 2017, que es cuando dice haberlas usado. 

Se podrá cotejar que los números de cada billetera coincidan con las operaciones que Adorni declara haber realizado y que desde 2018 se encuentran inactivas, con eso realizado, habría que hacer un esfuerzo adicional para creer que esas billeteras las tenía desde un primer momento y no obtuvo las obtuvo con posterioridad al escándalo, también valdría la pena preguntarse ¿por qué ocho billeteras?