El escenario tras la desregulación del mercado: familias cada vez más endeudadas para pagar el alquiler, adultos mayores que regresan al trabajo, jóvenes con pluriempleo y mudanzas cada vez más frecuentes. Resultados de un informe realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), junto al CELS, CONICET y universidades.

Martina Dentella

La desregulación del mercado de alquileres durante el último año impactó en el acceso a la vivienda en todo el país. Según la Encuesta Inquilina 2025, realizada a mayores de 16 años en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las condiciones de vida de quienes alquilan sufrieron un deterioro que empuja a la “inquilinización” permanente y precaria.

Uno de los datos centrales del relevamiento es el alto nivel de cumplimiento de los inquilinos: el 93% está al día con el alquiler, aún cuando implique endeudarse o con familiares, amigos o entidades financieras, o recortar otro tipo de gastos. Esta cifra esconde otros datos claves: el 57% de los hogares destina más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler (frente al 38% en 2024) y el 29% de los hogares pidió dinero prestado en el último año para subsistir. Además en esos hogares endeudados, el 77% utilizó el préstamo para pagar el alquiler, una cifra que subió 15 puntos porcentuales respecto a 2022 (62%). Por otra parte, la capacidad de ahorro es casi inexistente: solo el 14% de los encuestados pudo guardar algo de dinero el mes anterior.

La pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones empujó a mayores de 60 años a volver al ruedo: casi 3 de cada 4 jubilados inquilinos destinan más de la mitad de sus haberes al pago de la vivienda. El porcentaje de hogares sostenidos por personas mayores de 60 años que declaran trabajar saltó del 30% al 47% en solo un año. Un fenómeno similar ocurre con los jóvenes, quienes recurren al pluriempleo para evitar volver a la casa de sus padres.

El acceso a la vivienda sigue siendo discriminatorio: el 40% de las familias con menores de edad reportó dificultades para conseguir vivienda. Lo mismo sucede con las mascotas: muchos propietarios los excluyen explícitamente.

Otro dato alarmante tiene que ver con la estabilidad de los contratos. En 2024, el 42% de los contratos tenía una duración de 3 años; en 2025, este porcentaje se desplomó al 9%. Hoy, lo habitual son acuerdos breves con actualizaciones constantes: el 88% de los inquilinos enfrenta aumentos más de una vez al año, y casi la mitad de los hogares (48%) tiene actualizaciones trimestrales. Incluso cuando la inflación mostró signos de desaceleración, los plazos de ajuste de los alquileres se achicaron, y esto, en muchos casos, profundiza el desfase con los ingresos familiares.

Sobre el rol de las inmobiliarias, el informe destaca que a pesar de la desregulación, existen normas vigentes que se incumplen sistemáticamente. En la Ciudad de Buenos Aires, el 61% de los inquilinos declara haber pagado comisiones inmobiliarias, a pesar de que la ley establece que deben ser costeadas por el locador.

Además, el acceso sigue siendo discriminatorio: el 40% de las familias con menores de edad reportó dificultades para conseguir vivienda. Lo mismo sucede con las mascotas: muchos propietarios los excluyen explícitamente. Esta situación empuja a los sectores más vulnerables a tener que alquiler de piezas en hoteles familiares, o espacios similares, donde el 96% sufre aumentos arbitrarios.

La expectativa a futuro no es más alentadora. Solo el 14% de los encuestados cree que podrá comprar o heredar una vivienda en los próximos cinco años. El 56% asume que seguirá alquilando, mientras que un preocupante 28% admite que «no sabe si tendrá un lugar donde vivir». La inestabilidad habitacional no solo afecta el bolsillo. El informe concluye que impacta directamente en la salud mental, la educación de los niños -ante la imposibilidad de planificar la escolaridad por mudanzas frecuentes- y el quiebre de los lazos sociales en los barrios.

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