Los magistrados detallaron los elementos materiales que confirmaron los relatos del asesino confeso, Ronnie Lessa, y de Élcio de Queiroz, otro condenado por la ejecución del crimen. También citaron las conclusiones de la comisión parlamentaria (CPI) sobre las milicias, datos relacionados con el apoderamiento de tierras y el hecho de que el crimen fue, en sus inicios, “pésimamente investigado de modo doloso”.

La investigación judicial sostuvo que la motivación del asesinato fue puramente pragmática y criminal. Los Brazão identificaron en la concejala izquierdista un obstáculo directo para sus negocios inmobiliarios ilegales, los cuales se basaban en la ocupación y el reparto de terrenos en favelas de la zona oeste de Río de Janeiro. 

Según el juez De Moraes, la actividad política de Franco amenazaba la estructura de las milicias locales, lo que llevó a los acusados a planificar su eliminación física bajo la creencia de que el acto no tendría una repercusión mayor. Pero el atentado no solo causó una conmoción internacional, sino que reveló la profunda infiltración de las milicias en las instituciones del Estado.

En este entramado de impunidad, el papel de Rivaldo Barbosa, exjefe de la Policía Civil de Río, resulta fundamental para la acusación. De Moraes solicitó su condena al considerar acreditado que Barbosa obstruyó las investigaciones desde su cargo para proteger a los autores intelectuales, actuando como un engranaje más en la nómina de los grupos parapoliciales. 

Junto a él, el expolicía Ronald Paulo Alves y el asesor Robson Calixto Fonseca también enfrentan pedidos de condena por suministrar información logística esencial y colaborar estrechamente con la estructura criminal de los Brazão, confirmando que la milicia y el poder político operaban como una sola entidad.

En sus declaraciones a favor de una condena para los cinco sospechosos, el fiscal Hindenburgo Chateaubriand había manifestado que los hermanos Brazão encabezaban una organización criminal cuyo objetivo principal era asesinar a Marcelo Freixo, un político y actual jefe de la agencia gubernamental de turismo de Brasil, porque interfería en sus negocios. 

Para los magistrados, el asesinato de Marielle Franco fue un mensaje cargado de misoginia y racismo, dirigido contra una mujer negra y pobre que desafiaba el statu quo de las milicias en Río. Con la convicción de que existe una “peligrosa organización criminal” que aún permanece activa, el tribunal dictó una sentencia que buscó hacer memoria y justicia de uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de la democracia brasileña reciente.

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