La dimisión también pone el foco en la profunda crisis que atraviesan los ingresos de los educadores y el quiebre de los mecanismos tradicionales de negociación paritaria en el orden federal. Balagué alerta que a la asfixia financiera general se suma la destrucción del salario docente y la paritaria nacional, destacando que la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente destruyó un instrumento clave de previsibilidad salarial que contribuía a amortiguar las asimetrías históricas entre las distintas jurisdicciones provinciales. 

Al respecto, la diputada enfatiza que los salarios de los maestros deben constituir una herramienta estratégica fundamental de la política educativa para atraer y retener a los mejores profesionales en las aulas, pero que la realidad actual exhibe una caída histórica del poder adquisitivo con derrumbes reales que superan el treinta y que en muchos distritos llegan al cincuenta por ciento en los últimos tres años.   

Otro de los ejes centrales planteados por la exministra en su renuncia institucional está vinculado al vaciamiento que sufren las políticas específicas destinadas a garantizar los aprendizajes fundamentales en la infancia. Cuestiona que, mientras se celebra públicamente la vigencia del Plan Nacional de Alfabetización frente a las más altas autoridades del Estado nacional, se silencia de forma deliberada el severo ajuste aplicado sobre esa misma política pública. En este sentido, precisa que a dicho programa se le recortaron 35.288 millones de pesos, dejándolo reducido a una expresión marginal equivalente a un imperceptible 0,06% del Producto Bruto Interno.   

El cuadro de situación expuesto por la referente santafesina abarca también la compleja coyuntura que atraviesa el sistema de educación superior y científico del país. La carta alerta que el ahogo presupuestario a las universidades públicas y la “caída en picada” de los salarios de los docentes y no docentes configuran “una política de desguace que debilita el federalismo y atenta contra el futuro del desarrollo científico y profesional de nuestro país”.

La legisladora santafesina ratifica su convicción inquebrantable en la defensa de la escuela pública y cuestiona el rol de los actores de la sociedad civil que eluden la confrontación de datos con el poder político: “No es aceptable que una organización de la sociedad civil como esta, salga de una reunión en Casa Rosada sin pronunciar una sola palabra pública sobre el vaciamiento presupuestario”.

Balagué concluye que la educación requiere un compromiso absoluto con el financiamiento efectivo y con los resultados concretos en las aulas y “no de concesiones discursivas ante un gobierno que ha decidido desertar de sus obligaciones constitucionales en la materia”.

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