El verdadero curro de la discapacidad: procesaron a Spagnuolo por liderar una asociación ilícita en la ANDIS

El juez Casanello procesó al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y abogado de Milei por liderar una asociación ilícita que montó un sistema de retornos con droguerías. Mientras el organismo denunciaba “curros” para recortar prestaciones vitales, por detrás se repartían millones en sobreprecios.

Manuel Barrientos

La narrativa del “no hay plata” acaba de chocar de frente con un expediente judicial de 300 páginas que describe con precisión quirúrgica cómo el dinero que debía destinarse a las personas con discapacidad terminaba alimentando los bolsillos de una estructura montada para el saqueo. El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo la acusación de liderar una asociación ilícita que transformó el organismo en un mostrador de negocios privados.

La resolución no solo apunta a Spagnuolo —ex abogado personal de Milei cuyo embargo récord de 202 millones de pesos da una pauta de la magnitud del desvío–- sino que desentraña una organización jerárquica que operó desde las sombras del poder durante el primer año y medio de la gestión de La Libertad Avanza.

Junto a Spagnuolo, fueron procesados su segundo en la Agencia, Daniel Garbellini, y dos figuras clave que funcionaban como el nexo con el mundo empresarial: Miguel Calvete y Pablo Atchabahian. Estos últimos, según el fallo, eran los “cerebros externos” que digitaban la ANDIS desde afuera, garantizando que el flujo de fondos estatales tuviera un destino único y direccionado.

La asociación ilícita evitaba las licitaciones públicas y recurría a contrataciones directas. La Justicia detectó que las cuatro droguerías involucradas —Profarma SA, Génesis SA, New Farma SA y Floresta SA— fueron dadas de alta como prestadoras el mismo día y a pedido urgente de las autoridades de la ANDIS. El mecanismo de los “retornos” funcionaba mediante una coreografía de ofertas coordinadas.

Para Casanello se montó un “sistema de retornos” por parte de las droguerías involucradas en la venta de medicamentos con sobreprecios a la Agencia Nacional de Discapacidad “a través de los cuales se recompensaba a los funcionarios infieles”. Según el expediente judicial, la Agencia Nacional de Discapacidad “fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.

La asociación ilícita evitaba las licitaciones públicas y recurría a contrataciones directas. La Justicia detectó que las cuatro droguerías involucradas —Profarma SA, Génesis SA, New Farma SA y Floresta SA— fueron dadas de alta como prestadoras el mismo día y a pedido urgente de las autoridades de la ANDIS.

El mecanismo de los “retornos” funcionaba mediante una coreografía de ofertas coordinadas. En el caso de los medicamentos de alto costo, las droguerías Profarma y Génesis se turnaban para ofertar y resultar adjudicadas. Mientras que las contrataciones para insumos (en especial, los implantes auditivos) quedaban en manos de New Farma y Floresta.

Pero no se trataba sólo de favorecer las adjudicaciones. Además de “bolillas frías” que siempre beneficiaban a los mismos proveedores, había sobreprecios. Las ofertas aceptadas eran “injustificadamente caras”, superando incluso los valores de otras compulsas que se tramitaban simultáneamente en el mismo organismo. Para el juez Casanello, se trató de una “puesta en escena” para simular competencia donde solo había un acuerdo espurio para sobrefacturar y repartirse el excedente.

El procesamiento judicial alcanza a 19 personas, entre funcionarios públicos y operadores privados que permitieron la infiltración de la organización en la estructura del Estado. Los cuatro jefes de la “asociación ilícita” eran Spagnuolo, Garbellini, Calvete y Pablo Atchabahian. Pero también involucra a los ex funcionarios de la ANDIS Diego Martín D’Giano (ex director de Prestaciones Médicas), Roger Edgar Grant (ex coordinador de Gestión de Urgencias), Eduardo Nelio González (ex director nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas) y Luciana Ferrari. Por las empresas se encuentran procesados Andrés Horacio Arnaudo (Droguería Génesis), Silvana Vanina Escudero (Droguería New Farma) y Alejandro Gastón Fuentes Acosta (Droguería Floresta). Además el listado incluye a Lorena Vanesa Di Giorno, Patricio Gustavo Rama, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Julio César Viera, Ornella Calvete, Patricia Canavesio y Ruth Noemí Lozano.

Mientras Spagnuolo y su red orquestaban este sistema de contrataciones amañadas y sobreprecios con medicamentos de alta complejidad, la ANDIS se convertía en un muro infranqueable para miles de beneficiarios. Bajo la excusa de la falta de presupuesto y la necesidad de hacer una “auditoría” para determinar supuestos “curros”, el organismo negó de manera sistemática prestaciones básicas, castigó a quienes trabajan en los talleres protegidos, provocó el cierre de instituciones con muchas décadas de trabajo y dejó a todo el sistema al borde del colapso.

El círculo expansivo de la investigación está lejos de cerrarse. La Justicia deja abierta la puerta a una investigación más amplia. “El esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”, asevera Casanello y agrega: “Dentro de la propia Andis, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”.

Lo que vuelve a este caso un paradigma de la degradación institucional es el contexto en el que se produjo. Mientras Spagnuolo y su red orquestaban este sistema de contrataciones amañadas y sobreprecios con medicamentos de alta complejidad, la ANDIS se convertía en un muro infranqueable para miles de beneficiarios.

Bajo la excusa de la falta de presupuesto y la necesidad de hacer una “auditoría” para determinar supuestos “curros”, el organismo negó de manera sistemática prestaciones básicas, castigó a quienes trabajan en los talleres protegidos, provocó el cierre de instituciones con muchas décadas de trabajo y dejó a todo el sistema al borde del colapso.

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