La experiencia fallida de la explotación de Bajo de la Alumbrera, el proyecto que inauguró la megaminería en la Argentina durante el menemato, se repite ahora con la explotación del litio, mineral clave para la transición energética mundial, en un contexto político con rasgos análogos al de hace tres décadas. Fallida para los intereses de los catamarqueños, habrá que aclarar, porque si la perspectiva de análisis se sitúa en los intereses de los grupos económicos que a lo largo de los más de veinte años operaron la mina situada en el corazón montañoso de la provincia, la conclusión es diametralmente opuesta.

La desproporción entre los beneficios que obtienen las empresas y lo que “queda” para las provincias es formidable. En el caso de Bajo de la Alumbrera, Catamarca cobró apenas el 3% del valor de bocamina en materia de regalías, según lo establecido por la Ley de Inversiones Mineras aprobada a medida de los grandes conglomerados en 1993. Y pudo acceder a un porcentaje modesto de utilidades del emprendimiento en su carácter de socia a través de YMAD (Yacimientos Mineros Aguas del Dionisio), que integran también Nación y la Universidad Nacional de Tucumán.

En el caso de la explotación del litio el ingreso de recursos a las arcas provinciales es aún más ínfimo que el que registraba la explotación de cobre, oro y molibdeno de la experiencia pretérita,  porque se mantienen las condiciones desventajosas y ya no hay ingresos en materia de utilidades. Datos de la Agencia Recaudadora de Catamarca conocidos en el presente ejercicio confirman la insignificancia del impacto en el erario público. Entre 2020 y el primer semestre del 2025 los ingresos a las arcas provinciales por la explotación del litio en la provincia rondaron los 15.500 millones de pesos, con valores actualizados a julio de este año. Para dimensionar lo escasísima gravitación de estos recursos debe mencionarse que el gasto previsto para 2025 en el Presupuesto provincial asciende a 2,1 billones de pesos. La cuenta es sencilla: el aporte de la explotación litífera durante un lustro es menor al 1% de todo el gasto público anualizado de Catamarca. Mientras tanto, las empresas que explotan los yacimientos embolsan ganancias extraordinarias, favorecidas además por el incremento notable del precio internacional del litio.

Las condiciones excesivamente beneficiosas para las empresas que explotan el mineral en territorio argentino se ampliaron con la aprobación del RIGI impulsado por el gobierno de Javier Milei para atraer inversiones, con prerrogativas obscenas -como mayores exenciones fiscales y liberación de restricciones para la remisión de dividendos al exterior- si la comparamos con las dificultades para producir que deben enfrentar las pequeñas y medianas empresas  industriales, por ejemplo.

Los raquíticos ingresos provinciales se advierten también si la comparación es con la renta fiscal que obtiene Nación. La cuestión encierra una paradoja, porque si bien es cierto que las Provincias son dueñas de los yacimientos, casi el 75% de los tributos generados por la minería van a las arcas nacionales, mientras que apenas el 25% restante se reparte entre los estados sub-nacionales (provincias y municipios).

En el último tramo del gobierno de Alberto Fernández se conformó la Mesa del Litio, integrada por Catamarca, Salta, Jujuy y Nación, cuyo principal objetivo fue que las provincias litíferas obtuviesen mejores ingresos, promoviendo, por ejemplo, el agregado de valor local del litio extraído.  Con ese propósito las partes elaboraron un proyecto de ley, para ser presentado en el Congreso de la Nación, a los fines de reordenar todo el marco normativo. Incluía, entre otras cosas, la creación de una planta de recuperación de metales, regulación de regalías, fideicomisos, y la obligación de que parte de la producción del litio se destine a procesos industriales dentro del país.

Pero estos intentos de defensa de los intereses nacionales y, sobre todo, de las provincias, se diluyeron paralelamente al ascenso vertiginoso de Javier Milei, cuya gestión está orientada de un modo explícito a la reprimarización de nuestra economía, con lo que cualquier iniciativa tendiente a agregarle valor a la materia prima quedó desechada. Esto incluso con la anuencia de los gobernadores, que rápidamente se acomodaron, aun contra los propios intereses provinciales, al modelo libertario de entrega de los recursos naturales. Las prioridades actuales, en consecuencia, están más orientadas a consolidar la extracción y producción de carbonato de litio —es decir, el mineral en bruto o semielaborado— antes que a desarrollar en serio cadenas industriales complejas.

La escasa rentabilidad local y las objeciones vinculadas a los daños ambientales –otro capítulo a abordar en esta historia ignominiosa- propias de la voracidad extractivista, apañada por una legislación excesivamente permisiva y benévola para el capital concentrado, explican las dificultades que encuentra la minería en Catamarca, y en toda la región, para lograr su licencia social.

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