El acuerdo MERCOSUR-UE avanza, las incertidumbres también

En un escenario global en llamas, el acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea sigue avanzando en nuestra región: el jueves pasado, Uruguay y Argentina lo ratificaron en sus congresos. En tanto, se mantienen las resistencias entre los productores agropecuarios europeos y la Eurocámara enfría su aprobación definitiva.

Gustavo Porfiri

A las 12.46 del jueves 26, la Cámara de Diputados uruguaya aprobó por una amplia mayoría (91 de 93) el tratado comercial entre el MERCOSUR y la Unión Europea y el Estado uruguayo se convirtió en el primero de nuestro barrio en ratificarlo. En paralelo, los legisladores argentinos pretendían el primer podio en la carrera por la aprobación pero llegaron segundos. Aquí, la validación la dio el Senado, cámara en la que 69 legisladores votaron a favor y solo 3 en contra.

En el ámbito del MERCOSUR aún restan dos aprobaciones parlamentarias. En Brasil fue sancionado el miércoles 25 en la Cámara de Diputados y pasó al Senado para su ratificación definitiva en los próximos días. En Paraguay, en tanto, todavía no se ha comenzado a debatir porque el Congreso se encontraba en receso hasta este domingo.

En base a este aval parcial, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha anunciado este viernes que el tratado de libre comercio se aplicará provisionalmente. «Ya dije antes que, cuando ellos estén listos, nosotros estaremos listos», ha recalcado con entusiasmo y apuro la funcionaria, quien en las últimas semanas ha debatido intensamente este asunto con los Estados miembros de la UE y con los integrantes del Parlamento Europeo. Este último ha resultado un escenario bastante hostil.

La situación en Europa no es tan florida como en Sudamérica. El debate parlamentario sigue siendo fuerte en medio de protestas de sectores agrícolas, de recursos presentados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y un conjunto de cláusulas adicionales para la protección de la agricultura. La resistencia mayor viene de los sectores agrícolas que se han manifestado enérgicamente en Francia, España, Irlanda, Grecia, Polonia, Bélgica e Italia. Los productores aseguran que a través de esta alianza Europa se inundará de productos más baratos, fabricados con estándares técnicos menos exigentes y tratados con agrotóxicos que están prohibidos en la UE, un combo que interpretan como competencia desleal y que los pondría en clara desventaja.

Esas disidencias no se han quedado en comunicados ni discursos, por el contrario, miles de granjeros han salido a las calles con sus tractores a mostrar su disgusto incrementando la presión sobre los eurodiputados. Gonzalo Martínez, portavoz de la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes de España, describió la gravedad de la situación: «Va a ser la muerte para el campo español», y agregó: «toda la agricultura y la ganadería española con el acuerdo del Mercosur va a ser inviable».

Así, la Eurocámara aprobó, el 10 de febrero, una serie de cláusulas de salvaguardia reforzadas tendientes a proteger la agricultura europea. Estas disposiciones proponen suspender ventajas arancelarias si hay una amenaza para los productores europeos y activar las protecciones si las importaciones de productos sensibles (carne, azúcar, miel, cítricos) suben el 5% respecto al promedio de los últimos tres años.

Además de los productores tradicionales, unas 170 organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y agrarias que impulsan la campaña Stop UE-Mercosur, han denunciado la entrada en vigor provisional del acuerdo. Califican este paso de la UE como “un grave atropello democrático” y “un intento de imponer por la puerta de atrás un tratado profundamente rechazado por amplios sectores sociales”.

Además de los productores tradicionales, unas 170 organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y agrarias que impulsan la campaña Stop UE-Mercosur, han denunciado la entrada en vigor provisional del acuerdo. Califican este paso de la UE como “un grave atropello democrático” y “un intento de imponer por la puerta de atrás un tratado profundamente rechazado por amplios sectores sociales”.

Consideran que la aplicación del tratado tendrá “fuertes impactos sociales y ambientales, al tiempo que consolida un modelo agroexportador intensivo, dependiente de cadenas largas altamente emisoras, incompatible con los compromisos climáticos europeos”. Asimismo, denuncian los impactos previsibles, en ambos lados del Atlántico, sobre la agricultura familiar campesina, los derechos laborales, la seguridad alimentaria, el deterioro de los servicios públicos y la aceleración de la deforestación en América Latina.

En una carta abierta dirigida a von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, exigen que se detenga la aplicación provisional del acuerdo antes de que el Parlamento Europeo vote y antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita su dictamen sobre las cuestiones jurídicas planteadas.

Y por casa…

A las pocas horas de la aprobación del acuerdo por parte del Senado, el Gobierno argentino solicitó -con visible euforia- la aplicación provisional del acuerdo comercial. El anuncio lo hizo el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, desde su cuenta de X. Y si bien el sector agropecuario -a través de sus entidades gremiales- acompaña, los exportadores argentinos están inquietos por la posible aplicación de las salvaguardas europeas antes explicadas. Serían 24 los productos agropecuarios y agroindustriales que podrían ser beneficiados con esos mecanismos, entre los cuales hay algunos claves para la Argentina.

A nuestros exportadores les preocupa la discrecionalidad que pueden aplicar los países europeos con tal de mantener a raya los reclamos de sus productores. “Es una situación bastante preocupante, porque esto lo establece la UE en forma unilateral”, dijo el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras.

Otro aspecto a tener en cuenta es la situación de algunas producciones regionales en crisis que verán pasar todo esto sin que la alianza comercial les acarree ninguna solución. Uno de esos sectores es el yerbatero. Recientemente, en Misiones, productores de la Zona Centro y el Alto Uruguay resolvieron avanzar en un cese total de la cosecha por tiempo indeterminado, en reclamo de mejoras en el precio de la hoja verde y la restitución plena de las atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Según denunciaron, actualmente perciben entre $180 y $240 por kilo de hoja verde, cifras que -aseguran- se ubican muy por debajo de los costos reales de producción. El último cálculo difundido por el INYM estimó ese costo en torno a los $411 por kilo, lo que amplía la brecha y deja a numerosos establecimientos operando en pérdida.

Finalmente, también hay que poner en el análisis que este acuerdo llega envuelto en la incertidumbre económica a nivel global que ha generado el anuncio de nuevos aranceles por parte de Donald Trump, después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. anulara su política de tasas a las importaciones alegando falta de competencia.

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