El impacto en los salarios y las becas

El fallo confirma la vigencia de los artículos 5° y 6° de la ley, que estipulan la actualización salarial frente a la inflación y el fortalecimiento de los programas de ayuda estudiantil. Para la Justicia, el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios es un hecho acreditado que configura un “peligro en la demora”, justificando la medida cautelar que el Gobierno intentó derribar.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que impulsó el amparo colectivo, celebraron la decisión como un triunfo de la institucionalidad. “La disposición judicial ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario tal como lo habíamos solicitado en reiteradas oportunidades. Una excelente noticia para la comunidad universitaria del país que valoramos en un contexto extremadamente delicado como atravesamos”, expresaron a través de un comunicado oficial.

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, fue categórico respecto a las implicancias de esta sentencia. Para el dirigente, el Ejecutivo se ha quedado sin margen de maniobra legal para dilatar los pagos. «La justicia una vez más le dio la razón a las Universidades Nacionales. El PEN debe cumplir con la ley vigente desde octubre del año pasado. Aún si pretenden plantear un recurso ante la Corte Suprema para dilatar el cumplimiento, la Corte tiene dicho que no se expide sobre cautelares porque no son materia de su competencia», advirtió.

El vicerrector también alertó sobre las consecuencias personales para los funcionarios que decidan ignorar el mandato judicial: «No cumplir la orden constituye un caso de gravedad institucional sin precedentes que podría configurar causal de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos».

Yacobitti hizo hincapié en la realidad social que atraviesan los pasillos de las facultades: «La situación de quienes enseñan y trabajan en las universidades públicas no da para más. La gran mayoría de ellos está por debajo de la canasta básica. Si de un lado no se cumple la ley y del otro se proponen medidas de fuerza por tiempo indeterminado, los principales perjudicados son los estudiantes».

Con este fallo, el gobierno nacional se encuentra en una encrucijada. Luego de semanas de retórica confrontativa contra el sistema universitario, la Justicia le exige ahora una hoja de ruta para la actualización de fondos. El período contemplado por la ley va desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley en septiembre de 2025, lo que implica un desembolso retroactivo significativo para recuperar el valor real de los salarios.

La sentencia de la Cámara no solo es un triunfo económico para las universidades, sino un recordatorio del sistema de pesos y contrapesos. Mientras el conflicto docente continúa bajo la sombra de nuevas medidas de fuerza, la pelota está ahora en el terreno del Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Economía, quienes deberán instrumentar el pago para evitar que la “gravedad institucional” se transforme en una crisis de gobernabilidad en el área educativa.

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