El gobierno nacional oficializó un aumento clave para los trabajadores de talleres protegidos, elevando la asignación mensual a $143.890. La medida, bajo la Resolución 213/2026, establece que los operarios perciban el 40% del salario mínimo, vital y móvil, tal como dicta la ley de Emergencia en Discapacidad. Sin embargo, esta medida choca con una realidad cruda en el sector. El Foro Permanente por la Discapacidad denunció que la cadena de pagos está rota. PAMI, Incluir Salud y diversas obras sociales nacionales mantienen deudas que arrastran desde octubre, empujando a instituciones y transportistas al borde de la quiebra.

Para Darío Corrao, vicepresidente de la Federación de Talleres Protegidos de la provincia de Buenos Aires (FETAP), este incremento a los operarios es el fruto de una lucha colectiva que sacó del estancamiento a miles de trabajadores.

“Hoy se ha conquistado otro derecho para los trabajadores de los talleres protegidos. Fue el reclamo de un colectivo, y como siempre decimos, nadie se salva solo.  Estamos hablando de 6.511 operarios en todo el país que hoy pueden decir que van a cobrar lo que la ley dice y lo que les corresponde», afirmó Corrao a 4Palabras. El referente del Taller Dignidad de Chivilcoy recordó el impacto de la inflación sobre los ingresos del sector: “Pudimos torcer el brazo al gobierno y lograr que se cumpla lo que dice la ley. Las personas estaban cobrando 28.000 pesos desde febrero de 2023. Es el resultado del trabajo de muchísimas personas, pero en especial de todos los operarios que día a día cumplen tareas en los talleres».

Plan de lucha: paros para marzo

La actualización de montos en los talleres protegidos no logra desactivar el conflicto mayor. Ante la falta de respuestas por las deudas acumuladas, el Foro Permanente anunció un cronograma de paros y cese de actividades para el viernes 13, miércoles 18 y jueves 19 de marzo. La medida busca visibilizar que, sin transferencias de Nación, las instituciones no pueden afrontar sueldos, alimentación ni transporte, dejando a miles de personas sin cobertura esencial.

En una conferencia de prensa, el Padre Pablo Molero, coordinador del Foro, advirtió sobre la gravedad institucional de las deudas acumuladas: “Muchas instituciones no cobran las prestaciones desde octubre. Pasa en Incluir Salud y en el PAMI. Hay un desorden tal que las instituciones no pueden tener ingresos para hacer frente a las obligaciones”. Desde el Foro responsabilizan al ministro de Salud Mario Lugones y critican la subejecución presupuestaria, porque “el gobierno no ejecutó partidas y las devolvió, sin cumplir con sus obligaciones. Los aranceles están atrasados en un 40%”. También denuncian la lentitud oficial en poner en marcha la ley de Emergencia en Discapacidad. “Si no se resuelve con urgencia, muchas instituciones irán a la quiebra”, advierten.