Discapacidad: el arte oficial de sembrar obstáculos

Entre el relato oficial y el vaciamiento real, el colectivo de discapacidad denuncia un "cumplimiento hipotético" de la ley. Luego de la disolución de la ANDIS, la parálisis administrativa y aranceles de indigencia asfixian a familias, prestadores y llevan al colapso del sistema.

Manuel Barrientos

En el laboratorio de la crueldad administrativa, el gobierno nacional ha perfeccionado una técnica cínica: la del cumplimiento hipotético. Mientras en los expedientes judiciales que tramitan en Campana, la Procuración del Tesoro simula voluntad de pago, en la realidad de las familias de personas con discapacidad, los talleres protegidos, los prestadores de servicios y los institutos educativos el escenario es de vaciamiento y maltrato. El diagnóstico de las organizaciones del sector es unánime: el Estado busca obstáculos en vez de soluciones.

La Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) no es una sugerencia. Fue votada y ratificada cuatro veces por el Congreso. Tiene sentencias judiciales a favor. Sin embargo, para la gestión actual, la legalidad parece ser un trámite que se resuelve con literatura técnica y cifras infladas por el relato oficial.

La disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) anunciada a fines de 2025 no fue solo un cambio de nombre, fue un golpe a la jerarquía institucional y una trampa operativa. Hoy, la nueva secretaría es un fantasma: no hay organigrama público y las autoridades designadas carecen de firma.

“No tienen cargos ni estructura, lo que dilata aún más las cosas. El Gobierno debe cumplir con la ley. Tienen que firmar y pagar, no hay demasiado que pensar o evaluar”, señalan desde el sector. Para Eduardo Maidana, integrante del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cierre de la ANDIS es un retroceso conceptual: “Pone el eje en las personas con discapacidad como sujetos de enfermedad y no como sujetos de derecho”. La disolución de la agencia ignora la ley de prestaciones y el rango constitucional de la Convención Internacional de los Derechos de las personas con Discapacidad. “Pero, en especial, desconoce todo el camino de inclusión que las personas con discapacidad y sus familias han logrado en estos años en nuestro país”, dice Maidana.

El representante del Foro también pone la lupa sobre la opacidad de los fondos: “Nos preguntamos qué esconde la disolución de la ANDIS. Se hablaba de corrupción y justamente se disuelve. El responsable ahora es el Ministro de Salud, alguien que nunca nos recibió y que siempre pone un obstáculo para que no se acceda al derecho pleno”.

Las instituciones, asfixiadas por las tarifas de servicios públicos y deudas millonarias con ARCA (ex AFIP), ven cómo los beneficios impositivos fluyen hacia las grandes empresas mientras el Estado se retira de la protección básica.

Trabajar por 28 mil pesos

Según la ley de Emergencia en Discapacidad, quienes desempeñan tareas en talleres protegidos deberían percibir el 40% del Salario Mínimo, Vital y Móvil. En enero de 2026, eso representaría unos 136.400 pesos. La realidad es que siguen cobrando los mismos 28.000 pesos de hace meses.

“No hubo una sola respuesta oficial en absoluto”, advierte Darío Corrao, vicepresidente de la Federación de Talleres Protegidos de la provincia de Buenos Aires (FETAP). “En el arranque de 2025 hubo retrasos y recién cobraron en mayo de manera retroactiva. Esperamos que este año no pase lo mismo, pero el diálogo está cortado”, sostiene.

Las instituciones, asfixiadas por las tarifas de servicios públicos y deudas millonarias con ARCA (ex AFIP), ven cómo los beneficios impositivos fluyen hacia las grandes empresas mientras el Estado se retira de la protección básica. “Está claro que no vamos a desestabilizar el país con estos números presupuestarios tan bajos”, explica Corrao desde la organización Dignidad en Chivilcoy.

El pasado 3 de enero, el Gobierno respondió a la intimación del Juez Federal de Campana. Pero la respuesta fue una cáscara vacía. Presentaron un cálculo de compensación del 10,5%, una cifra que no tiene sustento técnico y que queda ridículamente debajo de la inflación acumulada.

“Desde el Foro ya aclaramos que el Gobierno dice que cumple pero sigue incumpliendo. No dieron ninguna solución concreta, solo especulaciones. Las actualizaciones que anunciaron para pagar en tres cuotas recién se van a cobrar en abril y se van a terminar licuando por la inflación”, sentencia Maidana.

El “cumplimiento que incumple” se traduce en la ausencia de actos administrativos para actualizar aranceles de enero de 2026 y en el silencio sobre la refinanciación de deudas de las instituciones. Mientras el Estado dice que hace, no hace. El fondo de la cuestión sigue igual: prestadores sin cobrar lo que les corresponde, trabajadores con ingresos que ni siquiera se puede considerar como paupérrimos y un colectivo que vuelve a ser empujado a los márgenes de la salud, perdiendo su derecho a una vida independiente.

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