El inicio del segundo mandato de Donald Trump implicó una política de persecución de los migrantes en Estados Unidos, centrando sus esfuerzos en personas de origen latino que carecen de historial delictivo. Según un reciente informe del Center for Neighborhood Knowledge de la Universidad de California, las detenciones de este sector de la población se multiplicaron por seis en comparación con el último año de la administración de Joe Biden. 

Los registros administrativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (más conocido como ICE por sus siglas en inglés) revelan que los ingresos mensuales de latinos sin antecedentes penales a centros de detención pasaron de un promedio de 900 a cerca de 6000 en los primeros meses del actual gobierno.

Este cambio de paradigma se refleja también en los tribunales. Un análisis del Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse señala que, durante los primeros meses de 2026, solo el 2% de los casos resueltos por las cortes migratorias correspondieron a extranjeros con antecedentes penales. 

De hecho, en el primer trimestre del año, apenas el 1,64% de los nuevos expedientes incluyeron acusaciones de actividad criminal más allá de la posible entrada irregular al país. Los investigadores advierten que el aumento de estas cifras está directamente relacionado con un incremento de operativos en espacios públicos y centros de trabajo, y señalan que casi nueve de cada diez personas detenidas bajo estas condiciones terminan siendo deportadas.