La citación de Cristina Fernández de Kirchner a los tribunales de Comodoro Py se da en un clima de fragilidad política para el Poder Ejecutivo, por la filtración de los peritajes realizados por el Ministerio Público Fiscal en torno a las irregularidades del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que involucran directamente al presidente Javier Milei, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor monotributista Santiago Caputo, entre otros funcionarios. La expresidenta decidió no hacer mención del caso en su declaración. 

En la mañana, una caravana que reunía a dirigentes peronistas, militantes de La Cámpora y otros espacios, la acompañó en el recorrido que va desde San José 1111, donde cumple una condena de seis años de prisión por la causa conocida como Vialidad, hasta el Tribunal Oral Federal Nº 7 de Comodoro Py, donde declaró ante los magistrados por la causa denominada Cuadernos. 

La expresidenta convirtió su declaración en una denuncia contra lo que catalogó un «estadio superior» de persecución judicial. Sostuvo que si antes consideraba a la causa de Vialidad como “el emblema de persecución política” por la cual cumple una “condena injusta”, el proceso de Cuadernos lo superó: “Debo reconocer que esta causa, titulada Cuadernos, la ha desalojado del podio». Para Cristina Fernández el escenario ya no se limita a jueces que no son imparciales o que mantienen familiaridad con los acusadores, sino que “estamos inmersos directamente en prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales”. “Hay un estadio superior: ya no es que condenan sin pruebas, fraguan y construyen las pruebas que no son pruebas para finalmente condenar a una persona», dijo. 

La exmandataria se refirió al manejo «delictivo y criminal» del fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli sobre la figura del arrepentido. Según su declaración, se utilizó una «oleada de detenciones para chantajear empresarios, extorsionarlos y decirles que tenían que declarar en contra mía, en contra de Cristina, en contra de los mugrientos, bajo amenaza”. Para sostener estas acusaciones, se apoyó en la reciente sentencia del caso D’Alessio del 25 de septiembre de 2025, y calificó el vínculo entre el fiscal Stornelli y el “falso abogado” como un «activo muy importante» en el despliegue de delitos. «Mafioso es el gobierno que amenaza al periodismo para silenciarlo y mafia pura y dura es lo que está vinculado a esta causa», agregó.

Fernández de Kirchner vinculó la persecución de la obra pública con una estrategia regional para “golpear a gobiernos populares”, como el caso de Lula da Silva en Brasil y Rafael Correa en Ecuador. «La obra pública interpela, desarrolla infraestructura y es una multiplicadora de la actividad económica industrial» dijo, y cuestionó la falta de pruebas materiales sobre el supuesto dinero ilícito. «Dieron vuelta mi casa de Río Gallegos, mi departamento en Juncal y me rompieron la casa de Calafate… ¿A ver qué es esto de que se robó un PBI? Si me hubiera robado miles de millones no estaría sentada acá», desafió.