Cuando una frase deja de ser consigna y vuelve a ser advertencia. La frase nació en el ciclo de la reforma universitaria chilena de fines de los sesenta y fue una denuncia contra el poder mediático. Hoy El Mercurio incurre en otra falsedad que distorsiona la historia chilena y es desmentido por la Vicaría de Solidaridad, un organismo solidario de la Iglesia Católica, acusado ahora de haber encubierto la huida de Chile de un miembro de la policía política de Pinochet. La historia de la Vicaría.

Por Aníbal Pastor N. desde Chile

Argentina aprendió —a un costo humano irrepetible— que la dictadura no se relativiza: se nombra. Que la verdad no es un accesorio de la democracia, sino su condición mínima. Y que el negacionismo rara vez se presenta como negación frontal: suele presentarse como duda sembrada, como inversión moral, como relato que confunde a propósito. Por eso, cuando desde Chile vuelve a circular una frase vieja y contundente —“Chileno: El Mercurio miente”— no conviene tratarla como nostalgia militante. Conviene leerla como síntoma.

La frase nació en el ciclo de la reforma universitaria chilena de fines de los sesenta y quedó asociada, de manera emblemática, al lienzo desplegado durante la toma de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile en agosto de 1967. Fue una denuncia contra el poder mediático cuando, en vez de informar, inclinaba el tablero. Hoy vuelve por una razón concreta: porque El Mercurio publicó una imputación que, si se instala, invierte el mapa moral de la historia reciente chilena.

Una afirmación que no admite ligereza

El 28 de enero de 2026, El Mercurio publicó una afirmación sobre Armando Fernández Larios —ex oficial del Ejército e integrante de la DINA (la policía secreta de Pinochet)— que, por su gravedad, no es un detalle biográfico. Sostuvo que, tras el homicidio del canciller Orlando Letelier en Washington, Fernández Larios, “huyó de Chile protegido por la Vicaría, la Nunciatura, la diplomacia norteamericana y un sector del Ejército adversario del general Manuel Contreras” (jefe máximo de la DINA).

La Vicaría de la Solidaridad respondió con un desmentido categórico: “esa afirmación es absolutamente falsa”. Y agregó lo central: no se trata de un matiz ni de una interpretación discutible, sino de “un error grave” que “tergiversa los hechos” y “daña la memoria” de una institución cuya labor fue “exactamente la contraria”. Su frase final fue lapidaria: “sostener lo contrario es invertir la historia”.

Esa es la clave: invertir la historia. No como ejercicio académico, sino como operación moral.

Argentina lo sabe

La experiencia argentina lo demuestra con claridad. En una sociedad que atravesó el terrorismo de Estado, la pelea por el pasado nunca es solo sobre el pasado. Cuando se instala la idea de que quienes defendieron a las víctimas también fueron parte del engranaje, se produce un efecto inmediato: se desarma la frontera ética. Y cuando la frontera ética se desarma, se vuelve más fácil tolerar el abuso de poder, la violencia institucional, el desprecio por la dignidad humana.

No hace falta negar los crímenes para dañar la memoria. A veces basta con ensuciar a quienes sostuvieron la verdad. No hace falta decir “no pasó”. A veces basta con insinuar “tal vez ayudaron”. Esa insinuación es dinamita para la democracia, porque reemplaza la responsabilidad por la niebla.

Argentina sabe que en una sociedad que atravesó el terrorismo de Estado, la pelea por el pasado nunca es solo sobre el pasado. Cuando se instala la idea de que quienes defendieron a las víctimas también fueron parte del engranaje, se produce un efecto inmediato: se desarma la frontera ética. Y cuando la frontera ética se desarma, se vuelve más fácil tolerar el abuso de poder, la violencia institucional, el desprecio por la dignidad humana.

La Vicaría: el nombre propio de una defensa histórica

Para entender el alcance del daño, hay que dimensionar qué fue la Vicaría. No fue una ONG cualquiera ni una plataforma partidaria. Fue una institución de la Iglesia católica chilena creada el 1 de enero de 1976 por el cardenal Raúl Silva Henríquez, en plena dictadura, para sostener defensa jurídica, asistencia social y documentación frente a la represión.

Su legado no es retórico: está en expedientes, acciones judiciales, redes de apoyo, acompañamiento a familias y un archivo documental decisivo para la historia chilena. Por eso la imputación no es una controversia “interesante”: es un intento de recolocar a la Vicaría en el lado equivocado de la historia, justo donde nunca estuvo.

Cuando un medio transforma a un referente de derechos humanos en sospechoso, la sociedad no gana información: pierde brújula.

Lo que está en juego

El Mercurio no es un actor menor. Precisamente por su peso histórico, su margen de error no es el de una cuenta anónima en redes sociales. Cuando un medio de ese tamaño atribuye a una institución de derechos humanos la protección de un agente de la DINA, el estándar mínimo debería ser extremo: trazabilidad documental y contraste previo con la parte aludida.

Si no se cumple ese estándar, el problema no es un traspié. El problema es que el periodismo se vuelve un dispositivo de confusión. Y cuando el periodismo confunde, el poder gana. Siempre.

Por qué la frase vuelve

“Chileno: El Mercurio miente” vuelve porque todavía existe un terreno donde la verdad se disputa. No por romanticismo, sino por necesidad. La Vicaría lo dijo sin rodeos: atribuirle esa “protección” es falso e “invierte la historia”. En sociedades marcadas por el terrorismo de Estado, invertir la historia no es un juego: es un modo de romper el consenso ético que impide repetir lo peor.

Argentina lo aprendió con dureza: la memoria es un límite. Y cuando alguien corre ese límite, no está discutiendo pasado. Está intentando moldear el futuro.

Desmentido de la Vicaría

El comunicado oficial de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaria de la Solidaridad, institución creada por el Arzobispado de Santiago en 1992 para cuidar el legado de la Vicaría de la Solidaridad, es el siguiente:

El diario El Mercurio publicó hoy (28.01.26) un reportaje sobre Armando Fernández Larios en el que, tanto en su bajada como en el desarrollo del artículo, se afirma textualmente:

“Tras el homicidio de Orlando Letelier en Washington, huyó de Chile protegido por la Vicaría, la Nunciatura, la diplomacia norteamericana y un sector del Ejército adversario del general Manuel Contreras.”

Esa afirmación es absolutamente falsa. No se trata de una interpretación discutible ni de un matiz histórico: es un error grave que tergiversa los hechos y daña la memoria de una institución cuya labor fue exactamente la contraria.

El diario El Mercurio no es un actor menor. Precisamente por su peso histórico, su margen de error no es el de una cuenta anónima en redes sociales. Cuando un medio de ese tamaño atribuye a una institución de derechos humanos la protección de un agente de la DINA, el estándar mínimo debería ser extremo: trazabilidad documental y contraste previo con la parte aludida.

Quién fue Armando Fernández Larios

Armando Fernández Larios fue oficial del Ejército e integrante de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el principal aparato represivo de la dictadura. Su nombre está asociado a crímenes de lesa humanidad, entre ellos el asesinato del ex canciller Orlando Letelier y de su secretaria Ronnie Moffitt, perpetrado en Washington en 1976, un acto de terrorismo de Estado que evidenció la proyección internacional de la represión chilena.

También ha sido vinculado a otros crímenes, como los cometidos en el marco de la Caravana de la Muerte, y a la estructura operativa de la DINA que ejecutó secuestros, torturas y homicidios en Chile y en el extranjero. Estos hechos han sido investigados judicialmente y documentados ampliamente, tanto en Chile como fuera del país.

En el contexto actual, Armando Fernández Larios se encuentra detenido en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), organismo que lo incluyó en su registro de personas con antecedentes graves, bajo la categoría “lo peor de lo peor”. Su detención reabre el debate judicial sobre sus responsabilidades en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y abre la posibilidad de un proceso de extradición a Chile, cuya definición está prevista para las próximas semanas.

La mentira sobre la Vicaría de la Solidaridad

La Vicaría de la Solidaridad no protegió, no encubrió ni facilitó la huida de Armando Fernández Larios. Sostener lo contrario es invertir la historia.

La Vicaría fue una institución creada para defender a las víctimas de la represión, documentar violaciones a los derechos humanos y presentar acciones judiciales contra los organismos represivos del Estado, incluida la DINA. Su archivo y su trabajo jurídico fueron fundamentales para reconstruir casos, establecer responsabilidades y combatir la impunidad.

Lejos de “proteger” a agentes represivos, la Vicaría contribuyó a visibilizar sus crímenes, a acompañar a las víctimas y a dejar constancia histórica de lo ocurrido cuando hacerlo implicaba riesgos reales.

Atribuir a la Vicaría un rol de protección hacia un agente de la DINA no es un simple error, es una distorsión ética e histórica que confunde a la opinión pública y relativiza responsabilidades. Coloca en el mismo plano a víctimas y victimarios, y diluye el sentido del trabajo de quienes, desde la Iglesia y la sociedad civil, enfrentaron la represión con las únicas armas disponibles: la solidaridad, el derecho y la verdad.

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