A partir de una interpretación arbitraria que les niega la condición de empresas, miles de cooperativas hoy están viendo bloqueado su acceso a una certificación clave. Ante el impulso de las confederaciones del sector, ahora las comisiones de la Cámara de Diputados buscan destrabar el problema con un dictamen que debe llegar con urgencia al recinto.

Manuel Barrientos

El sector cooperativo argentino atraviesa una encrucijada institucional de alta gravedad que pone en riesgo su sostenibilidad económica, el mantenimiento de miles de puestos de trabajo y la normal prestación de servicios esenciales en cientos de localidades de todo el país.

La traba no responde a un deterioro en sus indicadores productivos, sino a un problema burocrático: una controvertida reinterpretación administrativa impuesta por el Ejecutivo nacional que niega el carácter de “empresa” a las cooperativas y les exige requisitos de imposible cumplimiento para obtener o renovar el certificado MiPyME.

Luego de meses de gestiones administrativas y con vencimientos normativos que dejaron a cientos de entidades desprotegidas, la discusión se trasladó de forma prioritaria al ámbito legislativo. Las comisiones de Asuntos Cooperativos y de Pymes de la Cámara de Diputados de la Nación mantuvieron el 11 de agosto una reunión conjunta crucial con las dirigencias de las principales confederaciones del sector para destrabar una reforma a la Ley 24.467 que solucione definitivamente el diferendo. Estuvieron presentes representantes de Cooperar, Coninagro y la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y otros servicios públicos (Conaice).

El nudo gordiano del problema viene de arrastre: del gobierno de Alberto Fernández. Radica en la disposición 88/2023 de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (SSPYME), que modificó la histórica resolución 220/2019 de la SEPYME. Al redefinir qué se entiende por “empresa” dentro del Registro MiPyME, la normativa incorporó de manera arbitraria la exigencia explícita del “ánimo de lucro”. Bajo este dogma, la autoridad de aplicación dictaminó de forma unilateral que las cooperativas no revisten la calidad de empresas, sino que deben ser tratadas como meras “formas asociativas”.

Esta distinción teórica desencadenó una barrera operativa letal. Al considerarlas formas asociativas, el Estado exige que la cooperativa demuestre que el 100% de sus miembros o asociados cuentan, de forma individual, con su respectivo certificado MiPyME vigente.

Las cooperativas de trabajo se ven forzadas a inscribir a cada trabajador asociado como si fuera una microempresa individual, desconociendo la naturaleza del trabajo asociativo y obligando a una renovación anual interminable. Peor aún es el caso de las cooperativas de servicios públicos y consumo, en ciudades del interior, que para tramitar el certificado la entidad debería lograr que la totalidad de sus usuarios (monotributistas, comerciantes, e incluso pymes locales) tengan el registro al día. Basta con que un solo usuario o empresa de la localidad no sea pyme para que la cooperativa quede completamente excluida.

La posición institucional remarca la profunda contradicción del Ejecutivo al excluir a las cooperativas de las políticas públicas PyME, contraviniendo las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y votadas de manera favorable por la Argentina. Ante la negativa de las áreas legales del Poder Ejecutivo a adecuar las resoluciones administrativas, hoy la vía legislativa se transformó en la única salida definitiva.

Para las cooperativas agropecuarias, la imposibilidad de un solo productor asociado de tramitar el certificado deja automáticamente fuera de los beneficios PyME a toda la entidad asociativa. Aunque la resolución 1/2026/SSPYME del 31 de marzo de 2026 intentó suavizar el esquema eximiendo a las personas físicas sin actividad económica, el fondo del problema persiste intacto. Las cooperativas continúan inhabilitadas para renovar el registro si entre sus usuarios o asociados figuran asociaciones civiles, clubes de barrio, mutuales o empresas no pymes. Algo imposible de resolver, en especial para las cooperativas de servicios públicos.

Frente a esta parálisis, las confederaciones del sector —con la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) a la cabeza— presentaron sus argumentos ante la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. En una nota formal firmada por sus presidentes Ariel Guarco (Cooperar) y Elbio Laucirica (Coninagro) fundamentaron de forma contundente la invalidez jurídica y conceptual de la postura oficial.

Las entidades recordaron que la ley de Contrato de Trabajo (ley 20.744) define explícitamente a la empresa como una organización instrumental de medios personales y materiales ordenados para el logro de fines económicos o benéficos, sin condicionarlo al lucro privado. También que el propio dictamen original 7/1980 de la DGI —base histórica utilizada por la SEPYME— no exigía el lucro como nota esencial. El objetivo económico de las cooperativas es prestar un servicio al mínimo costo posible para sus asociados y redistribuir retornos con riesgo empresarial compartido.

La posición institucional remarca la profunda contradicción del Ejecutivo al excluir a las cooperativas de las políticas públicas PyME, contraviniendo las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y votadas de manera favorable por la Argentina.

Ante la negativa de las áreas legales del Poder Ejecutivo a adecuar las resoluciones administrativas, hoy la vía legislativa se transformó en la única salida definitiva. En la reunión conjunta en Diputados, los referentes de las confederaciones reiteraron la urgencia de sancionar una ley interpretativa. En la sesión participaron 40 diputados de diversos bloques —incluyendo Unión por la Patria, La Libertad Avanza, Provincias Unidas, PRO e Innovación Federal— y no hubo expresiones en contra de la solicitud del cooperativismo. Los presidentes de ambas comisiones -el peronista chaqueño Aldo Leiva de Asuntos Cooperativos; el socialista santafesino Pablo Farías de Pymes- asumieron el compromiso formal de avanzar en un dictamen unificado.

Actualmente se encuentran en debate tres iniciativas parlamentarias. Un proyecto original del exdiputado Eduardo Toniolli y dos presentados este año por el bloque de Provincias Unidas: uno de Pablo Farías y Esteban Paulón; otro de la cordobesa Carolina Basualdo.

El proyecto de Toniolli ya había obtenido dictamen favorable unánime durante 2025, pero caducó tras la renovación de la Cámara de Diputados. Para evitar objeciones técnicas y construir el máximo consenso político, las entidades cooperativas propusieron una redacción sintética que modifique el Artículo 2º de la Ley 24.467 (ley PyME). Se trata de incorporar un texto breve y simple: «incluidas las cooperativas”, que despeja de un plumazo cualquier interpretación sesgada respecto al ánimo de lucro y restablece el criterio histórico: las cooperativas son empresas y, siempre que cumplan con los parámetros de personal, facturación o activos fijados para cualquier otra entidad económica, tienen pleno derecho a acceder al Certificado MiPyME y a sus correspondientes beneficios tributarios y financieros. “Somos optimistas, no hay argumentos sólidos que avalen estas trabas”, señalan desde el sector a 4Palabras.

El movimiento cooperativo espera ahora que Diputados concrete el dictamen de comisión y dé pronto tratamiento en el recinto a un proyecto indispensable para devolver la certidumbre jurídica al trabajo asociativo y a la economía social de todo el país.

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