A fines de 2022 , tras la victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales, Jair Bolsonaro no aceptó la derrota en las urnas. Emulando al Donald Trump de dos años antes, Jair insistió en que la elección había sido fraudulenta. Nunca hubo una prueba pero a pesar de ello el bolsonarismo hizo todo lo que pudo para instalar la creencia. 

Bolsonaro copió a Trump de la misma manera que sus seguidores imitaron a los trumpistas fanáticos. El 8 de enero de 2023 , en una secuencia de imágenes dantescas y claramente inspiradas en la toma del Capitolio, una turba de bolsonaristas invadió violentamente los edificios de los tres poderes. Lo hicieron destruyendo lo que encontraban por delante, orando (sí, arrodillados y con los brazos alzados al cielo) y pidiendo además intervención militar. 

El intento de golpe de estado no fue algo nuevo en Brasil. Pero sí fueron inéditas sus consecuencias. El 11 de septiembre de 2025 y por primera vez en la historia, militares de la alta cúpula, incluyendo un ex-presidente, fueron enjuiciados, condenados y encarcelados. Bolsonaro recibió una pena de 27 años y 3 meses de prisión. 

Llamativo: hasta hoy, casi 24 meses después de haber dejado de portar la banda presidencial,  Bolsonaro  sigue apareciendo en las redes sociales como “Presidente de la República Federativa de Brasil”. Algo que debería –como mínimo– hacer ruido. 

Su bancada en el Congreso trató de hacer pasar el Proyecto de Ley de la Amnistía. Hubo una masiva manifestación en contra el 21 de septiembre que tuvo como consecuencia la no aprobación de la amnistía en el Senado, más allá de que el Supremo Tribunal Federal la iba a declarar inconstitucional. La Constitución Brasileña de 1988 impide amnistiar crímenes en contra del estado democrático. A partir de ese momento la derecha comenzó a impulsar otro proyecto de ley.

El jueves 11 de diciembre , con 291 votos a favor y solo 148 en contra, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley (PL) de la Dosimetría, también conocido como Amnistía Light. Ese PL cambia la forma de calcular la cantidad de años de prisión para sancionar crímenes que atentan contra el estado de derecho. Como resultado se produce una significativa reducción de dos tercios de la pena. Por tercera vez en tan solo tres meses el pueblo volvió a marchar.  Una frecuencia bastante alta para la idiosincrasia de ese país, tan distinta a la argentina. En Brasil, donde las distintas fuerzas políticas pueden estar años sin generar grandes movilizaciones callejeras, resulta sorpresiva una seguidilla de este tipo de manifestaciones.