El responsable de la Comisión para las Personas con Discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires, el padre Pablo Molero, cruzó con dureza al jefe de gabinete, Manuel Adorni, luego de sus recientes declaraciones sobre la revisión de certificaciones y el gasto público en el sector. “Es preocupante que quien debe ejecutar las leyes no haga planteos que permitan su ejecución”, advirtió el sacerdote.

Para Molero, las palabras del vocero presidencial no son un hecho aislado, sino la confirmación de una “política de rechazo” que el gobierno de Javier Milei sostiene desde el primer día hacia las personas con discapacidad.

El eje del conflicto se centró en la acusación oficial sobre la existencia de certificados de discapacidad “truchos”. Ante esto, el sacerdote fue tajante: “Espero que hoy mismo muestre los elementos que fundamentan esta afirmación. Si no cuenta con ellos, nuevamente su credibilidad será cuestionada”.

La crítica del coordinador del Foro Permanente de Discapacidad también apuntó a la gestión de los recursos. Mientras el gobierno argumenta que las leyes actuales “reparten plata que no hay” y funden al país, Molero cuestionó la selectividad del ajuste. Y expresó: “Parece que hay plata para devolver a algunos o para dejar de cobrar a otros, pero no para atender a esta población con prestaciones reconocidas por ley”.

En esa línea, con respecto a las prioridades fiscales, el sacerdote preguntó por qué existen recursos para devolver o dejar de cobrar impuestos a ciertos sectores, pero no para atender prestaciones reconocidas por ley. Al mismo tiempo, denunció que la lógica oficial favorece a quienes ya están bien, castigando a quienes necesitan apoyos básicos para vivir. Y, finalmente, puso el foco en la “degradación” de la vida y criticó la postura del secretario de Hacienda, quien postergó la atención del sector para cuando “el país esté mejor”. Según Molero, esto obliga a las personas con discapacidad a ver cómo su vida se degrada mientras otros acumulan lo superfluo.

El comunicado del responsable de la Comisión para las Personas con Discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires concluye con una exhortación a no aceptar estas decisiones de manera pasiva. Molero instó a utilizar “todos los medios democráticos” para oponerse a una política que ignora las prioridades fijadas por las leyes vigentes.

“Las leyes no se pueden dilatar porque quizás mañana se voten otras. Mientras existan, deben tomarse todas las medidas para hacerlas realidad”, sentenció el referente del Arzobispado, dejando claro que el derecho a la asistencia no puede ser una variable de ajuste económico.

El sector de la discapacidad viene de tres días de medidas de reclamo que tuvo un acatamiento de hasta el 80% en todas las provincias, ante el riesgo de un colapso inminente del sistema de prestaciones y el cierre de decenas de instituciones. Reclaman al gobierno por las deudas de Incluir Salud y PAMI que se arrastran desde octubre. Para las próximas semanas, el Foro de Discapacidad prepara nuevas marchas y acciones judiciales con el objetivo de seguir visibilizando una crisis que deja a miles de personas sin atención básica.

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