El presidente Javier Milei no escatima en gestos de alineamiento absoluto a su par estadounidense Donald Trump. Sin embargo, detrás de las fotos de rigor y las declaraciones de principios liberales, la frialdad de los números económicos proyecta un liderazgo claro que llega desde Asia. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) –una de las políticas más publicitadas por la gestión libertaria– está operando bajo una lógica que desafía la retórica oficial: hoy el mayor beneficiario es China, la potencia que el gobierno suele señalar como su antítesis ideológica.

De los primeros seis proyectos que ya operan bajo el paraguas del RIGI, el 45% de las importaciones de bienes de capital tienen como origen a China. Según los registros actuales, esto representa un desembolso de 84 millones de dólares que el sistema productivo argentino destinó a proveedores asiáticos, aprovechando las amplias exenciones arancelarias que el régimen otorga.

Mientras el discurso oficial pregona una alianza estratégica con la Casa Blanca, el flujo de capitales y mercancías que dinamiza los proyectos de gran escala en suelo argentino tiene sello de fabricación chino. Es decir, el Estado argentino renuncia a la recaudación de impuestos de importación para facilitar inversiones que, en casi la mitad de su componente técnico, fortalecen la balanza comercial de China. 

Detrás del gigante asiático, y a una distancia considerable, aparecen Corea del Sur con un 30,6% de participación y luego los Estados Unidos con un magro 8%. En total, la inversión en importaciones para estos proyectos iniciales asciende a 187,5 millones de dólares, consolidando una tendencia donde la tecnología oriental se vuelve la columna vertebral de la infraestructura nacional.