El Gobierno reglamentó la ley de Inocencia Fiscal: qué cambios introduce y cuáles son las advertencias

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó la ley de Inocencia Fiscal. Especialistas advierten por el afán recaudatorio en materia penal, la pérdida de “percepción de riesgo” y de autonomía de las provincias.

Redacción 4Palabras

El gobierno nacional dio el último paso y publicó este martes en el Boletín Oficial la Resolución General 5822/2026, la pieza reglamentaria que termina de dar forma a la denominada ley de Inocencia Fiscal. La medida central para quienes entren en el régimen simplificado es la eliminación de las retenciones del Impuesto a las Ganancias que los bancos aplicaban sobre los intereses de depósitos en moneda extranjera. El impuesto sobre la renta financiera no desaparece, sino que el banco deja de cobrarlo por adelantado.

Hasta ayer las retenciones funcionaban como un pago a cuenta que el ahorrista descontaba en su declaración anual. Ahora el banco entregará el interés bruto, otorgando mayor liquidez inmediata, aunque la obligación tributaria final de declarar y pagar según el saldo anual permanece vigente.

El verdadero atractivo para los ahorristas reside en que el gobierno hará la “vista gorda” patrimonial. Bajo este nuevo régimen, ARCA introduce una “presunción de exactitud” y, lo más importante, dejará de analizar los incrementos patrimoniales y el nivel de consumo de quienes se adhieran. La apuesta es que el ahorrista se sienta seguro para gastar al no tener que informar consumos personales ni justificar variaciones en su patrimonio. Por eso el Gobierno invita a volcar esos dólares al mercado (compras de bienes, construcción, servicios) sin el temor a investigaciones de oficio.

La resolución también ratifica el fuerte aumento en los umbrales de la ley Penal Tributaria. Para que una evasión sea considerada «simple» y llegue a la justicia, el monto deberá superar los $100 millones, mientras que la evasión agravada se fijó en un piso de $1.000 millones. Además, la prescripción de los delitos fiscales se acortó de 5 a 3 años, otorgando una “ventana de alivio” para quienes arrastren deudas de ejercicios pasados.

No todos podrán acceder a este beneficio. La norma establece un tope de ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio máximo de $10.000 millones.

La apuesta con la ley de Inocencia Fiscal es que el ahorrista se sienta seguro para gastar al no tener que informar consumos personales ni justificar variaciones en su patrimonio. Por eso el Gobierno invita a volcar esos dólares al mercado (compras de bienes, construcción, servicios) sin el temor a investigaciones de oficio.

Consultado por 4Palabras, un especialista en materia tributaria explica que “la actualización era imprescindible; desde la reforma de Macri no se tocaba y cualquiera quedaba susceptible a denuncia, generando carga administrativa al fisco y a la justicia sin avanzar en los casos grandes». Pese a ver con buenos ojos esa actualización, el experto advierte sobre el mensaje que envía la nueva normativa: «Ahora, bajo ciertas condiciones, el contribuyente que evadió pagando capital, intereses y multa adicional no sigue con la denuncia independientemente del monto. Parece que hay un afán más de recaudar que de perseguir o de condenar. Todo se soluciona con plata”.

Pero el punto “más polémico” -según el consultado- es la eliminación del reporte de consumos: “Con estas declaraciones simplificadas, no se van a tener que informar consumos personales ni variaciones patrimoniales. Antes el fisco podía determinar resultados impositivos a partir del nivel de vida; ahora no. Esa laxitud va a hacer que se pierda la percepción de riesgo y merme la recaudación tributaria”. También señala otra cuestión “controversial”: ese plazo pretende que se unifique en todas las jurisdicciones (provincias). “La autonomía de las provincias se la juegan al truco”, asegura.

Para las PyMEs, el beneficio es doble: se suspenden las intimaciones automáticas y se ofrece un perdón del 50% en multas para aquellos que rectifiquen sus declaraciones de manera voluntaria dentro de los 45 días del vencimiento. Con esta medida, el ministro de Economía, Luis Caputo, busca que un porcentaje de los dólares que los argentinos tienen bajo el colchón ingresen finalmente al circuito formal.

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