Las autoridades estadísticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informaron que la inflación durante el mes de enero pasado alcanzó al 3,1%, representando la mayor suba en los últimos diez meses. El acumulado de los últimos doce meses llegó al 31.7%. El índice inflacionario oficial para todo el país será divulgado mañana por el INDEC.

El dato estadístico de la ciudad capital se conoce después de la polémica surgida tras la renuncia presentada la semana anterior por el titular del INDEC, Marco Lavagna, debido a discrepancias respecto de la fecha de entrada en vigencia de la nueva fórmula para el cálculo de la inflación que había sido prevista para enero y fue postergada por decisión del presidente Javier Milei y del ministro Economía Luis Caputo.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de CABA igualó este enero al nivel del primer mes del año 2025 y, por primera vez desde marzo pasado, superó el 3%. 

Los rubros que registraron los mayores aumentos fueron Recreación y Cultura (7,4%), Restaurante y Hoteles (5,3%), Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (4%) y Transporte (3,7%). En diciembre pasado la inflación de la ciudad de Buenos Aires había sido del 2,7%, por lo que el nuevo dato refleja una tendencia levemente alcista que también puede estar marcada por motivos estacionales vinculados con la época de vacaciones. Al margen de ello se trata del quinto mes consecutivo en el que se registra aceleración en el costo de vida de los habitantes de la ciudad capital, teniendo en cuenta que en agosto/2025 fue del 1,6%, seguido de 2,2% en septiembre y octubre, 2,4% en noviembre y 2,7% en diciembre.

A la espera de los datos nacionales que ofrecerá el INDEC, la controversia sobre la fórmula del cálculo sigue vigente. En este momento el IPC se mide sobre la base de una canasta de bienes y servicios con patrones de consumo de una familia tipo del año 2004, que difiere sustancialmente de los actuales. La actualización metodológica –para utilizar una canasta ajustada a consumos de 2017-2018— estaba prevista desde tiempo atrás, pero el gobierno de Milei pidió que el cambio se postergara debido a que en la nueva lógica de medición tienen mayor peso las tarifas de los servicios públicos que aumentaron significativamente tras la quita de los subsidios estatales. El dato habría impactado no solo para poner en evidencia los aumentos de precios, sino que puede servir de base –entre otras cuestiones— para dar cuenta de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, para exigir ajustes de los haberes jubilatorios y reclamos salariales en el marco de negociaciones paritarias.