La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental que impulsa el Gobierno Nacional nos obliga a tomar posición respecto del rol del Estado en el diseño e implementación de las políticas públicas y en la definición misma de qué vidas merecen ser cuidadas. Desde su sanción, la ley estableció como prioridad la creación de dispositivos intermedios y alternativos que permitan incluir a las personas con sufrimientos psíquicos y sociales, garantizando respuestas adecuadas en todo el territorio nacional.

Los padecimientos en salud mental no pueden atribuirse únicamente a trayectorias individuales o a historias personales aisladas. Se configuran, se profundizan o se cronifican en contextos donde el Estado se retira de su función de garante de derechos humanos fundamentales. El sufrimiento psíquico y social no es un proceso lineal ni exclusivamente individual: es colectivo, político y estructural, atravesado por determinantes sociales. Las personas que atraviesan estos padecimientos requieren un sostén integral, pero muchas veces se encuentran con un sistema que reproduce lógicas de exclusión y estigmatización en lugar de ofrecer cuidado y acompañamiento.

Una de las propuestas de reforma impulsadas por el Gobierno Nacional plantea habilitar que un juez disponga una internación involuntaria. Avanzar en ese sentido implicaría desvalorizar el rol de los equipos interdisciplinarios de salud, cuyo criterio profesional -basado en formación y experiencia específica- es central e irreemplazable para evaluar la pertinencia de una internación de carácter excepcional, sustituyendo el saber clínico por una lógica punitiva y ajena al cuidado.

En los últimos años se registró en Argentina un aumento sostenido de los suicidios, de los consumos problemáticos de sustancias y de los consumos digitales, así como de cuadros de ansiedad, depresión, pánico y duelos asociados a la pérdida de organizadores centrales de la vida cotidiana como el trabajo, la vivienda o la educación. 

Según datos oficiales, la demanda de atención en salud mental en el sector público creció de manera significativa en el último lustro, traduciéndose en guardias saturadas, listas de espera prolongadas y tratamientos discontinuados, profundizando un escenario ya crítico. Este sufrimiento se agudiza frente a la falta de respuestas sanitarias adecuadas y oportunas.