En paralelo, el rechazo reúne hoy unos 28 votos firmes, al menos para bloquear la aprobación en general. Sin embargo, en el oficialismo admiten que algunos senadores peronistas podrían dar la sorpresa y acompañar artículos puntuales de la propuesta, lo que vuelve más incierto el resultado final.

La resistencia provincial se explica por razones fiscales y de gobernabilidad. La priorización de convenios por empresa, la reducción de la ultraactividad y los cambios en la homologación preocupan a los gobernadores —y a la CGT— porque advierten que pueden desordenar la negociación colectiva, aumentar la conflictividad y trasladar tensiones sociales a las provincias, muchas de ellas grandes empleadoras o responsables de servicios esenciales. En economías regionales frágiles, los convenios de rama funcionan como un factor de previsibilidad salarial y social, y romper ese esquema —sostienen— podría profundizar la caída del consumo, multiplicar conflictos y afectar la recaudación local. No están dispuestos a avanzar sin garantías claras. Los artículos en cuestión son el 126, el 130, el 131 y el 132 del proyecto de reforma laboral.

Ese reclamo se cruza con el artículo 191, el de la reducción del Impuesto a las Ganancias, uno de los tributos coparticipables clave para las provincias. Se calcula que la baja proyectada de la recaudación podría representar una pérdida de hasta $3,1 billones a nivel nacional, de los cuales $1,7 billones corresponderían a las provincias. Para algunas jurisdicciones, el impacto es concreto: por ejemplo, Misiones podría dejar de percibir unos $30.000 millones anuales.

El jueves, Santilli se metió en la reunión de gobernadores que se realizó en la Casa de Salta: les dijo a los peronistas Sáenz, Jaldo y Raúl Jalil (Catamarca, distanciado del kirchnerismo) que en los cambios que evalúa el oficialismo no está contemplado tocar el artículo 191. Prometió otras compensaciones —que no trascendieron—, pero pidió primero que los mandatarios aseguren sus votos en la votación.

El abanico de gobernadores dialoguistas abarca un puñado de porotos clave. Hoy el interbloque de La Libertad Avanza cuenta con 21 votos propios. Sumaría tres más con el PRO. El bloque de la UCR suma 10, pero hay dos “sin tierra” y opositores en sus provincias: Maximiliano Abad, de Buenos Aires —resentido con el Gobierno por el recorte en educación en el Presupuesto 2026—; Flavio Fama, de Catamarca, y Daniel Kroneberger, de La Pampa. Otra ficha radical en duda es la que responde a Maximiliano Pullaro, que aún espera recibir a la CGT en Santa Fe. El resto son porotos filolibertarios, como los del correntino Valdés, los de Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco).

El mapa de los votos de los gobernadores se completa con dos fichas del misionero Passalacqua (Arce y Sonia Rojas Decut), una de Sáenz (Royón), otra de Jaldo (Ávila) y una de Torres (Terenzi). Es una incógnita la senadora por Neuquén que responde a Rolando Figueroa (Julieta Corroza, que se presume acompañará en general), así como los dos del santacruceño Claudio Vidal (José María Carambia y Natalia Gadano). La cordobesa Alejandra Vigo espera instrucciones de las negociaciones que encare Martín Llaryora tanto con la Casa Rosada como con la CGT. 

Córdoba y Santa Fe serán escenarios inminentes de disputa. ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y otros gremios se movilizarán a Córdoba el 5 de febrero y a Rosario el 10 para exigir a Llaryora y Pullaro, respectivamente, que rechacen la reforma laboral. Pero también es un mensaje hacia la CGT, que busca cómo gestionar la presión interna y podría convocar a una reunión de su consejo directivo para evaluar una eventual huelga general.

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