La politóloga y presidenta de la Asociación Pensamiento Penal, Josefina Ignacio, advierte sobre la falta de límites claros en el DNU firmado por Javier Milei que modifica la Ley Nacional de Inteligencia y reforma la SIDE. El riesgo de espionaje en cárceles y la amenaza a la participación ciudadana. “No se sabe qué va a suceder cuando una persona sea detenida por un agente de inteligencia”, asegura.

Martina Dentella

En el último día del 2025, Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que redefine las reglas del juego en el sistema de inteligencia nacional. La medida modifica la Ley Nacional de Inteligencia, modifica el rol de las Fuerzas Armadas y reforma la SIDE, bajo la conducción de Cristian Auguadra, que responde a uno de los actores del triángulo de hierro presidencial, Santiago Caputo.

El DNU, que ya entró en vigencia sin haber pasado por el Congreso, recolectó el rechazo por parte de constitucionalistas, de organizaciones de derechos humanos, de varios sectores de la oposición y también una ola de recursos de amparo. “Hay que estar atentos para poder ejercer una presión en la Justicia y en el Congreso a partir de movilizaciones, actividades en redes, en medios, utilizar todas las herramientas que tenemos como sociedad para que si finalmente se trata, se lo anule, se lo rechace”, dice Josefina Ignacio, Comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, en diálogo con 4Palabras.

Uno de los puntos críticos es la habilitación para que agentes de inteligencia realicen detenciones. Según la politóloga, la preocupación radica en que estos agentes no están claramente identificados y poseen identidad encubierta, actuando en contextos que “exceden los supuestos estrictos de flagrancia permitidos por la ley”.

Esta combinación de facultades coercitivas y falta de transparencia «desdibuja límites constitucionales básicos y pone en riesgo derechos como la libertad personal y el debido proceso», advierte.

La reforma no solo impacta en lo técnico, sino que genera un “efecto disuasivo” en la participación ciudadana. Ignacio sostiene que existe una "invasión a nuestra propia seguridad" porque el criterio de qué atenta o no contra la seguridad nacional queda bajo el criterio exclusivo de la SIDE. “Entonces pasa a ser un riesgo lo que uno dice, las movilizaciones en las que participa o la idea de pensar acciones políticas. Quedamos desprotegidos”, señala.

¿Qué puede suceder durante una detención?

Aunque el DNU menciona la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad tras una detención, para la especialista existe un “vacío de control judicial” concreto: “Es un gris tirando a oscuro, no se establece qué sucede cuando una persona es detenida, no hay criterios ni definiciones concretas que le den resguardo”. Para Ignacio “este punto es clave” porque el DNU propone una reforma que amplía facultades, utiliza “conceptos abiertos” que habilitan interpretaciones discrecionales y debilitan los límites entre inteligencia, seguridad interior e investigación penal.

La reforma no solo impacta en lo técnico, sino que genera un “efecto disuasivo” en la participación ciudadana. Ignacio sostiene que existe una «invasión a nuestra propia seguridad» porque el criterio de qué atenta o no contra la seguridad nacional queda bajo el criterio exclusivo de la SIDE. “Entonces pasa a ser un riesgo lo que uno dice, las movilizaciones en las que participa o la idea de pensar acciones políticas. Quedamos desprotegidos”, señala.

La batalla judicial: del rechazo al per saltum

Figuras como Federico Storani, Leopoldo Moreau y Ricardo Alfonsín, además de organismos de derechos humanos y diputados opositores, además de presentar recursos de amparo pidieron la habilitación de la feria judicial para tratar el tema. Los jueces entendieron que no había una urgencia para habilitar la feria, aduciendo que no existía «un riesgo inminente”. Para Ignacio “es falso si se tiene en cuenta que el decreto está vigente desde su publicación” y adelanta que en el caso de no encontrar eco favorable en este reclamo de primera instancia, es probable que utilicen su derecho a acudir directamente a la Corte Suprema a través del recurso excepcional del per saltum para que se declare inconstitucional.

La cárcel, territorio vulnerable

Finalmente, la presidenta de Pensamiento Penal pone el foco en el sistema penitenciario, que queda alcanzado por el DNU. Al otorgarle facultades a las fuerzas de seguridad “de manera tan amplia”, abre la puerta a que el servicio penitenciario realice tareas de inteligencia, convirtiendo los espacios de encierro en «territorios de operación».

“La cárcel corre el riesgo de convertirse en un escenario de espionaje permanente”, concluye Ignacio. Esto vulneraría derechos fundamentales de los detenidos, como la intimidad y la confidencialidad con sus defensores y familiares, reinstalando lógicas “incompatibles con un estado de derecho”.

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