Protocolo antipiquetes: apelaron la nulidad y continuará vigente
En cuanto se hizo pública la decisión del juez Martín Cormick decretando la nulidad del protocolo antipiquetes, el gobierno nacional apeló la medida y el mismo magistrado hizo lugar a lo solicitado por el Ejecutivo. Resolverá la Cámara. Manuel Adorni y Patricia Bullrich insistieron en la validez de la norma que dejó como saldo aproximadamente 1400 personas heridas por la represión de las fuerzas de seguridad en un centenar de manifestaciones.
- diciembre 30, 2025
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- diciembre 30, 2025
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El gobierno nacional apeló el fallo del juez Martín Cormick que había determinado la “nulidad” e “ilegitimidad” del “protocolo antipiquetes” o “antiprotesta” y, por decisión del mismo magistrado, la sentencia judicial quedó suspendida hasta que la Cámara resuelva la apelación. El fallo cuestionado por el Ejecutivo hizo lugar a un amparo colectivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que pedía la “nulidad absoluta” de todos los artículos de la Resolución 943/23, que habilitó la represión de la protesta social con el saldo de centenares de personas detenidas y muchos heridas por reclamar públicamente.
Uno de los episodios más sensibles ocurrió el 12 de marzo pasado, cuando el reportero gráfico Pablo Grillo fue herido en la cabeza por un proyectil de gas lacrimógeno mientras registraba una protesta en la plaza de los Dos Congresos. Grillo todavía no está totalmente recuperado físicamente y aún sufre las consecuencias de las heridas causadas por la Gendarmería.
En conferencia de prensa el jefe de gabinete, Manuel Adorni, afirmó ahora que “estar en contra del protocolo antipiquetes, es estar en contra de la ley y el orden en la República Argentina”.
Adorni agregó que “desde su implementación el protocolo permitió garantizar la libre circulación y que las calles vuelvan a pertenecer a quienes eligen trabajar, circular y vivir en libertad” porque “el protocolo no prohíbe, ordena”.
Según Bullrich “el protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos”. Y argumentó que Martín Cormick es “el mismo juez que siempre (falla) contra el Gobierno”. Agregó la senadora libertaria que quienes festejan la medida judicial en contra del protocolo antipiquetes “son los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización” mientras que los “perjudicados” son “los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”.
Para el Jefe de Gabinete “hay derecho a manifestar y peticionar, pero es con orden y respeto a la libre circulación y el derecho a ejercer el comercio entre muchos otros. Sin protocolo vuelve el caos y el desorden. Con protocolo hay orden, convivencia y reglas claras para todos”, agregó.
En un mensaje divulgado a través de la red X, la senadora nacional y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich calificó de “buena noticia” que la Justicia haya concedido el recurso de apelación, afirmó que dicha norma se seguirá aplicando y que el “orden no se negocia”.
Según Bullrich “el protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos”. Y argumentó que Martín Cormick es “el mismo juez que siempre (falla) contra el Gobierno”. Agregó la senadora libertaria que quienes festejan la medida judicial en contra del protocolo antipiquetes “son los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización” mientras que los “perjudicados” son “los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”.
El fallo del juez Cormick declaró nulo el protocolo porque la norma desalienta la participación social y expone a las personas a riesgos de criminalización, permitiendo la detención y la pérdida de derechos sociales, avanzando sobre competencias del Congreso y del Poder Judicial. El magistrado argumentó también que el protocolo incumple estos estándares al establecer restricciones amplias, indeterminadas y punitivas, incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia interamericana.
En los dos últimos años hubo cien protestas reprimidas al amparo del protocolo, 1400 personas heridas (entre ellas 83 trabajadores de prensa) y 386 detenciones arbitrarias.
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