Seis miembros del clero catamarqueño -entre ellos un exobispo- y tres catequistas figuran en la lista de 150 acusados por abusos eclesiásticos cometidos en la Argentina. Dos sacerdotes ya fueron condenados. La iglesia local es señalada por esconder y encubrir los abusos.

Marcelo Gallo (desde Catamarca)

La reciente aparición del ex obispo de la diócesis católica de Catamarca, Elmer Osmar Miani, en la lista de 150 acusados por abusos eclesiásticos cometidos en la Argentina, sorprendió por la jerarquía del presunto protagonista del hecho que se investiga en los tribunales eclesiales y porque el apuntado falleció hace más de una década. No llama la atención, sin embargo, que la iglesia catamarqueña se vea envuelta en escándalos de este tenor.

En la nómina divulgada por la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, contenida en el informe “La deuda histórica institucional”, hay otros catamarqueños miembros del clero que son mencionados: el presbítero Moisés Pachado, denunciado en 2018 por abusar de una niña de 9 años cuando era párroco de Hualfín, una localidad ubicada en el oeste de la provincia, y fallecido en 2022, antes de que comenzara el juicio; los curas Renato Rasgido, condenado a 15 años, y Juan de Dios Gutiérrez, condenado a 12 años, ambos con sentencia firme; Eduardo López Márquez, sacerdote en ejercicio de sus funciones que tiene dos causas en su contra, una de las cuales ya fue elevada a juicio, y Héctor Pablo Batallán, también cura de la diócesis, mencionado como abusador, luego de que falleciera en 2021, en la causa contra López Márquez.

Integran la misma lista otros acusados vinculados a la Iglesia pero sin formar parte del clero, como los catequistas Tomás Daniel Rodríguez, Ángel Gabriel Olivera y Julio Rodrigo Lobo.

La Iglesia de Catamarca, conducida por el obispo Luis Urbanc, se ha mostrado reacia a colaborar en la investigación de los hechos denunciados, protegiendo a algunos de los sacerdotes imputados y solventando, incluso, los honorarios de sus abogados. Urbanc, nacido en Tucumán, se caracteriza por sus posiciones ultraconservadoras. Sus pronunciamientos públicos pueden caracterizarse como una confesión de parte de esas posturas retrógradas. En octubre de 2021, por ejemplo, se quejó de la Educación Sexual Integral, que, según su particular perspectiva, “deforma a las nuevas generaciones”. En 2023, por sus posturas misóginas, recibió un dictamen en su contra del INADI.

Desde que comenzaron las denuncias contra miembros del clero de Catamarca las reacciones institucionales del obispado han sido escasísimas. La más relevante fue la creación, en enero de 2020, de una comisión para receptar denuncias por abusos sexuales perpetradas por religiosos. Hasta el día de la fecha no se conoce públicamente si funcionó alguna vez y qué resultados puede exhibir.

La Iglesia de Catamarca, conducida por el obispo Luis Urbanc, se ha mostrado reacia a colaborar en la investigación de los hechos denunciados, protegiendo a algunos de los sacerdotes imputados y solventando, incluso, los honorarios de sus abogados.

Tampoco abundaron las alusiones públicas sobre el tema. En noviembre de 2023, durante una homilía, Urbanc habló sobre los abusos “en nuestra iglesia”, pidiendo consuelo para “todas las víctimas que padecen este flagelo” y que “puedan sentir reparado el daño que han recibido”. La Red de Sobrevivientes no demoró su respuesta: “No nos sorprende que le pida a Dios que conforte y consuele a las víctimas después de que él paga con dinero del Estado a quienes defienden a los abusadores y ha obstaculizado de manera sistemática el dificilísimo camino de los Sobrevivientes para obtener Justicia”. Lo acusó, también, de proteger, esconder y encubrir a los miembros del clero catamarqueños denunciados.

El caso de Miani trascendió hace pocas semanas. La supuesta víctima era miembro del clero, y recién hace pocos años, cuando el obispo ya había fallecido, se atrevió a contar a miembros de su entorno afectivo lo que había vivido. Una tercera persona, no la víctima, fue quien denunció canónicamente a Miani. Una denuncia canónica es una queja formal presentada dentro del sistema legal de la Iglesia Católica para iniciar un proceso que puede llevar a sanciones. Se basa en el derecho canónico y es tramitada por tribunales eclesiásticos. No se presentó denuncia penal ante la justicia ordinaria. No hay información sobre si la investigación interna registra avances, y no hubo pronunciamiento al respecto de parte de la iglesia catamarqueña.

Como la mayoría de las iglesias locales, la posición del Obispado catamarqueño ha sido, en la mayoría de los temas doctrinarios, muy poco permeable a los aires transformadores que Francisco pudo impulsar, con muchas restricciones, en El Vaticano. Ese anacronismo fuertemente arraigado en el catolicismo catamarqueño, aplicado al tema de los abusos sexuales eclesiales, ha conducido a una suerte de ignominioso encubrimiento de sus perpetradores.

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