Como cada año, Amnistía Internacional ha vuelto a poner bajo la lupa el contexto de los derechos humanos en la Argentina, y el reflejo que devuelve es el de un espejo astillado. Es una radiografía de un Estado que, según la organización, ha consolidado un modelo de control social, que se alza de modo triunfante sobre la garantía de derechos fundamentales.

La famosa “motosierra” operó como un bisturí ciego. El informe es lapidario: su aplicación se ha dado sin la menor evaluación de impacto en derechos humanos ni mecanismos de participación democrática, produciendo efectos directos y tangibles sobre la vida y la integridad de las personas.

Entre 2023 y 2025, el gasto público cayó más de un 41% en términos reales, tocando su nivel más bajo en dos décadas y profundizando, de manera geométrica, las ya crudas desigualdades estructurales.

Pero no se trata de un ajuste equitativo. La tijera ha sido selectiva y cruel. Las áreas esenciales para la realización de derechos humanos —salud, educación, alimentación, vivienda, agua, ambiente y seguridad social— fueron las más desangradas. Mientras tanto, las partidas destinadas a seguridad, inteligencia y funciones coercitivas, si no registraron incrementos reales, al menos sufrieron reducciones mucho menores. Esta asignación diferencial no es casualidad; configura la arquitectura de un Estado que expande su capacidad represiva al mismo tiempo que se retrae de su obligación de ofrecer protección y justicia social.

“Mientras se recortan las políticas esenciales para combatir la pobreza, la desigualdad y la violencia de género, se fortalecen los presupuestos destinados a controlar, vigilar y reprimir”, advierte Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

El mensaje es inequívoco: el Estado decidió ajustar la soga precisamente en el cuello de quienes más debería amparar. El proyecto de país que se consolida parece partir de la peligrosa premisa de que los derechos humanos son un gasto prescindible y, peor aún, que quienes los defienden son automáticamente elevados a la categoría de enemigos ideológicos.

El costo real de este camino, como bien advierte Amnistía, será una nación más desigual, más injusta y más hostil para las poblaciones ya históricamente vulneradas: mujeres, personas LGBTTIQ+, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades empobrecidas.