Este 10 de diciembre se celebran 42 años de democracia unida al compromiso con los derechos humanos. Hoy, ese pacto fundacional y los acuerdos de convivencia están bajo ataque. Ante la creciente polarización y el cuestionamiento desde el Estado, es necesario reactivar de manera colectiva la defensa de los derechos para frenar cualquier deriva autoritaria.

Valeria Barbuto. Instituto de Justicia y Derechos Humanos, Universidad Nacional de Lanús

El 10 de diciembre se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de los Derechos Humanos, y en Argentina, el día en que volvimos a vivir en democracia luego de ocho años de la más funesta dictadura cívico-militar. Este año, además, se cumplen 40 años de la sentencia contra los más altos mandos militares dictada por la Cámara Federal en lo que se conoce como el Juicio a las Juntas.

No es solo una mera coincidencia. Desde 1983 los derechos humanos moldearon la forma que adoptó la democracia, que fue entendida como la oportunidad para construir una Argentina nueva, opuesta al pasado político autoritario y al corporativismo. El sistema democrático nació unido al respeto a la ley, al repudio a los crímenes de lesa humanidad, y fundamentalmente, al reconocimiento de las demandas sociales en términos de derechos.

Algunos acuerdos de esta primera transición dieron fundamento al sistema político. Entre otros, el respeto a la vida; la protección irrestricta de la libertad de expresión; la convivencia en nuestras diferencias como sujetos ideológicos, políticos y sociales; el derecho a protestar; la igualdad y el principio de no discriminación. Estos principios de la democracia han sido demandados por los movimientos sociales y de derechos humanos, impulsados a través de políticas por algunos gobiernos, y en forma constante han sido puestos en crisis, debatidos y reconstruidos.

Es fundamental revisar estos acuerdos, en un contexto de creciente polarización y sobre todo cuando se los cuestiona desde el propio Estado. A lo largo de estos 42 años, transitamos varias crisis institucionales, la consolidación de profundos niveles de desigualdad y exclusión, y la vulneración sistemática de derechos a través de prácticas institucionales violentas (como las policiales o las penitenciarias). Sin embargo, la relación entre democracia y derechos humanos permitió ponderar lo que era o no era tolerable para impulsar las demandas colectivas y, en algunos casos, sustentar políticas que intentaron revertir estas situaciones.

La encrucijada actual es mucho más dramática. Las derechas radicales se distancian de los debates democráticos, poniendo en jaque las reglas fundamentales de nuestra convivencia. Ellas promueven, a nivel mundial, una explicación que atribuye a las políticas de igualdad y de derechos la responsabilidad por los fracasos del sistema. En este relato, los movimientos sociales, los feminismos o quienes defienden los derechos humanos, son los responsables de todo lo que funciona mal, y acusados de oportunistas en busca de privilegios.

El intento de descreditar a los organismos de derechos humanos y los cuestionamientos a las demandas de memoria, verdad y justicia son un ejemplo. No son nuevas las intervenciones de funcionarios que repiten que solo se busca venganza, que se trata de organizaciones que solo “pretenden” ser defensoras de derechos, y que intentan relativizar la responsabilidad de la dictadura reinsertando la discusión sobre la violencia de las organizaciones políticas armadas en los años setenta.

Hoy se afirma que es necesario eliminar a todos aquellos que presenten una objeción activa a las decisiones gubernamentales. Así, se destruye uno de los primeros acuerdos alcanzado con el inicio de democracia: el compromiso con la vida, la resolución pacífica de los conflictos y el respeto por la diversidad de ideas.

Sin embargo, a poco de cumplirse cincuenta años de la irrupción del terrorismo de Estado, ya no se trata sólo de la deslegitimación de estos actores y estas causas dentro del debate político de la memoria completa. Detrás de la idea de que por décadas se “estigmatizó” a los militares por su accionar durante la dictadura, por ejemplo, solo se esconde una justificación para eliminar el principio de que debe existir un gobierno civil de las Fuerzas Armadas, que fue un acuerdo logrado trabajosamente por todas las fuerzas políticas en los años ochenta.

En otros casos, lo que se impugna ahora es cualquier demanda de derechos en un sentido amplio y en su relación con el sistema democrático. Esto que llaman “batalla cultural” no es un debate de ideas, ni siquiera una confrontación en términos groseros. La aceptación de prácticas discriminatorias, el retorno a la idea de que existen “enemigos internos” y la erosión del consenso sobre la pluralidad son síntomas alarmantes de un proceso que ya no oculta las violaciones a los derechos humanos sino que las normaliza presentándolas como medidas indispensables.

Este discurso tiene consecuencias materiales profundas, como una reestructuración estatal que, basada en una mirada economicista, retira al Estado de áreas claves y desmantela derechos constitucionales que pertenecen a las mayorías como la educación, la salud, la vivienda y el trabajo.

Esta naturalización, enunciada a través de discursos cargados de violencia, afirma que es necesario eliminar a todos aquellos que presenten una activa objeción a las decisiones gubernamentales. Así, se destruye uno de los primeros acuerdos alcanzado con el inicio de democracia: el compromiso con la vida, la resolución pacífica de los conflictos y el respeto por la diversidad de ideas.

Con igual fuerza, se estigmatiza a quienes ocupan la calle ejerciendo su derecho a la protesta como “enemigos”, “terroristas”, “golpistas”, “parásitos” o personas riesgosas para la Nación. Detrás de la idea de que todos ellos subvierten el “orden” se amplían los umbrales tolerables de la violencia estatal cuando interviene en el espacio público. La utilización de la semántica de la eliminación, materializada en acciones represivas, echa por tierra el acuerdo de respeto por la participación y el debate público.

En este escenario, este 10 de diciembre es más necesario que nunca pensar en el significado de la unión entre los derechos humanos y la democracia para Argentina, mantener viva la memoria para impedir que avancen los discursos negacionistas o relativizadores y sostener la demanda de justicia por los crímenes de la dictadura. Pero también, y con la misma contundencia, activar colectivamente frente a cualquier deriva autoritaria recordando que somos esa comunidad que supo construir acuerdos democráticos basados en el respeto y en un horizonte común de garantía plena de derechos.

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