Un problema es que la responsabilidad del cuidado de los celulares queda en el docente que está a cargo, lo que desanima aún más que aquellos quieran restringir el uso de los dispositivos. Otra posibilidad más costosa—que resultó más efectiva y se realizó en un colegio privado ubicado en Recoleta—consiste en la instalación de cajas cerradas con llave dentro de las aulas, donde se guardan los celulares y, en caso de que se necesiten usar pedagógicamente, el preceptor se encarga de abrir la caja.

Guillermo Visanni, profesor de Lengua en nivel medio, explica que una vez que se aplicó la restricción, las clases comenzaron a ser más fluidas ya que no debía estar instando a sus alumnos a guardar los celulares. “En cuanto a la socialización, en el recreo empezaron a llevar cartas, a hablar un poco entre ellos, mucho más que antes, que parecían como burbujas totalmente aisladas de autómatas con el celular”, comenta. 

También hay situaciones mixtas, en las que para los primeros años de la secundaria rige la prohibición, mientras que en los últimos eso se flexibiliza, con las consecuencias que eso conlleva. Así lo cuenta Sophie, una estudiante de quinto año en una escuela secundaria ubicada en Caballito: “En primero y segundo se respeta, no lo sacan de la mochila. Pero en mi curso los chicos se la pasan jugando Clash Royale en clase. Hay compañeras que se están llevando todas las materias, porque están todo el día con el celular y no lo pueden soltar en el aula”.

La implementación no solo encuentra resistencias en la organización de las escuelas, sino que en algunos casos también por parte de los propios padres, quienes no están a favor de la regulación. Blamos explica: “Las veces que se han sacado celulares, al poco tiempo tenía a los padres diciendo que no se pueden meter con la propiedad de ellos. En vez de estar apoyando esa alianza que forman las familias con la escuela, la rompen para el otro lado”.

El primer principio que rige la normativa es el de garantizar el “bienestar integral y socioemocional” de los chicos, y pone su foco en cuidar la interacción social, elemento clave en la educación escolar. La Legislatura bonaerense sancionó en septiembre de este año la prohibición de dispositivos electrónicos en el nivel primario, cuya aplicación se prevé que comience en marzo de 2026. 

Todavía son pocas las provincias que reglamentan este uso con leyes: de 24 jurisdicciones, solo las mencionadas, junto a Neuquén y Salta, tomaron cartas en el asunto. En un panorama en el que impera la desregulación, parece lejano pensar en normativas de alcance federal que tomen una posición activa y unificada en la reelaboración de cómo se concibe una educación con los desafíos que la actualidad impone. Ya en la región, países como Brasil y Perú avanzaron en esta dirección. 

Parece claro que se llegó a una instancia en la que problematizar el uso de la tecnología en los jóvenes se convirtió en una tarea ineludible. Sin embargo, quizás la clave para que se pueda abordar el problema de forma eficaz no dependa de una normativa, sino de algo a la vez simple y complicado: la construcción de un consenso.

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