Este martes 9 de diciembre en el Senado de Mendoza se debatirán cuatro leyes que impulsan proyectos mineros. Una crea un fondo de compensación ambiental. Otra establece una nueva normativa respecto de las regalías que esta actividad pudiera generar. Y las dos restantes aprueban Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA); por un lado, 27 proyectos de exploración en el Departamento de Malargüe; por el otro, se pretende ratificar la DIA para la explotación de cobre y otros minerales en Uspallata, departamento de Las Heras, en el norte de Mendoza. Si bien todos generan controversias, uno en especial ha crispado de manera absoluta a la sociedad mendocina. La aprobación de San Jorge en Uspallata.

Mendoza tiene historia, una rica historia en defensa del agua. En 2019, el gobierno del entonces recién electo gobernador Rodolfo Suárez tuvo la intención de derogar la ley que los mendocinos consideramos clave en la defensa del recurso hídrico de la provincia, la 7722. De hecho, en ese momento la ley fue derogada, consiguiendo en ambas cámaras los votos suficientes. Pero la movilización del pueblo hizo retrotraer aquella decisión y la ley 7722 fue restituida.

Ante esa victoria popular, el oficialismo provincial inició una campaña feroz para instalar en el inconsciente colectivo que es posible hacer minería sin perjudicar al resto de la matriz productiva y sin perjuicios para la población. Invirtió cifras millonarias destinadas a pauta en medios hegemónicos y cómplices que, desde distintas estrategias, comenzaron a repetir el discurso oficial. Se suma la organización de congresos en Mendoza y viajes de comitivas oficiales a cuanto país los invitara a eventos relacionados.

Con la población, en teoría, más permeable a aceptar la minería, comenzó una tarea de “modernización” de las leyes en la materia. Así, cambiaron el código minero de Mendoza, flexibilizando la forma de obtener permisos sin mejorar ningún sistema de control. Luego, bajo la tutela de una supuesta aceptación por parte de la sociedad, en el sur provincial, dieron luz verde a más de 30 proyectos de exploración, todos con la misma evaluación de impacto ambiental. Un literal copy/page.

San Jorge: nueva versión 

En 2011, San Jorge presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que fue rechazada en Diputados. Luego, la gobernación de Francisco Pérez decidió no insistir ante la falta de consenso social.

Esa falta de licencia social es la que cree el gobernador Alfredo Cornejo que puede saltar, soslayar y vulnerar, sin saber que esa fuerza demostrada por el pueblo organizado esta más vigente y fuerte que nunca.

Lo que no ha conseguido hasta hoy el gobernador Cornejo invirtiendo miles de millones de pesos en pauta y propaganda, pretende peligrosamente frenarlo con una fuerza de choque policial nunca vista, inscribiendo a miles de policías en la misma legislatura para participar del operativo de seguridad el próximo martes 9 de diciembre. 

Las consultas previas y los informes de entidades públicas, científicas y académicas alertan sobre la falta de estudios específicos y más profundos, como así también alertan sobre información desactualizada usada como base. Los riesgos involucran la contaminación por infiltración hacia los acuíferos que luego son extraídos para consumo de la población, para regar cultivos en toda la cuenca o que luego afloran y vierten su caudal al propio cauce del Río Mendoza.

La liberación de minerales pesados al aire en el proceso mediante explosivos, como el arsénico por ejemplo, insertos en una zona de fuertes vientos, también aumenta el riesgo de que esos minerales sean trasladados hasta fuentes de agua como la ciénaga del Yalguaraz, el Arroyo Uspallata y el mismo rio Mendoza.

El Arroyo El Tigre es el cauce a sacrificar por el proyecto megaminero con el aval del Estado. Los aforos incorporados en la EIA son viejos y no reflejan la realidad actual, ya que sus caudales han decrecido sustancialmente, a tal punto que en algunos momentos deberán usar el total del escurrimiento del cauce, lo que degradaría por completo los frágiles ecosistemas que circundan al arroyo y la vida que de él depende.

Este nuevo intento de autorizar a San Jorge en su etapa de explotación trajo consigo una serie de estudios, informes y una audiencia pública que, a todas luces, fue manipulada y teñida de discrecionalidad.

Dentro del procedimiento que indica la legislación ambiental, la autoridad de aplicación determina quienes deben emitir informes sectoriales. La misma legislación dice claramente que en proyectos de alto impacto deben ser consultados todos los departamentos que se encuentran en la cuenca hídrica donde se realizaría el proyecto.

En este caso los departamentos involucrados en la cuenca son Las Heras (donde se localiza el proyecto en estudio) y los departamentos de Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Capital, Guaymallén, San Martín y Lavalle. Para sorpresa de todos, el informe sectorial solo se le solicitó al departamento de Las Heras, excluyendo al resto.