Lejos de revertir esta perspectiva, en 2025 se ratificó la misma lógica mediante la Resolución 187/25 que profundiza un enfoque deshumanizante sostenido en auditorías y controles que retoman categorías del siglo anterior, cuando predominaba un modelo médico-rehabilitador que consideraba a las personas con discapacidad a ser rehabilitadas y a estigmatizar como vidas no merecedoras de ser vividas. Resulta paradójico que, tras décadas de debates y avances, y luego de la adopción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que instauró el modelo social y un nuevo paradigma de derechos humanos, hoy el escenario sociopolítico y económico reinstale discusiones que ya deberían estar superadas.

El debate ya no gira en torno a cómo garantizar, ampliar o fortalecer derechos, sino sobre cómo sostener la propia vida. En este contexto, diversas organizaciones impulsaron la bandera de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aún incumplida, y han vuelto a ocupar las calles como espacio de resistencia y visibilización.

Este escenario puede comprenderse desde el concepto de necro-política, desarrollado por el filósofo e historiador camerunés Achille Mbembe, quien describe a los regímenes que, a través de sus decisiones, definen quiénes pueden vivir y quiénes quedan condenados a la muerte social, simbólica o material. Las actuales políticas hacia las personas con discapacidad en Argentina parecen alinearse con esta lógica, en la medida en que colocan a miles de ciudadanos ante condiciones de vida cada vez más precarias y riesgosas.

Los datos oficiales suministrados, particularmente los provenientes de la Jefatura de Gabinete de la Nación, resultan contundentes. Se intentó dar de baja o suspender las 110.000 pensiones, desoyendo los amparos colectivos dictados por la justicia federal. Esta medida impacta de manera directa en una población de la cual el 70% vive en situación de pobreza extrema, profundizando su vulnerabilidad estructural.

El ajuste no se limita al plano económico. La suspensión de una pensión implica, además, la pérdida del acceso al sistema de salud, a instancias educativas y a los dispositivos de asistencia técnica y apoyos indispensables para garantizar una vida digna. Por lo tanto, el recorte opera como un mecanismo de exclusión múltiple que compromete derechos básicos y expone a miles de personas a situaciones de riesgo vital y social.

No son políticas de austeridad, sino de la consolidación de un modelo que define quién merece protección y quién queda librado a la intemperie del mercado y la desprotección estatal.

En esta misma lógica, durante 2024 el Gobierno redujo en un 60% el presupuesto destinado a la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Este documento, indispensable para el acceso a medicamentos, tratamientos, transporte, educación y tecnología asistida, se vio así restringido por una decisión administrativa que funciona como un mecanismo de exclusión indirecta.

La política de ajuste también impactó de manera severa en el sistema educativo. Según los informes disponibles, decenas de escuelas inclusivas cerraron sus puertas, dejando fuera del sistema a miles de estudiantes con discapacidad. En el nivel superior, la tendencia de deserción se profundiza. La Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), en Florencio Varela, constituye un caso paradigmático; mientras en 2023 la matrícula de inscripción fue de 506 estudiantes con discapacidad, para 2025 el número cayó drásticamente un 77,4%, registrando aproximadamente 114 inscriptos.

Este desplome no expresa desinterés por estudiar, sino el efecto directo del ajuste: el temor a perder derechos básicos desplazó a la educación como prioridad, obligando a muchas personas a replegarse ante la incertidumbre económica y administrativa.

En el ámbito de las prestaciones básicas, la situación se torna aún más crítica. Se registró un aumento severo en productos esenciales como sillas de ruedas, pañales y leche medicinal, mientras que las obras sociales y el PAMI rechazaron un alto porcentaje de las solicitudes de cobertura. Este proceso produjo una carga financiera insostenible para miles de familias que debió endeudarse, muchas veces en dólares, para poder adquirir insumos indispensables como oxígeno, sondas o fórmulas médicas que dejaron de estar garantizadas por el Estado y el sistema de salud.

Todos estos indicadores convergen en un mismo diagnóstico. La política pública vigente no solo reduce presupuestos, sino que habilita un marco de desprotección estructural donde determinadas vidas, las de las personas con discapacidad, quedan expuestas al abandono estatal. En este sentido, lejos de ser una metáfora exagerada, la categoría de necro-política se robustece como herramienta analítica para comprender un modelo de gestión que administra la vulnerabilidad, decide quién accede y quién queda excluido, y convierte el ajuste en un dispositivo que amenaza directamente las condiciones de existencia.

En síntesis, no es momento de celebrar, sino de profundizar la reflexión social y política frente a una realidad que obliga al colectivo de personas con discapacidad, y a quienes lo acompañan, a defender su derecho a vivir en condiciones dignas, sin ser nuevamente condenados por el propio Estado.

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