Justicia ambiental: denuncias penales por derrames cloacales en Mendoza
En diálogo con 4Palabras Marcos Neirotti, representante de la Fundaciòn Fiscalía Ciudadana, advierte sobre las graves consecuencias de los derrames cloacales en los departamentos de Guaymallèn y Lavalle. Responsabiliza al gobernador Cornejo por los perjuicios que se generan a los vecinos.
- noviembre 2, 2026
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La crisis ambiental provocada por los derrames cloacales en los departamentos de Guaymallén y Lavalle enfrenta un proceso judicial sin precedentes en Mendoza. Marcos Neirotti, representante de la Fundación Fiscalía Ciudadana, habló para 4Palabras sobre las querellas penales que se impulsan contra la cúpula de Aysam (Aguas y Saneamiento Mendoza, empresa Estatal) y el organismo Departamento General de Irrigación , un organismo público autárquico, autónomo y con jerarquía constitucional.
«No se salva», dice Marcos Neirotti respecto a la renuncia de Humberto Mingorance como director de Aysam ocurrida el último 20 de octubre «Él renuncia a Aysam pero sigue imputado. Los delitos que ya cometió estando él a la cabeza no se van a borrar». Vale recordar que antes de este cargo en la empresa de servicios estatal Mignorance fue Director de Ambiente de la provincia de Mendoza.
La organización civil lleva años denunciando el desastre ambiental que, «estalló en Corralitos, pero que cada vez abarca más zonas con los derrames cloacales, agravado en los últimos días por el fenómeno del Niño que inundó y desparramó esos derrames inundando barrios».
La autorización controvertida
Uno de los puntos más críticos es el rol del organismo de Irrigación, que históricamente autorizó los vertidos cloacales a canales de riego. Neirotti señala que «Irrigación le permitió el vuelco en el canal Pescara… dieron marcha atrás y terminó dándole el permiso de Irrigación diciendo que… es el mal menor».
La justificación utilizada fue que era menos dañino volcar en el canal Pescara que en la calle 2 de Mayo, donde vive población. «Ustedes no pueden darse el lujo de elegir el mal menor, porque están eligiendo otro mal, es violar una ley en un lugar por violarla en otro», dijo Marcos Neirotti aludiendo al fiscal y a los funcionarios.
Durante la entrevista, el representante de Fiscalía Ciudadana hizo referencia a la llamada «ciénaga de los muertos», ubicada en el departamento de Maipú, uno de los epicentros del conflicto ambiental que atraviesa la fundación. Según lo describió se trata de «una laguna de hectáreas de efluente cloacal que hace 10 años que están contaminando», convertida en un símbolo de la inacción estatal frente a los derrames cloacales que afectan al Gran Mendoza y agrava el panorama.
La Fundación busca establecer un caso emblemático: «En materia ambiental es muy difícil, casi no hay condenas en el país. Menos en Argentina, no ha habido. Entonces buscamos torcer un poquito la historia, sentar un precedente».
Responsabilidad política
Neirotti destacó el caso del canal Ramo 12 en el distrito Corralitos: «Ellos rompieron, volcaron en 2 meses más o menos 100 millones de litros de efluentes cloacales». Señala que mientras propietarios privados enfrentarían consecuencias severas, «el Estado deliberadamente, con una pala mecánica rompe el impermeabilizado… y eso lo hizo acreedor de una multa de 120 millones de pesos… multa que luego se puso en suspenso mientras el funcionario sigue en su puesto de trabajo».
Marcos Neirotti: "Estamos hablando de que se le está arruinando la vida a la gente, de que se contaminan napas, de que hay gente que se enferma, de que caen los valores de las propiedades, de las zonas donde esto sucede, que la gente ya está tan cansada que quiere vender, pero no hay nadie que compre ni siquiera a un precio mucho más barato".
Sobre los máximos responsables políticos, Neirotti afirma que: «Acá el principal responsable político es el gobernador Alfredo Cornejo. Ha sostenido a un diseñador gráfico primero como director de ambiente de la provincia y después como director de Aguas Mendocinas… La ministra (Jimena) Latorre es una vergüenza, un desastre. El ministerio de ella mira para otro lado en materia de ambiente». La mencionada ministra de Energía y Ambiente ya tuvo que renunciar al directorio de YPF donde cobraba una elevada suma, que sumaba a sus ingresos por el cargo de ministra. La semana pasada volvió al centro de los cuestionamientos por haber recibido una “beca” del estado provincial por u$s 11.000 para realizar una maestría.
El daño socioeconómico es brutal: «Se le está arruinando la vida a la gente, se contaminan napas, hay gente que se enferma, caen los valores de las propiedades, la gente ya está tan cansada que quiere vender, pero no hay nadie que compre ni siquiera a un precio mucho más barato».
«Que sean a favor y con condena abrirá la puerta a que la gente individualmente reclame los perjuicios económicos y morales», dice Neirotti esperanzado. Sin embargo, alertó: «Hoy los ciudadanos afectados tienen que conseguirse un abogado, pagarlo y hacerle una demanda por daños y perjuicios. No se debería llegar a eso. El Estado tendría que pagarle directamente a todos los afectados».
Mientras tanto, la causa sigue avanzando lentamente según los querellantes: «A pesar de que las podemos impulsar, avanzan mucho más lento de lo que deberían», agrega Marcos.
Viviana Delgado, vecina de Guaymallén que representa a los afectados por los derrames, refleja la frustración colectiva tras la renuncia de Mingorance: «No estamos festejando que Mingorance renunció. Era lo que queríamos hace un montón. Hoy, a la altura de las circunstancias, no festejamos nada». La vecina cuestionó que la salida del funcionario no solucione el problema estructural, mientras las obras siguen a medias y las autoridades podrían volver a autorizar nuevos vertidos cloacales en canales de riego.
Falta de controles, autorizaciones que van contra la ley, ausencia de inversiones forman el escenario que desde hace años se gesta en el Gran Mendoza. Esta situación preocupa a muchas mendocinas y mendocinos, porque quienes están involucrados también son quienes promueven, a pesar del rechazo y la falta de licencia social, la megaminería en la provincia ahora impulsada por los regímenes de RIGI y son quienes, al mismo tiempo, deben controlar posibles derrames y contaminaciones de empresas privadas en lugares lejanos y aislados de las poblaciones.
Registro fotográfico de la colectora Máximo Noroeste.
4Palabras
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