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Más allá de la tragedia: el trabajo infantil rural que expone a los menores al límite

Más allá de la tragedia: el trabajo infantil rural que expone a los menores al límite

Cifras alarmantes sobre empleo adolescente en Tucumán y un marco normativo desactualizado desde 2016 revelan que la responsabilidad detrás de los riesgos rurales recae sobre los adultos y las instituciones.

Betina Castro

El 30 de septiembre, en León Rougés, un adolescente de 14 años conducía por primera vez una maquinaria agrícola con rastra cañera. El resultado fue la muerte de un joven de 19 años. La causa quedó caratulada como homicidio culposo. El joven quedó a disposición de la Justicia de Menores.

La noticia circuló como una tragedia individual. Y lo es. Pero también es el reflejo de algo que los datos sobre trabajo infantil y adolescente en zonas rurales de Tucumán (y de muchas otras provincias) vienen mostrando con insistencia.

En 2025, DYA Argentina relevó a 587 niñas, niños y adolescentes de 11 a 17 años en cinco escuelas secundarias de los departamentos de Famaillá y Monteros, departamento al que pertenece León Rougés. El 69,7% había trabajado durante la semana previa a la encuesta. El 55,9% lo hizo para el mercado, y entre ellos, casi uno de cada diez participó en actividades de corte, limpieza o carga de cosecha agrícola. Trabajaban mientras estaban estudiando.

El trabajo infantil y adolescente en contextos rurales tiene consecuencias documentadas sobre las trayectorias educativas, sobre la salud y sobre el desarrollo. Pero también tiene consecuencias sobre la seguridad, propia y ajena, cuando los/as niños/as y adolescentes realizan tareas para las que no tienen formación, ni madurez, ni protección legal.

Estos adolescentes no trabajan porque quieren. Trabajan porque sus familias lo necesitan, porque el trabajo rural forma parte de la economía doméstica desde generaciones, y porque el Estado no siempre llega con políticas que ofrezcan otras posibilidades. Más allá de las responsabilidades individuales, el caso invita a preguntarse qué condiciones estructurales colocan a adolescentes de 14 años en situaciones de trabajo.

El trabajo infantil y adolescente en contextos rurales tiene consecuencias documentadas sobre las trayectorias educativas, sobre la salud y sobre el desarrollo. Pero también tiene consecuencias sobre la seguridad, propia y ajena, cuando los/as niños/as y adolescentes realizan tareas para las que no tienen formación, ni madurez, ni protección legal.

Lo que ocurrió en León Rougés es una tragedia. Y es también una señal que no debería perderse en el ciclo de noticias. En Argentina, el trabajo está prohibido para menores de 16 años y existe un listado de tareas prohibidas para adolescentes que no ha sido actualizado desde 2016. Ese marco normativo, sumado a la escasez de oportunidades reales de formación, recreación y acompañamiento en zonas rurales, resulta insuficiente para proteger a quienes ya están trabajando en actividades de alto riesgo mucho antes de llegar a esa edad.

Antes de señalar al adolescente de 14 años, vale preguntarse quién le asignó esa tarea, quién lo puso al volante y quién debería haber controlado que eso no ocurriera. La responsabilidad sobre el trabajo infantil y adolescente siempre involucra adultos, instituciones y decisiones que exceden a los propios chicos. Argentina necesita políticas de protección efectiva que acompañen a las familias, fortalezcan las trayectorias educativas y garanticen que los marcos normativos estén a la altura de la realidad que los datos muestran. DYA Argentina trabaja desde hace nueve años en escuelas y comunidades rurales de Tucumán acompañando a adolescentes y sus familias a través de los programas Punto Joven y Centros de Cuidados Infantiles.

La nota fue publicada originalmente en https://abrojos.org

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